Aproximadamente 5.000 familias ya están siendo afectadas por las inundaciones, de las cuales, aproximadamente 3.000 están damnificadas debido a que tuvieron que evacuar de sus viviendas anegadas por la crecida de ríos, según datos manejados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

“Tenemos 1.300 familias en los albergues, comprendidos por tinglados, vivienda temporal. Los que están en hogares de algún familiar o vecino tenemos 2.100 familias, aproximadamente, y 950 aproximadamente son las que permanecen en sus casas”, refirió este jueves el ministro Arsenio Zárate, ministro de la SEN, en el programa Así son las Cosas de canal GEN y Universo 970 AM.

Dichas cifras corresponden a los departamentos de Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú. Y para asistir a los perjudicados por el avance de las aguas, la institución tomó como línea de base lo que fue el fenómeno de El Niño 2018-2019, refirió el titular de la SEN.

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En ese contexto, mencionó que en aquella oportunidad, el Estado paraguayo asistió a más de 64.000 familias. Estiman que esa cantidad de población pueda ser afectada nuevamente en esta ocasión.

“Esa es nuestra base de cálculo, de los cuales se han construido 25.000 viviendas temporales, y al resto, 64.000 se le entregó ayuda humanitaria con kits de alimentos no perecederos”, precisó el funcionario.

La asistencia de la SEN es constante a los pobladores desplazados por el agua. “Mañana (viernes) vamos a llegar con toda la asistencia a Cerrito (Ñeembucú). Ya le asistimos a un 80% a ese municipio, pero nos falta un 20% que mañana vamos a completar. En igual sentido, ya le asistimos al municipio de Mayor Martínez, pero falta un 20% que fueron afectadas después de haber entregado las primeras ayudas”, informó el ministro.

Por otro lado, mencionó que el pronóstico y los estudios que ha hecho Itaipú binacional en base a años anteriores, indicaban que esta semana se tendría una disminución del caudal del río Paraná, y bajó.

“Ayer, por ejemplo, bajó casi 20 centímetros en toda la cuenca del Paraná. Pero las lluvias que se van a tener entre el miércoles y el sábado en Paraguay y las lluvias que se van a tener en la cuenca del Paraná, pero hacia el lado brasilero, y otros ríos que desembocan en el Paraná va a aumentar nuevamente el volumen del río”, explicó.

Y eso va a afectar nuevamente a todas las comunidades ribereñas. “Y probablemente, vamos a tener más familias afectadas”, apuntó. Esta situación se extendería hasta marzo de 2027.

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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.

La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.

En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.

Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.

En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.

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“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.

De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.

Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.

“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.

Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.

El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.

La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.

Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.

“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.

Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.

“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.

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La ARP propone una mesa de trabajo con la AFD y entidades bancarias para desarrollar financiamiento con tasas competitivas, plazos acordes al ciclo productivo y condiciones que favorezcan especialmente a pequeños y medianos productores.

Financiamiento adaptado al ciclo ganadero. El gremio impulsa alternativas para mejorar el acceso al crédito del sector pecuario. La iniciativa fue planteada durante la visita de Dominica Zavala Zubizarreta, miembro del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), a la Comisión Directiva del gremio.

Gabriel Ruiz, presidente de la Comisión de Economía y Agronegocio de la ARP, explicó que se propuso establecer una mesa de trabajo coordinada por la AFD, con participación de la asociación y bancos interesados en financiar la producción ganadera.

El objetivo es diseñar herramientas que contemplen los tiempos de la actividad. Desde el servicio reproductivo hasta el destete de un ternero transcurren aproximadamente 19 meses, mientras que, al sumar la recría y terminación, el ciclo puede superar los tres años.

Por ello, Ruiz señaló que se necesitan tasas competitivas, periodos de gracia y plazos adecuados. Mencionó como referencia tasas del 12,5 % y la aspiración de alcanzar intereses de un solo dígito mediante acuerdos con entidades financieras.

Pequeños productores y compra de campos. La propuesta busca facilitar el acceso de pequeños y medianos productores, que enfrentan mayores obstáculos para obtener créditos. Entre las alternativas figuran criterios de evaluación diferenciados y la unificación de determinados requisitos documentales, sin debilitar los controles de riesgo.

También se planteó incorporar al Banco Nacional de Fomento y analizar la participación de representantes de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Otro punto es el financiamiento para adquirir establecimientos rurales cuyos propietarios salen del negocio cuando las nuevas generaciones no continúan la actividad.

Crédito acompañado de asistencia técnica. Ruiz destacó que el financiamiento debe complementarse con diagnósticos que orienten inversiones en recuperación de pasturas, alambrados y provisión de agua. La ARP espera avanzar en una coordinación que brinde previsibilidad y amplíe las oportunidades de inversión para fortalecer la ganadería paraguaya.

Este viernes, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que ante la inminente crecida del río Paraná se vieron obligadas a abandonar sus hogares más de 3.400 personas en el municipio de Ayolas, Misiones. El desborde del cauce mantiene en alerta roja a las zonas bajas, donde continúan las tareas de evacuación y resguardo de los damnificados.

Las autoridades confirmaron que en la zona están trabajando varios equipos de rescate y brigadas operativas, quienes durante toda la semana estuvieron desplegados en los puntos críticos de la ciudad para coordinar el traslado a los albergues habilitados. Hasta la fecha un total de 3.438 pobladores ya fueron evacuados.

“Los barrios más afectados fueron San Josemi, María auxiliadora, San Antonio y Quindy. Tenemos la asistencia de la Entidad Binacional Yacyretá, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de la Niñez y la Gobernación de Misiones”, expresó el intendente Carlos Duarte, en entrevista con “Cuenta Final” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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Manifestó que los evacuados se encuentran distribuidos en 14 albergues instalados en puntos estratégicos. “Estamos teniendo una altura de 6,40 metros aproximadamente, esto va a llegar, según el último informe de Yacyretá, a 6,50 metros. La crecida de las aguas podría persistir hasta febrero aproximadamente”, acotó.

Resaltó que existen varios equipos de rescate en la zona, que están ayudando a evacuar a las familias y otro se dedica a rescatar a los animales que quedaron aislados. Las familias afectadas están recibiendo asistencia médica, alimentaria y logística, en los albergues como también en viviendas de familiares donde fueron acogidas.

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