El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó acerca de las labores institucionales que se llevan adelante para cubrir las vacancias dentro de la Cámara. Señaló que el objetivo central de los procedimientos es desarrollar llamados con transparencia y priorizando las capacidades.

“Vamos a estar realizando el concurso para las vacancias en Diputados a fines de mayo. Se podrá dar seguimiento a cada proceso en los diferentes portales y espacios digitales de la Cámara”, informó Latorre, destacando la apertura existente en términos de transparencia con la ciudadanía.

Las vacancias corresponden a 50 espacios, para jóvenes de toda la República del país. Con respecto a la información detallada de los puestos y los perfiles técnicos, serán transmitidas a través de los portales puestos para el efecto, teniendo en cuenta que son características específicas.

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“Lo que buscamos a través de este concurso es abrir un camino de ingreso a través del mérito, con el objetivo de que estos 50 jóvenes de diferentes territorios del país puedan aportar en la Cámara en base a sus experiencias y conocimientos”, remarcó el parlamentario.

Del mismo modo, confió en la posibilidad de mejorar el funcionamiento institucional de la Cámara y así también a contribuir en las decisiones que puedan ser aplicadas en los espacios de trabajo, para apuntar a una gestión más productiva y proactiva.

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“Este será un concurso abierto. Quienes quieran formar parte de la Cámara y se encuentren incentivados por lo que puedan aportar, podrán hacerlo; el espíritu es ese, mantener la apertura y promover una sana competencia en base al mérito de cada uno”, señaló el parlamentario.

En cuanto a gestiones de determinados funcionarios, Latorre recordó que se desempeñan en cargos de confianza, una atribución histórica tanto de Diputados como del Senado. No obstante, garantizó que se impulsan trabajos para fomentar un ingreso cada vez más pensado en las capacidades.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.

El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.

El ministro estuvo en comunicación con el programa Arriba Hoy emitido por Canal GEN/970 y también señaló que la recaudación permitirá tener recursos para gastar en los sectores prioritarios como salud, educación, seguridad y transferencias sociales.

Sobre la optimización del gasto público, acotó que acciones como haber fusionado el Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica de Planificación y la Secretaría de la Función Pública permitieron eliminar más de 80 cargos gerenciales que se tenían.

“El ahorro que se tiene en el rubro de salarios es de alrededor de 9 millones de dólares. Creemos que vamos en la dirección correcta a través de las fusiones de las entidades”, manifestó.

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Valdovinos remarcó que otra cuestión es la nueva ley de Compras Públicas, que será implementada entre el MEF, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y el Banco Central del Paraguay (BCP).

“Entre todos vamos a ser los encargados de la implementación que hará las compras públicas mucho más rápidas, eficientes, transparentes, y baratas”, agregó.

Expresó que estos son pasos graduales con los que se avanza en la dirección correcta y que permitirán que con los recursos que se dispongan tengamos más bienes.

Acerca de la creación de empleos, dijo que el Estado tiene que generar las condiciones adecuadas para que el sector privado pueda invertir. “De a poco está dando resultados todo lo que se está haciendo para demostrar al Paraguay como ese país que es previsible y tiene un esquema tributario competitivo”, puntualizó.

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Una de las bombas noticiosas de la jornada del lunes fue la impu­tación realizada por dos fiscales contra el expresidente Mario Abdo Benítez y 8 excolaboradores estre­chos de su gobierno. Se los acusa de haber filtrado informes de inteligencia para uso político y otros delitos que fueron inves­tigados y ahora deben se probados en el juicio. Como la dura acusación es contra el exmandatario y su entorno cercano, el hecho no fue bien recibido por algunos sec­tores que prefieren defenderlo, como cier­tos medios de comunicación que mostraron su hilacha abdista.

Los hechos existieron y fueron denunciados en su momento con las evidencias del caso. Por lo que no se los puede desconocer como tampoco achicar la gravedad de lo aconte­cido. Es necesario que los organismos judi­ciales pertinentes realicen la investigación correspondiente y establezcan las respon­sabilidades y los castigos que conllevan tales delitos señalados por los fiscales.

De acuerdo con el escrito de la acusación, “durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Hora­cio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.

Sin entrar a calificarlos, estos hechos podrían ser entendibles como parte de una lucha partidaria. Pero lo grave de esta situa­ción es que, para este propósito, con fines políticos, se habrían revelado secretos que no corresponde dar a publicidad por parte de los altos funcionarios acusados.

“La filtración realizada habría perseguido el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Car­tes”, destaca el texto de la imputación. Y agrega que cada uno de los hechos mencio­nados en el escrito representan elementos de sospecha suficiente sobre la existencia de lo denunciado y la participación de las personas indicadas. Los fiscales realizaron la acusación e imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez, a Carlos Arregui, exti­tular de Seprelad; a Arnaldo Giuzzio, exmi­nistro del Interior; a Carmen Pereira, exvi­ceministra de Seprelad; a René Fernández Bobadilla, que fue ministro de la Seprelad. También están imputados el diputado Mau­ricio Espínola, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.

De acuerdo con lo referido por la acusación, las instituciones estatales que dependen de la Presidencia de la República filtra­ron informaciones secretas a los medios de comunicación para ensuciar el nombre de los enemigos políticos de Abdo. Desde la Senad, Senac y el Ministerio del Inte­rior se pasaban informaciones a la prensa de manera organizada con el propósito de afectar al expresidente Horacio Car­tes y sus empresas, según la opinión de su abogado Pedro Ovelar. Este señaló que las denuncias realizadas contra Abdo y sus excolaboradores se basan en hechos rea­les, como denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución, que infrin­gen las disposiciones del Código Penal.

El ruido ocasionado por las acusaciones fis­cales produjo también una fuerte detona­ción en el campo político, por las implican­cias que tienen en los sectores partidarios involucrados y las consecuencias penales que podrían sobrevenir. Pero al margen de las repercusiones que puedan tener en los diversos campos de la vida nacional, lo importante es que si los delitos se cometie­ron, corresponde investigarlos de manera adecuada y los responsables tienen que recibir el justo castigo como consecuencia de los hechos que han causado.

No es bueno que en el país continúe la impunidad de los delincuentes, aunque sean grandes personalidades del campo político o social, por el bien de la sociedad paraguaya y la seriedad de las institucio­nes. Debido a ello, desde el punto de vista de la lógica más elemental, es muy difícil de entender la actitud de algunos medios de comunicación que decididamente salen a defender a los acusados. Parecen no impor­tarles la gravedad de los actos denunciados ni el hecho de asumir la defensa de posibles delincuentes.

Es muy plausible la actitud asumida por los fiscales con base en las denuncias presen­tadas en su momento contra los imputados. Lo habitual en cualquier sociedad normal es que cuando se cometen infracciones a las leyes, los responsables sean investigados, acusados y, si corresponde, castigados de acuerdo con las normas penales.

La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo decretó el arresto domiciliario de Fátima Patricia Agüero Stelhik y Fátima Adelaida González, imputadas en la causa que investiga la venta de cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS). Ambas estaban privadas de su libertad pero con la resolución judicial las mismas van a abandonar la sede penitenciaria.

La jueza Pedrozo además dispuso la prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado; la obligación de comunicar a este juzgado el cambio de cualquier otro dato relevante de su persona y la obligación de comparecer a la audiencia preliminar.

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Las imputadas están procesadas penalmente por estafa y asociación criminal por supuestamente pedir y cobrar sumas de dinero a cambio de contratos, recategorizaciones y hasta nombramientos dentro de la previsional, que de acuerdo a las investigaciones, afectó a miles de personas.

Además de las dos mencionadas están imputados José Manuel Agüero, Jorge Aquino Riveros, Zulma Villalba y Eduvigis Espínola. Los mismos fueron detenidos e imputados por el Ministerio Público.

En el presente caso se llevó a cabo varios procedimientos donde se incautó de varios elementos de prueba que van a ser analizadas por el Ministerio Público.

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