El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició ayer martes una visita a México, que coincide con el anuncio de Washington de que fuerzas estadounidenses mataron a 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela. La acción militar, ejecutada tras el despliegue de navíos en la zona, fue confirmada por Rubio, quien en declaraciones a la prensa en Miami prometió que Estados Unidos “va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”.

Rubio lanzó la advertencia en vísperas de la firma de un protocolo de seguridad con el gobierno de México, que rechaza la oferta del presidente estadounidense, Donald Trump, de enviar tropas para exterminar a los cárteles mexicanos, a los que designó en febrero como grupos terroristas. Los traficantes muertos pertenecían a la banda venezolana Tren de Aragua, también rotualada como terrorista, según Trump, que acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de encabezar un cártel y desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que presentó como una operación antidrogas.

Maduro denuncia esa operación como una amenaza militar contra su país. El avión del jefe de la diplomacia estadounidense aterrizó por la tarde en el aeropuerto Felipe Ángeles, que sirve a la capital mexicana, constató la AFP. Rubio se reunirá el miércoles con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la primera escala de un viaje que lo conducirá luego a Ecuador, donde gobierna Daniel Noboa, aliado de Trump.

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El Departamento de Estado dijo que el secretario exigirá en ambos países “acción rápida y decisiva para desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la inmigración ilegal” y contrarrestar la influencia “maligna” de China. “He ofrecido enviar al ejército, y ella (Sheinbaum) no quiere que hagamos eso (...), está muy asustada”, declaró Trump la semana pasada al medio Daily Caller.

Por la mañana, la presidenta dijo que trazará un límite claro a una eventual intervención militar estadounidense en México, luego de que Trump firmó una orden que autoriza el empleo del ejército contra las organizaciones del narcotráfico. Sheinbaum rechazó cualquier “injerencismo”. “No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración”. Pese a los amagos de Trump, muy pocos prevén que el magnate tome la drástica decisión de desplegar tropas en suelo mexicano.

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Sheinbaum defiende ideas de izquierda, pero ha buscado puntos en común con Trump, tal como hizo su predecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador (2028-2024) durante el primer mandato del republicano. México ha cooperado con el reforzamiento de la frontera contra los flujos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos desde Centroamérica y otras regiones del mundo. Ha entregado además a medio centenar de criminales buscados por Washington.

También ha tomado medidas para reducir las importaciones desde China, cuyos fabricantes ven a México como un puente hacia el mercado estadounidense. “Sheinbaum desde el principio decidió que buscaría una relación cooperativa y colaborativa con la administración de Trump”, dijo Jason Marczak, vicepresidente y director del Centro para América Latina del think-tank Atlantic Council.

“Ha sido enfática en defender la soberanía mexicana, pero al mismo tiempo en acercarse a Estados Unidos y ver dónde pueden trabajar juntos”, agregó. La estabilidad de la relación marca un agudo contraste con las campañas de presión de Trump contra los líderes izquierdistas de otras dos potencias latinoamericanas, Brasil y Colombia.

Trump ha expresado respeto por Sheinbaum y meses atrás le dio crédito por una campaña de combate al fentanilo, el potente analgésico detrás de una epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Los mexicanos rechazan a Trump, quien ascendió políticamente describiendo a los migrantes de este país como “violadores” y con la promesa de erigir un muro para sellar la frontera sur.

La imagen de Estados Unidos se ha deteriorado más drásticamente en México que en cualquier otro país desde el regreso de Trump, según una encuesta del centro de investigación Pew publicada en julio, que encontró que 91 % de los mexicanos no confían en Trump. Sheinbaum, en contraste, ha ganado apoyo por su manejo de la relación con el líder estadounidense, así como por el resto de su agenda, con sondeos que muestran que tres cuartas partes de los mexicanos aprueban su gestión.

Fuente: AFP.

México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.

En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.

El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.

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Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.

“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.

Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).

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La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.

El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.

Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.

Fuente: AFP.

Senadores mexicanos se trenzaron a golpes este miércoles, tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.

La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Moreno, del minoritario PRI, denunció a Maduro ante la Fiscalía General por supuestos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el mandatario está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo de izquierda. Fernández Noroña rechazó esas afirmaciones.

Tras la sesión de este miércoles, Moreno subió a la tribuna y encaró furioso a Noroña por no haberle dado la palabra. Lo empujó varias veces y le dio un manotazo en el cuello, y tiró al suelo a un hombre que se le interpuso.

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La discusión legislativa se enardeció porque la amplia mayoría oficialista acusó al PRI y al conservador PAN de pedir una intervención militar de Estados Unidos, lo que estos partidos niegan.

La izquierda basa su señalamiento en una reciente entrevista de la senadora conservadora Lilly Téllez con el canal Fox News, en la que denunció que los cárteles han infiltrado al gobierno de México.

Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción cuando gobernó el estado de Campeche (2015-2019), mientras Noroña es blanco de críticas luego de que la prensa divulgara que posee una casa valorada en unos 640.000 dólares. “No tengo obligación personal de ser austero”, se defendió en estos días el presidente del Senado.

Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

• Fuente: AFP

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El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) informó sobre las disposiciones para exportaciones de productos frutihortícolas a la Argentina, teniendo en cuenta la Resolución N° 22/2025 del Senasa de Argentina que afecta al rotulado de envases de frutas y hortalizas.

Este deberá proveer de la siguiente información:

• nombre de la especie y variedad o tipo
• provincia o lugar de producción
• nombre del empacador o razón social de la empacadora
• identificación del empaque
• marca comercial, propia o no de la firma empacadora, pudiendo ser optativo su uso, el origen, peso neto y la fecha de empaque

En tanto, señalaron que la Planta de Acondicionamiento de Productos Vegetales indicada deberá estar registrada conforme a la Resolución Senave N° 246/2022 que establece los requisitos para la habilitación y el registro de plantas de acondicionamiento de productos vegetales destinados al consumo humano, indicando el número de registro de esta.

En este contexto, al momento de solicitar la exportación de productos frutihortícolas, los exportadores deberán indicar en el campo de observaciones de la Ventanilla Única de Exportación (VUE) el número de registro del Senave de la planta de la cual proviene el envío.

Así también, se deberá adjuntar la nota de remisión emitida correspondiente al envío a exportar. Las disposiciones tendrán vigencia a partir del 1 de setiembre del 2025, y estarán sujetas a control oficial por parte del Senave.

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Días atrás, el Senave recordó que el otorgamiento de permisos de importación de productos frutihortícolas ya no es facultad de la institución, siendo prerrogativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

En ese sentido, mencionaron que el Departamento de Comercialización del MAG es la dependencia encargada, siendo el Senave el último nivel de la cadena donde en los puntos de ingreso en las fronteras se cerciora de que la calidad del producto esté acorde y que cumpla los requisitos fitosanitarios para su ingreso.

Esta fue directiva de la Presidencia de la República, a fin de transparentar la gestión del Senave, ya que el perfil de la institución es fiscalizador. Además, buscarán implementar un modelo chileno de control, lo que automatizaría algunos puntos.

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