La Cámara de Senadores remitió esta mañana el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 a la Cámara de Diputados para su firma antes de ser enviado al Poder Ejecutivo, para su aprobación o veto. Julio Cabrera, secretario administrativo de la Cámara, señaló que el documento pasaría a su última instancia en la otra semana.
Senadores remitió esta mañana el proyecto de PGN 2023 a la Cámara de Diputados a fin de que tanto el presidente, el diputado Carlos María López y el secretario Carlos Samudio firmen y, que finalmente pueda ser enviado al Poder Ejecutivo para su tratamiento o veto.
Julio Cabrera, secretario administrativo de dicha Cámara, mencionó en comunicación con La Nación/Nación Media que, una vez ingresado el documento, los representantes tardarían al menos día y medio para completar las firmas necesarias por lo que se prevé que el proyecto sea remitido al Poder Ejecutivo después de las fiestas de navidad.
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Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, había manifestado durante el encuentro en el Banco Central del Paraguay (BCP), que el ejecutivo descarta el veto total del proyecto pero manejan la posibilidad de aplicar un rechazo parcial respecto al aumento de los gastos rígidos que plantea el PGN modificado.
Cabrera indicó que en el caso de darse esta situación, la comisión permanente deberá informar sobre lo sucedido a fin de llamar a una sesión extraordinaria para ambas cámaras para poder tratar el veto del Ejecutivo. Indicó que para las dos semanas finales de enero y de febrero se tienen previstas sesiones ordinarias para ambas.
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Estados Unidos da muestras de apoyo efectivo al Gobierno nacional
El Poder Ejecutivo acaba de poner en marcha el ambicioso programa Cielo Guaraní Soberano para combatir desde las alturas de la atmósfera al crimen organizado internacional y fortalecer la seguridad en todo el territorio paraguayo. El blindaje del espacio aéreo y la lucha contra los criminales tiene el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América que colaborará con datos de inteligencia y la asistencia técnica requerida.
La cooperación norteamericana será de fundamental importancia porque mediante su ayuda el Paraguay podrá dejar de lado la actual vulnerabilidad de sus fronteras aéreas y se podrá ir consolidando como un elemento importante en la seguridad de esta parte de la región sudamericana.
Hay que destacar que la asistencia técnica es parte del respaldo político demostrado por el Gobierno del país del norte hacia la administración del presidente Santiago Peña. Y, por encima de las declaraciones positivas y las buenas intenciones, primarán los hechos prácticos y medidas concretas de extraordinaria importancia para nuestra nación. La colaboración efectiva que ejercerá el país del norte se desprende del compromiso que ha realizado para intensificar el intercambio de información y la asistencia técnica que brindará al Gobierno paraguayo. Con respecto al tema, el encargado de negocios de EE. UU. en Asunción, Robert Alter, resaltó que “Paraguay mantiene una estrategia sólida para fortalecer el monitoreo de su espacio aéreo”.
La cooperación norteamericana se centrará en tres capítulos: Tecnología de vanguardia, inteligencia operativa y capacitación de élite. Esta capacitación consistirá en programas de formación para las fuerzas de nuestro país en la tarea del combate a delitos considerados complejos. Por otro lado, se considera tecnología de vanguardia la ayuda que realizarán las fuerzas estadounidenses en sistema de radares y monitoreo aéreo en tiempo real. En tanto que la inteligencia operativa se concretará en el intercambio de datos críticos de gran importancia para la detección y respuesta inmediata frente a los vuelos que están fuera de la legalidad, como los que desarrollan los narcotraficantes para sus fines delictivos.
Para la realización de los operativos contra la delincuencia se utilizarán los aviones Super Tucano que se tienen, lo mismo que el equipo de radares con sus respectivos sistemas de mando y control.
Las medidas adoptadas por el Gobierno se tienen que entender en medio del contexto histórico de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que ha tenido varias etapas. Algunas caracterizadas con importantes medidas y trabajos realizados por los organismos especializados y otras con extrañas posturas de dejadez de algunas administraciones anteriores que con su pasividad colaboraron con el delito.
No hay que olvidar que durante el gobierno de Mario Abdo se retiró el control fiscal de los puertos, se sacaron los escáneres para detectar drogas de los puertos privados que quedaron sin control, no se compraron radares para detectar vuelos irregulares ni se adquirieron aeronaves para la vigilancia aérea. Eso convirtió al Paraguay en un lugar propicio para el delito, por lo que se han dado numerosos casos de contrabando de toda suerte de sustancias prohibidas hacia países de Europa principalmente.
Con las nuevas normas de este gobierno, la Fuerza Aérea desarrolla operativos para detectar aeronaves sospechosas a las que obligan a su aterrizaje. Ya en tierra, realizan su tarea la Senad, la Fiscalía, la Policía y el Ejército, según los casos.
Además del control nacional, para hacer más efectivo el trabajo, se hace el cruzamiento de datos de inteligencia con las autoridades de Argentina, Bolivia y Brasil, países con los que se tiene convenios de cooperación para el efecto.
Mediante el acuerdo con los Estados Unidos, el Gobierno paraguayo podrá ejercer una mejor tarea en la persecución de los narcotraficantes a fin de eliminar el crimen internacional, lo que ayudará a un combate más efectivo contra el delito que no tiene fronteras.
El respaldo del país del norte es uno de los principales logros alcanzados por la administración del presidente Santiago Peña. Y constituye uno de los mejores beneficios que está obteniendo el Paraguay para la seguridad de sus fronteras y la persecución de los delincuentes que han contaminado seriamente estas tierras. Por ello la ciudadanía tiene que valorarlo y prestar su apoyo teniendo en cuenta que el país aprovechará las ventajas que vienen de parte de una nación amiga, que es una las más grandes potencias del mundo.
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Ande obtiene la calificación más alta en Nivel de Madurez Optimizado, entre 400 empresas públicas
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) obtuvo la calificación más alta en el Nivel de Madurez Optimizado, destacándose entre más de 400 empresas públicas evaluadas.
Este importante reconocimiento refleja el compromiso institucional con la eficiencia, la transparencia y la mejora continua en sus procesos de gestión.
La excelente calificación alcanzada posiciona a la estatal como una de las entidades líderes, obteniendo 4,01 puntos en la evaluación del sistema de control interno realizada por la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
Este histórico resultado constituye un motivo de orgullo institucional y refleja el firme compromiso de la Ande con la transparencia, la mejora continua, la eficiencia en la gestión y el fortalecimiento permanente de su Sistema de Control Interno, señalaron autoridades del ente.
Con este importante reconocimiento, la Ande se posiciona como referente de excelencia en la administración pública paraguaya, consolidando una gestión moderna, responsable y orientada a brindar servicios cada vez más eficientes y de mayor calidad a toda la ciudadanía.
Destacaron que este logro sin precedentes en el país fue posible gracias al trabajo en equipo, al compromiso y a la dedicación de los funcionarios administrativos y operarios técnicos, quienes, con profesionalismo y vocación de servicio, contribuyen diariamente al fortalecimiento y crecimiento de la institución.
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UIP plantea cinco reformas para evitar el deterioro del sistema jubilatorio del IPS
El sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS), enfrenta crecientes desafíos financieros y, ante este escenario, el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), presentó una propuesta de reformas orientadas a extender la sostenibilidad del fondo previsional y evitar un mayor deterioro de sus reservas.
El informe advierte que actualmente el Fondo de Jubilaciones y Pensiones registra un déficit operativo anual superior a USD 70 millones, situación que obliga a utilizar parte de las rentas generadas por las reservas para cubrir el pago de jubilaciones. Según el análisis, si no se aplican medidas correctivas, el sistema podría comenzar a consumir directamente su capital acumulado en las próximas décadas. Ante esta situación, la UIP propone cinco pilares de reforma que apuntan tanto al fortalecimiento financiero como a la modernización institucional del IPS.
Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con el IPS, correspondiente al aporte del 1,5 % de la masa salarial establecido por ley. El gremio propone que esta deuda sea formalizada mediante un bono perpetuo y que el aporte corriente sea incorporado regularmente al Presupuesto General de la Nación (PGN) desde 2027.
La propuesta contempla además la creación de un fondo blindado, cuyos recursos no puedan ser utilizados para gastos corrientes durante los próximos 20 años, con el objetivo de fortalecer las reservas previsionales.
Otro de los cambios planteados apunta al pago del aguinaldo de los jubilados. El estudio sostiene que este beneficio fue financiado históricamente con recursos del propio fondo jubilatorio, afectando la acumulación de reservas. Para corregir esta situación, la UIP plantea un aporte previsional anual aplicado sobre el aguinaldo de trabajadores activos, compartido entre empleados y empleadores, destinado exclusivamente a financiar ese beneficio.
El documento también considera clave ampliar la cantidad de aportantes al sistema. Actualmente, la cobertura previsional alcanza a poco más de una cuarta parte de la población económicamente activa. Por ello, se propone avanzar en políticas de formalización laboral e impulsar el crecimiento industrial, bajo el argumento de que una economía con mayor generación de empleo formal fortalece automáticamente los ingresos del IPS.
El quinto eje se centra en una transformación de la gobernanza institucional. Entre las medidas sugeridas figuran la conformación de un directorio técnico, auditorías externas periódicas, digitalización de procesos y publicación constante de información financiera.
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El Congreso de Bolivia abre vía para frenar protestas con un estado de excepción
El Congreso de Bolivia abrió ayer martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia. Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.
“Queda sancionada la presente ley”, dijo el jefe de la Cámara, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 diputados. Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores que pedían medidas para enfrentar la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora su renuncia.
Además de poder sacar a los militares a las calles para apoyar a la policía en la contención de las manifestaciones, los estados de excepción limitan las libertades de movilidad y reunión, vitales para protestar. Los críticos de la derogación de la norma, como el diputado Edwin Valda, argumentaron el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Para su colega Sonia Siñani, con la decisión de ayer martes se echará “gasolina al fuego” en las protestas.
En cambio, los defensores señalan que la ciudad de La Paz, sede del gobierno, sufre un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos. “Esta ley ha sido una camisa de fuerza” para resolver el problema, opinó el diputado Alejandro Reyes. La derogación de la norma, impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue exonerada del trámite común para sacarla adelante en solo una semana.
La norma eliminada se remonta a la crisis social de hace seis años, que dejó más de 30 muertos y derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, tras su última reelección entre acusaciones de fraude de la oposición. Tras asumir el poder la derechista Jeanine Añez, el Congreso, entonces aún controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, buscó atar de manos al gobierno en la aplicación de mecanismos de represión de las protestas.
Bajo esa ley, los estados de excepción debían ser aprobados por los parlamentarios, que además podían modificarlos para evitar posibles abusos de poder. El gobierno de Paz asegura que las protestas buscan “alterar el orden democrático” y acusa a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsarlas.
Fuente: AFP.