El Gobierno, encabezado por el presidente de la República, Pedro Alliana, emitió un comunicado sobre el procedimiento fiscal policial realizado en Mburuvicha Róga en el marco de las investigaciones en la causa que investiga al expresidente Santiago Peña, relacionado con la resolución de Ueno Bank.

“Garantiza plena colaboración con la justicia y respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial en el marco del allanamiento a Mburuvicha Róga”, señala el comunicado emitido desde la presidencia de la República tras darse a conocer el allanamiento realizado en la casa presidencial.

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Así también, el mandatario asegura que no habrá impunidad ni privilegios para los responsables de esta situación financiera generada por un banco. “Cero impunidad y cero privilegios: nadie está por encima de la ley. El Ejecutivo seguirá trabajando para que se esclarezcan los hechos y para que los ahorristas de Ueno Bank sigan cobrando”, afirma el comunicado.

El procedimiento fiscal se da en torno a la investigación abierta contra Santiago Peña, a quien se le atribuye la presunta comisión de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La comitiva encabezada por las fiscales Silvia González y Laura Giacummu, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, busca documentaciones y circuito cerrado de la casa presidencial.

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El presidente de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Enrique Duarte, se refirió al comunicado emitido por gremios empresariales, en el cual exigen al presidente de la República, Pedro Alliana, para tomar medidas urgentes para dar soluciones a la situación financiera generada con la resolución de Ueno Bank. El empresario indicó que existen altas expectativas para dar respuestas por parte del Ejecutivo, y que ya no existe margen de error.

“Nosotros realmente tenemos altas expectativas porque la situación amerita un tratamiento urgente, tratar esta situación no como una cuestión normal; acá estamos en una situación realmente de crisis, y Paraguay hoy, con toda la situación creada, con todo lo que se generó en el mercado, ya no tiene margen de error”, refirió al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Duarte detalló que se reunieron con parte del gabinete del presidente Alliana, que expusieron un interés para buscar una salida a esta situación. “Ahí nosotros y en función de conversaciones que hemos tenido con el ministro de Economía, con el ministro de Obras Públicas, nosotros entendemos que hay un interés respecto a buscar corregir el rumbo, buscar la forma de poder salir de esta situación”, mencionó.

Sin embargo, Duarte señaló que una de las acciones inmediatas es sincerar de una vez por todas los gastos públicos y la estructura del Estado. “Hay que ser realistas y el primer paso, la solución más simple es que vamos a alzar impuestos; la cosa no tiene que ir por ahí, la cuestión tiene que venir y una vez por todas con sincerar el gasto público, buscar la eficiencia de la estructura y la burocracia estatal, para tratar temas tan sensibles como es el tema de la caja fiscal, que otra vez va a impactar este año y el año que viene de forma considerable sobre el presupuesto”, apuntó.

“Sobre todo, de una vez por todas, que las instituciones funcionen, si bien la salida de esta crisis mostró un nivel de institucionalidad importante a nivel país, sin embargo, todo esto ocurrió por la fragilidad de los controles, fragilidad o complicidad de los controles; eso ya no podemos permitir”, sentenció.

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Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.

Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.

En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.

A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.

Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.

Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.

Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.

La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.

La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.

Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.

Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.

Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Policía Federal de Brasil ejecutó hoy la Operación Dragon Ball que investiga a una organización criminal de contrabando de celulares y otros productos procedentes de Paraguay. La operación cumplió con 42 órdenes de búsquedas y aprehensión, siendo Foz de Iguazú la ciudad donde se cumplió la mayor cantidad de disposiciones, 26 órdenes.

Fueron aprehendidas dos personas en flagrancia, una por hallazgo de municiones con calibre restricta y el otro por mercaderías de contrabando en flagrancia. Las otras ciudades de intervención son Santa Terezinha de Itaipú (2), Cielo Azul (1), Cascavel (8), Curitiva (2), todos del estado de Paraná, y también San Paulo (1) y Goiania (2).

“La investigación identificó una estructura con actuación en Paraguay y en diversas ciudades brasileñas. Aprehensiones y prisiones impactaron en 8,6 millones de reales en mercaderías y vehículos ligados al grupo”, refiere el informe de la Policía Federal.

“La investigación identificó un grupo organizado que traía clandestinamente de Paraguay productos electrónicos, celulares y accesorios para comercialización en Brasil. Los integrantes dividían las tareas, desde la negociación de los productos en Ciudad del Este hasta la entrada al país, el transporte o almacenamiento y la distribución”, agrega la Policía Federal.

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Sigue relatando la PF que, para llevar las mercaderías a los compradores, el grupo utilizaba vehículos de apoyo para monitorear el trayecto y los inmuebles como depósitos temporales”. Agrega que, las mercaderías eran almacenadas en Foz de Iguazú, Medianeira y Cascavel, del estado de Paraná, luego eran llevadas para comerciantes de San Paulo y Goiania.

Durante la investigación, la Policía se incautó de 11 cargas y 18 vehículos relacionados al esquema y la prisión en flagrancia de 14 personas. La Receita Federal (Ingreso Federal) evaluó las mercaderías en casi 7 mil millones de reales y el monto no pagado por tributos federales en más de 2 millones de reales.

El nombre de la operación tiene que ver con la identificación de integrantes de la estructura que usaban nombres de personajes de la serie anime Dragon Ball como, Goku, Gohan, Mestre Kame y Majin Boo.

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