Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, dejó en claro que el Gobierno continúa con su agenda de reformas y dentro de ella se encuentra la reforma a la caja fiscal, la que sufre de déficits y presenta varias inequidades que agudizan su situación.

El secretario de Estado señaló que están pendientes a finalizar los estudios técnicos para presentar la propuesta. “Eso es algo que siempre estuvo en la agenda del Gobierno en cuanto a reformas, fuimos muy claros nosotros en que si bien somos técnicos, uno tiene que tener un poco de sentido político en términos de que no se pueden meter las reformas más potentes en un año, sino que lo íbamos a estar espaciando a lo largo de diferentes años”, expresó.

Fernández Valdovinos recordó que uno de los primeros grandes proyectos presentados por esta administración fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, posteriormente se presentó la ley de reforma del servicio civil y este año corresponde que se aborde la situación de la caja y una solución para la misma.

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“Seguimos en la misma agenda, sin necesidad de que nos impongan las agendas de editoriales que puedan sacar los medios, porque esto es algo que hace años nosotros ya dijimos”, sentenció ante la 650 AM.

El ministro señaló las dos situaciones que se conjugan dentro de la caja y que hacen que sea insostenible a largo plazo. Una de ellas es la inequidad en las diferentes cajas en cuanto a la edad en que acceden a la jubilación, puesto que principalmente los policías y militares pasan a retiro a muy temprana edad. El acceso a la jubilación antes de los 65 años genera un golpe de USD 120 millones por año a la caja y prácticamente la mitad del déficit está explicado por la jubilación temprana, argumentó.

“No entiendo por qué deberíamos dejar de contar con los servicios de personas que pueden ser útiles todavía simplemente porque ingresan personas de una generación más joven, eso no tiene ningún sentido, tampoco le conviene a los propios militares que quieren hacer carrera. Algunos se retiran sin concluir esa carrera y eso causa un daño en la gente y a nivel de la caja fiscal”, sostuvo.

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Asimismo, en la caja del Instituto de Previsión Social (IPS), el aporte lo realiza la patronal, el trabajador y el Estado, mientras que en la caja fiscal, el trabajador afronta solo el pago de su aporte. “Todo eso estamos analizando y veremos con los números para determinar luego qué es lo que nos va a ayudar, estamos muy cerca de terminar los estudios, estamos pidiendo ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al del Fondo Monetario, entre otros, pero es algo que vamos a presentar este año”, aseguró.

Mientras transita la segunda etapa del censo digital de jubilados de la Caja Fiscal, desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los beneficiarios con tarjetas bloqueadas podrán ser rehabilitados de manera automática una vez que completen el censo.

De acuerdo a los últimos datos oficiales manejados desde la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del MEF, más de 69.000 personas completaron el censo digital.

Desde el MEF recuerdan que la plataforma sigue habilitada (https://censos.hacienda.gov.py/) para que los beneficiarios de la Caja Fiscal realicen el trámite, tras lo cual se procede de oficio al desbloqueo de las tarjetas en un plazo de 24 a 48 horas.

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Los jubilados que ya realizaron el Censo pueden verificar su registro en: https://censos.hacienda.gov.py/censo-consulta-publica. Cabe destacar que, tras la culminación de la primera etapa del censo el 3 de mayo pasado, las tarjetas de las personas que no se censaron fueron bloqueadas. Hasta esa fecha, se cen­saron 68 mil jubilados. Quedan 8 mil sin hacerlo, lo que repre­senta el 10 %.

El objetivo principal del censo es actualizar los datos de todos los beneficiarios, evitar cobros indebidos y depurar la planilla mediante la confirmación de la vivencia. El procedimiento es ágil, completamente en línea y sólo requiere datos básicos, lo que permite ahorrar tiempo, evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la información.

El director de Jubilaciones, Jorge Delgado, recordó que esta herramienta permite recopi­lar información actualizada de los beneficiarios jubilados y pensionados, y constituye en la actualidad una impor­tante fuente de información para tomadores de decisiones de la caja fiscal.

Para más información, los interesados pueden visitar la página web del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente al teléfono (021) 729 - 0123, disponible de lunes a sábados, de 07:30 a 15:00 horas.

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Una de las principales consignas para trabajar en la reforma de la Caja Fiscal este año es que el Estado tendrá que ajustarse. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, habló al respecto, señalando que hoy uno de los sectores que más déficit genera en la Caja es el de policías y militares, principalmente por el retiro anticipado.

En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, Fernández Valdovinos manifestó que se identificó un número de retirados con menos de 65 años, lo cual genera un costo anual superior a los USD 100 millones. “Vimos que el número de policías y militares que tienen menos de 65 años le cuesta a la caja fiscal mucho más de USD 100 millones por año. El gobierno propone modificar la normativa para que policías y militares también se retiren a los 65 años, como el resto de los funcionarios públicos”, indicó.

También recordó que ahora existe un esquema de incorporar al sistema 5.000 policías por año, cuando antes ingresaban “con suerte” unos 1.000 por año. “Metíamos 1.000, pero se retiraban 500, inmediatamente, y eso que eran muy jóvenes, con 55 años; entonces el efecto neto era de solo 500 nuevos policías”, dijo.

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Sobre el punto, el ministro cuestionó la lógica de retiro por edad en comparación con superiores más jóvenes, aplicando un razonamiento al Poder Ejecutivo. “Si vamos a aplicar esto a rajatabla, no van a poder existir coroneles y generales. Tampoco íbamos a poder ser ministros, porque el presidente es más joven que yo. Es decir, yo no iba a poder ser subalterno”, expuso.

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