Teniendo en cuenta que la remuneración complementaria que los trabajadores perciben cada año por sus servicios prestados a un empleador es la más esperada, la Dirección de Inclusión Financiera (DIF) del Ministerio de Hacienda (MH) elaboró una serie de recomendaciones para aprovechar mejor este beneficio ante la proximidad del pago tanto en el sector público como en el privado.
Según informaron este viernes, uno de los principios de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), avalado por el G20 es el empoderamiento que implica desarrollar educación y las capacidades financieras de las personas. Esto permite alcanzar la salud financiera en la medida en que las personas aprenden a gestionar sus obligaciones financieras actuales y sentirse seguras de su futuro.
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Para darle un uso correcto, la dependencia recomendó que primeramente se debe hacer un presupuesto, pues es importante planificar en qué se utilizará el aguinaldo antes de recibirlo. Asimismo, situó en segundo lugar al ahorro para un fondo de reserva, atendiendo a que puede servir para hacer inversiones a futuro como reparar la casa, financiar la educación y para un fondo de emergencia en caso de imprevistos.
En tercer puesto se encuentran las deudas y otras obligaciones. Sobre este punto indicaron que el aguinaldo puede ser destinado al pago de deudas pendientes como préstamos, tarjetas de créditos y servicios. Por último, utilizarlo para darse unos gustos. “Después de haber realizado un presupuesto, también es importante darse un gusto, como un viaje al interior, alguna actividad recreativa y otros”, afirmaron.
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Congreso buscará presupuesto “sensato” y alineado a lo que plantea el MEF
El senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, indicó que existe un gran consenso entre los parlamentarios con el fin evitar “inflar” el plan de gastos remitido por el Poder Ejecutivo. Asimismo, descartó posibles incrementos salariales para los legisladores y afirmó que el aumento de recursos se destinará a áreas claves.
“Nosotros estamos en la misma lógica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de evitar inflar el presupuesto, hemos conversado en más de una oportunidad en el Senado, que es donde se define el tema presupuestario porque somos la Cámara revisora. Debemos ser sensatos en el análisis, porque muchas veces los legisladores tienen sus propias preocupaciones, que es hasta razonable, pero si no hay recursos, no se puede asignar lo que no se tiene”, expresó.
En conversación con varios medios de prensa, el parlamentario recordó que es una atribución constitucional del Congreso estudiar y modificar el presupuesto, y que, recientemente no se han dado aprobaciones a libro cerrado, no obstante, buscarán ser responsables, de modo a no superar los topes establecidos por la autoridad económica.
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“Debemos ser muy racionales en el momento del análisis para no pasar los topes presupuestarios establecidos por el Poder Ejecutivo. A mí me parece muy razonable lo que plantea el Ministerio de Economía en cuanto a que esos aumentos pudieran darse en educación, salud y seguridad”, expuso.
Ovelar descartó que el presupuesto del 2026 incluya aumentos salariales para los legisladores, esto teniendo en cuenta que en tratamiento anterior, hubo un incremento que no generó buenas sensaciones en la ciudadanía. “El último incremento generó roncha y los colegas entendieron que no es momento de hacer ninguna excepción que incluya al Congreso”, aclaró.
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ASU 2025 dejó un impacto económico de casi USD 500 millones al país
El presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, dio a conocer un estudio realizado por el MF Economía, con datos del COP y el Banco Central del Paraguay (BCP), que revela que el impacto total que dejaron los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 fue de USD 431,3 millones.
El presupuesto total de los Panamericanos Junior fue de USD 85.000.000; el impacto directo estimado es de USD 156,6 millones e incluye una inversión de infraestructuras, gastos de la organización, inversión en la preparación del atleta, gastos de los visitantes, entre otros.
El impacto indirecto que estipula un derrame en la economía, por el turismo, hotelería, es de USD 274,8 millones. El estudio indica que esta consecuencia económica positiva para el país representa el 0,9 % del producto interno bruto (PIB).
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Es decir que, el retorno sobre la inversión fue 2,75 veces, lo que demuestra la capacidad del evento para multiplicar los recursos inyectados a la economía.
La distribución de los gastos principales realizados por extranjeros quedó de la siguiente manera: 15 % en transporte; 27 % en alimentación; 38 % en alojamiento y 20 % otros (shoppings, etc).
De acuerdo a los datos de todos los puestos de control, este año hubo +86 % de turistas que el año pasado. Del 7 al 23 de agosto se registró una entrada de 112.215 personas, mientras que en el mismo periodo, pero de este año, ingresaron 208.583 personas.
“Los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 no solo marcaron un hito deportivo, también dejaron un legado económico real para el país: generación de empleos, impulso al turismo y fortalecimiento de la infraestructura. Paraguay puede esto y mucho más”, manifestó al respecto el titular del COP.
Los Panamericanos Junior no solo posicionaron a Paraguay como anfitrión de un evento de alto nivel, sino que también consolidaron su imagen como destino turístico confiable y preparado. La sinergia entre deporte y turismo se convierte así en una herramienta poderosa para el desarrollo económico y la proyección internacional del país, afirmó la ministra de Turismo, Angie Duarte.
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Poder Judicial: piden ampliación presupuestaria para infraestructura y servicios
Ante las comisiones de Presupuesto y de Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados, este martes el titular de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel presentó los fundamentos de la solicitud de ampliación presupuestaria correspondiente a la Fuente 30, compuesta por recursos generados por el propio Poder Judicial.
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“Los fondos serán destinados prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, así como a inversiones en infraestructura, tecnología y servicios, incluyendo avances en digitalización documental de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), en el marco de los preparativos para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN)”, explicó.
Los legisladores escucharon con atención las apreciaciones del doctor, quien profundizó en los objetivos estratégicos de la solicitud de ampliación presupuestaria, orientada a garantizar la continuidad operativa de proyectos institucionales en curso, la cobertura de compromisos contractuales vigentes y la adecuación progresiva de la infraestructura judicial.
“Con esta propuesta se busca atender necesidades impostergables no contempladas en el plan financiero actual, consideradas esenciales para el funcionamiento regular del sistema judicial”, indicó.
También aclaró que los fondos solicitados provienen exclusivamente de recursos institucionales generados por tasas y servicios prestados por el propio Poder Judicial, sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.
Dentro de las áreas prioritarias de inversión, se contemplan:
- la adecuación edilicia de sedes judiciales
- el fortalecimiento de la seguridad institucional
- la adquisición de equipamiento e insumos indispensables para sostener la operatividad a nivel nacional
- la cobertura de gastos en servicios personales y no personales
- la compra de bienes de consumo y de inversión física
Contratos vigentes
Según lo expuesto, se proyecta una asignación de G. 28.680.500.000, que será destinada prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, además de permitir —según disponibilidad— nuevos llamados para servicios especializados.
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El director general de Administración y Finanzas señaló que parte de estos fondos posibilitará el avance en el proceso de digitalización certificada de documentos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), como parte de la etapa preparatoria para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN), un sistema que prevé integrar progresivamente los servicios registrales actualmente distribuidos en distintas dependencias.
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Diputados analizará pedido de ampliación para Dimabel para compra de explosivos
Este martes, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, destinada a la adquisición de materias primas para explosivos.
El general Melanio Servín, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó que este pedido es para responder a la alta demanda comercial de explosivos, en el ámbito de la construcción.
En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que el año pasado tuvieron un recorte a la propuesta de presupuesto para este año, y eso está obligando ahora a solicitar de vuelta una ampliación, debido a la alta demanda comercial. Tienen recursos para aguantar un tiempo más pero no para llegar a fin de año.
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La propuesta que ahora es impulsada por el Poder Ejecutivo propone una ampliación presupuestaria de G. 36.989.084.573, con Recursos Institucionales (Fuente 30), para el Ministerio de Defensa Nacional.
Estos recursos serán destinados a la adquisición de materias primas para la producción y comercialización de explosivos, accesorios y productos afines, en cumplimiento con la Ley N° 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos. Este proyecto está en su primer trámite constitucional.
Recursos insuficientes
El general Servín explicó que el año pasado recibieron un presupuesto total de G. 72 mil millones, de los cuales un poco más de G. 50 mil millones fue destinado a explosivos, pero ya entonces habían quedado cortos o insuficientes, en razón al aumento de la demanda por uso comercial de explosivos en el Paraguay.
“Ya el año pasado recurrimos a ampliaciones con transferencia de créditos, todos de fuente 30, para poder tener los explosivos de uso comercial, para todas las canteras del país. Hay un crecimiento aproximado del 15 % anual. Por eso, para este año se había pedido aproximadamente un presupuesto de 130 millones de guaraníes”, explicó.
Indicó que, si no se logra esta ampliación, en unos 30 a 60 días comenzarán a tener problemas para el flujo en la reserva y eso puede repercutir en el ámbito de la construcción/economía del país.
“Por eso, ya habíamos solicitado este presupuesto de G. 130 mil millones, pero lastimosamente se nos dio un presupuesto de un poco más de G. 70 mil millones este año, lo cual es totalmente insuficiente. En este momento, estamos cumpliendo gracias a las transferencias de fuente 30 de las Fuerzas Armadas para cumplir con la demanda. Es por eso, que solicitamos ahora esta ampliación de vuelta”, explicó.
Remarcó que ahora, nuevamente están presentando en el anteproyecto del Presupuesto General para el 2026, de vuelta el presupuesto de G. 135.000 millones, para no tener que volver a recurrir a ampliaciones el próximo año.
Llegando al tope
Respecto al stock con el que cuentan para este año, señaló que ya hay materiales que están llegando al tope, por ello ya están recurriendo a la transferencia de créditos de las Fuerzas Armadas, siempre en lo que hace a fuente 30 y con ello están cubriendo mínimamente las necesidades.
“Acá lo ideal es tener materiales en guarda por lo menos para abastecer entre 6 a 8 meses, para poder garantizar los materiales que son primordiales para todo lo que son la construcción tanto para el Estado, como para el sector privado. Hay que recordar que toda la fabricación de cemento, cal, concreto, que se producen en las canteras, el 98 % utiliza explosivos”, acotó.
Finalmente, dijo que el proyecto de ampliación ya estaría contando con dictamen favorables de las respectivas comisiones asesoras de la Cámara Baja, por lo que espera que este martes logre la media sanción correspondiente.