El presidente de la República, Santiago Peña mantuvo una reunión con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; con el ministro de Economía, Oscar Lovera y el director general de Administración y Finanzas del Ministerio Público, Expidio Palacios. El encuentro tuvo como eje central el análisis del proyecto de presupuesto correspondiente al Ministerio Público de Paraguay.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó su compromiso de seguir trabajando en planes concretos para el fortaleciendo al Ministerio Público.

“La Fiscalía General del Estado es una institución clave para la justicia y la transparencia. Mi compromiso es acompañarla con los recursos y el respaldo que necesita para cumplir su importante misión”, expresó el jefe de Estado.

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El fiscal general Rolón Fernández señaló que el Ministerio Público depende exclusivamente del presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo y no cuenta con recursos propios, lo que limita seriamente su funcionamiento y crecimiento.

“Desde hace aproximadamente 10 años, el presupuesto institucional se mantiene sin aumentos, pese a la ampliación de sus funciones y responsabilidades establecidas por la Constitución”, comentó.

En ese sentido, explicó que la institución requiere de al menos un 62 % más de presupuesto para cumplir adecuadamente sus objetivos.

Entre las que están incluidas la expansión de servicios en el interior del país, la creación de nuevas sedes, contratación de más fiscales (se estiman necesarios unos 700, frente a poco más de 350 actuales), y el fortalecimiento de áreas técnicas como laboratorios forenses, morgues y servicios especializados.

“Existen problemas en la ejecución presupuestaria y en el plan de caja, lo que dificulta el funcionamiento cotidiano. También se señala que, tras su separación del Poder Judicial, el Ministerio Público no accede plenamente a recursos del sistema de justicia, como tasas judiciales u otros fondos, quedando en desventaja financiera”, acotó.

El Dr. Rolón Fernández indicó que la insuficiencia presupuestaria impacta directamente en la capacidad operativa del organismo, generando deficiencias en infraestructura, tecnología obsoleta y escasez de peritos, factores que retrasan investigaciones y la prestación de servicios esenciales.

Finalmente, señaló que en este contexto, han gestionado ante el Poder Ejecutivo alternativas para incrementar recursos y mejorar la asignación presupuestaria, incluyendo posibles mecanismos de coordinación con el Poder Judicial, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones institucionales, concluyó.

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El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una revisión a la baja de las economías de la región en un promedio de 2,2 % en 2026, con respecto al 2,3 % estimado en diciembre de 2025.

En conjunto, de concretarse esta proyección, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3 %, evidenciando un patrón de baja capacidad para crecer.

En el caso puntual de Paraguay, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) proyectada a finales de año pasado era de 6,6 % y para 2026 se tiene una revisión a la baja de 4,5 %.

La Cepal señala que este resultado refleja un entorno externo más complejo que el anticipado a finales del pasado año, caracterizado por mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias a nivel global.

Según la comisión económica regional de las Naciones Unidas, el menor dinamismo proyectado se observa de manera generalizada, es decir este comportamiento se observa en la mayoría de los países de la región latinoamericana y el Caribe.

Es decir, en 24 de los 33 países de la región se desaceleraría el crecimiento en 2026, mientras que solo siete mostrarían una aceleración.

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El deterioro del escenario externo es uno de los principales factores detrás de la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento regional, señala la CEPAL.

Durante los primeros cuatro meses del presente año, el aumento de las tensiones geopolíticas y el conflicto bélico en Medio Oriente han elevado la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros y de materias primas.

En particular, el precio promedio del petróleo en las tres primeras semanas de abril se ubicó un 74 % por encima del valor promedio de diciembre de 2025, generando presiones inflacionarias globales y encareciendo los costos de producción y transporte.

A esto se suma el aumento de los precios de los alimentos a nivel global, y una desaceleración del crecimiento de algunos de los principales socios comerciales de la región, como la Zona Euro, China e India, así como un menor dinamismo del comercio internacional.

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En este contexto de mayor inflación y de reducción de las perspectivas de crecimiento, los principales bancos centrales han adoptado posturas más cautelosas, manteniendo condiciones financieras menos favorables en comparación con las que se esperaban a finales del pasado año.

A nivel regional, el crecimiento se vería limitado principalmente por un menor dinamismo del consumo privado. Si bien la inversión muestra señales de recuperación, esta continúa siendo moderada en la mayoría de los países.

Durante el segundo semestre de 2025 ya se había observado una desaceleración de la actividad económica, especialmente en las principales economías de la región, tendencia que se ha prolongado hacia 2026.

En línea con el menor dinamismo de la actividad, el empleo en las economías de América Latina y el Caribe también mostraría una expansión moderada, con un crecimiento estimado en torno al 1,1 % en 2026, luego del 1,5 % observado en 2025.

Por su parte, los efectos de las presiones de la inflación a nivel global inducirían un incremento de la inflación en la región, ubicando la mediana en niveles superiores al 3 % durante 2026, que contrasta con el 2,4 % observado en 2025.

Esta situación es especialmente relevante en las economías de América del Sur, donde persisten presiones asociadas a la volatilidad del tipo de cambio y al impacto del aumento de los costos de los insumos importados y del transporte.

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Mañana martes se reunirá el Consejo Consultivo Tripartito (CCT) para analizar propuestas sobre la fijación del salario mínimo. Al respecto, César Segovia, viceministro de Trabajo, dijo que la instancia es más amplia que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) y que hay planteamientos a ser analizados entre las partes. La visión del Gobierno consiste en ir más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El funcionario explicó que el CCT es más amplio que la Conasam, dando cabida a más entes del Estado, sindicatos y gremios empresariales. La instancia consultiva fue creada por decreto en el año 2014, precisó en diálogo con la 780 AM.

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Segovia habló sobre las diferentes propuestas acercadas, tanto desde los sindicatos, los empresarios y la visión del propio Gobierno. “Son diferentes propuestas, sobre todo del sector sindical, una de ellas que plantea el reajuste del 20 %, una del 25 %, otra que plantea incorporar en el análisis una nueva canasta de productos, por sobre todo alimenticios, y apartarse un poco del IPC, que es lo que la normativa establece en el artículo 255”, explicó. “El sector empresarial ha manifestado su predisposición a escuchar, pero aparentemente están con la idea de mantener el IPC”, citó por otro lado.

En cuanto a lo que puede plantear el Gobierno en la fijación del salario mínimo, expresó que el IPC no sería un índice adecuado actualmente. “En el Gobierno estamos con la idea de que el IPC es un buen instrumento a nivel monetario, pero no para poder evaluar adecuadamente la pérdida del poder adquisitivo del trabajador asalariado y, por sobre todo, del salario mínimo, ya que el IPC contiene canasta muy amplia de productos, y muchos de los cuales no consume habitualmente el sector trabajador”, manifestó.

La normativa vigente establece que, a mitad de año, la Conasam debe establecer el reajuste del salario mínimo con base en la variación del IPC (inflación acumulada), fijado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

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El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, sostuvo que el cálculo para el reajuste del salario mínimo debe tener una mirada más amplia y analizando todas las variables. En este sentido, indicó que existen muchas posturas, incluso iniciativas legislativas en el Congreso Nacional, pero que no se ajustan a un análisis ajustado a la situación económica real.

“Lo que preocupa es hacer la proposición sin el análisis de consecuencias, hay cuatro proyectos de leyes en el Congreso, hasta descabellado, sin ningún tipo de análisis de lo que es nuestra realidad económica, pero acá tenemos que acostumbrarnos a trabajar mirando todas las variables de la ecuación”, indicó durante su participación en el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media.

“Nosotros no creemos en el modelo del salario mínimo, creemos en el modelo del libre impacto salarial entre el empleador y el trabajador y, que sean regulados, que tengan realmente otro esquema”, agregó el empresario industrial.

Realizó un análisis, como contexto país, que Paraguay tiene, por lo menos de Sudamérica, el menor nivel de productividad laboral, estamos hablando en el conjunto general. “Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es la productividad laboral versus producto interno bruto per cápita también demuestra que no estamos en el camino correcto, hay muchas variables en la ecuación respecto a la productividad que tenemos que tratar”, mencionó.

Señaló además que el análisis y el cálculo del salario mínimo tiene unas variables que para el sector industrial y empresarial es preocupante. “Es cierto, el trabajador dice que el salario mínimo no le alcanza. Hemos hecho análisis, encuestas y es cierto, no alcanza, pero no estamos mirando el gasto, ¿qué pasa con el gasto adicional que hoy está haciendo el trabajador?, en lo que significa en la inversión para su propio medio de transporte, con los gastos de salud”, mencionó.

Expuso que el trabajador “está teniendo gastos adicionales en materia de salud, gastos adicionales en materia de transporte, ¿Dónde está el punto de equilibrio de esto?, y no se. Tenemos que manejar con mucha seriedad esto”.

Por otra parte, sostuvo que desde el sector de la UIP y otros gremios empresariales apuestan al diálogo para llegar a acuerdos o establecer los esquemas de cálculo. “Nosotros apostamos al diálogo, hoy hay una regla que estable el IPC como el esquema del ajuste, pero es cierto, una serie de productos subieron y, ¿la incidencia del tipo de cambio?, la que ha bajado puede perjudicar en una serie de factores a la industria”.

Finalmente, expresó que se debe “pensar en qué significa el tema dólar, el tema salario, el tema de nuevas normativas, lo que es la producción, porque lo que menos queremos es que disminuya el empleo, y sobre todo el empleo formal, porque es muy fácil para la gente y en este país ir a la informalidad, y es difícil traer a la gente a la formalidad”.