La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) de Bolivia, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) manifestaron su preocupación respecto a la implementación de la Resolución N° 1023/2022 del Ministerio de Transporte de Argentina. En ese contexto, solicitaron que las autoridades de los países respectivos fijen acciones para la derogación de la medida y hacen un llamado a la representación del país vecino para su rectificación.
Consideraron que la imposición del peaje de US$ 1,47 por tonelada de registro neto de las embarcaciones que realizan transporte internacional en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia, de la Hidrovía Paraguay-Paraná, a partir del 1 de enero del 2023, representa una violación a las normas de carácter regional, lo cual supondrá un sobrecosto para las empresas importadoras y exportadoras, afectando a todo el costo logístico.
El comunicado, publicado este jueves reza lo siguiente: “Solicitamos a las autoridades de nuestros respectivos países, que realicen las gestiones necesarias para su derogación, al tiempo que hacemos un llamado al Gobierno de la República Argentina para que adopte las medidas necesarias para la rectificación urgente de esta situación, de forma que se respeten los acuerdos suscritos en la materia, velando y garantizando el buen desempeño del comercio internacional”, indicaron.
Además, citaron que la resolución establece un tratamiento discriminatorio con respecto a las cargas de cabotaje a las que fija una tarifa de $ 1,47; un peso argentino con cuarenta y siete centavos. “Es importante recordar lo que establece el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná, en sus capítulos I al IV: principios como la Libertad de Navegación, la Igualdad de Tratamiento y la Libertad de Tránsito están siendo vulnerados con la implementación de esta resolución”, remarcaron.
Por último, resaltaron que confían en la actuación oportuna de los actores claves para llegar a una pronta solución. Los países integrantes del Acuerdo son Brasil (cuya postura aún no fue dada a conocer), Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay, quienes forman parte del convenio que busca hacer eficiente la navegación para permitir a sus miembros el acceso competitivo a los mercados de ultramar.
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