Un voraz incendio consumió gran parte de una humilde vivienda en la ciudad de Itá. Se sospecha que una vela habría provocado el siniestro. Afortunadamente, no se reportaron heridos. El hecho se inició anoche, alrededor de las 21:00, y rápidamente se extendió por toda la casa, ubicada en el barrio San Blas de dicha ciudad.

Resultó víctima Milciades Andrés Amarilla Benítez (50), propietario del inmueble. El hombre resultó ileso, según datos de los intervinientes. Ante la alerta del Centro de Operaciones Policiales, agentes de la Comisaría 12.ª de Itá acudieron al lugar y convocaron a los Bomberos Voluntarios.

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Los rescatistas trabajaron arduamente para controlar las llamas y realizar el posterior enfriamiento de la estructura, que quedó prácticamente reducida a cenizas. El dueño de casa manifestó a los intervinientes que había dejado una vela encendida, elemento que presumiblemente habría originado el incendio.

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas con quemaduras o afectadas por la inhalación de humo. Sin embargo, el fuego dejó serios daños materiales a la casa. Se quemaron muebles, utensilios, electrodomésticos, entre otros bienes.

Ante la magnitud del incendio, Bomberos de la Primera Compañía Departamental de Yaguarón acudieron al lugar del siniestro para apoyar los trabajos de los Bomberos de la Sexta Compañía de Itá. “Se procedió a realizar trabajos de extinción, enfriamiento y ventilación, logrando controlar el fuego y evitar su propagación a habitaciones colindantes”, informaron.

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La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.

Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.

Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.

“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.

El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.

Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.

Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.

La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.

“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.

El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.

A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.

El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.

En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.

Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.

“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.

El desarrollo de la infraestructura es uno de los principales desafíos para sostener el crecimiento económico de Paraguay. El ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) y director de Tecnoedil, sostiene que el país necesita aumentar los recursos destinados a obras para reducir las brechas existentes en rutas, energía, agua y saneamiento, además de fortalecer los servicios públicos.

Al frente del gremio, Sarubbi impulsa el diálogo entre el sector público y el privado para promover proyectos que respondan a las necesidades del país. Entre sus prioridades figuran la previsibilidad presupuestaria, el cumplimiento de los pagos del Estado y el aprovechamiento de herramientas como las concesiones y las alianzas público-privadas (APP). También advierte que la falta de continuidad en las inversiones dificulta la planificación de las empresas, la capacitación de trabajadores y la generación de empleos.

En entrevista con La Nación/Nación Media, el titular de Cavialpa analiza las necesidades de inversión, los desafíos financieros de las constructoras y las condiciones que Paraguay debe generar para atraer industrias y consolidarse como un centro logístico regional.

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Creo que, por sobre todo, tenemos que trabajar para que se entienda la necesidad de invertir en infraestructura. No debemos mirar solamente los intereses particulares de las empresas constructoras, sino tener una visión más amplia y entender lo que necesita el país. A partir de eso, debemos definir qué obras hacen falta y qué mecanismos de financiamiento se pueden utilizar, ya sea mediante deuda pública, concesiones o alianzas público-privadas. Tenemos que crear las condiciones para aprovechar el potencial de crecimiento económico de Paraguay.

Es importante que se invierta a un ritmo de entre el 4 % y el 5 % del PIB por año. Hoy no estamos llegando ni siquiera a la mitad de ese nivel. Para el próximo año estamos hablando de un poco más de USD 1.000 millones, mientras que el 4 % del PIB representa más de USD 2.000 millones. Podría ser posible alcanzar esos niveles en el futuro si también se reducen los costos fijos del Estado y se utilizan herramientas como las APP y las concesiones, que pueden complementar la inversión pública.

Uno de los principales problemas es la falta de previsibilidad sobre los volúmenes de inversión que habrá en los próximos años y los plazos de pago de las obras ejecutadas. Las empresas necesitamos saber cuántos proyectos habrá para dimensionar nuestros equipos, contratar personal y capacitarlos. También dependemos del financiamiento bancario para comprar maquinaria y materiales. Cuando el Estado no cumple con los tiempos de pago, los costos financieros aumentan mucho más de lo previsto y eso termina afectando la rentabilidad de las obras.

Estamos trabajando con el Parlamento para tratar de que el presupuesto sea acorde a las necesidades del sector. En 2026 tuvimos una de las mayores dificultades porque se aprobó un presupuesto bastante inferior a lo que necesitábamos. Para 2027 buscamos que no ocurra lo mismo. El proyecto presentado tiene un desequilibrio entre los fondos externos y los fondos locales, con una previsión bastante inferior a las necesidades en este último componente. Tenemos que trabajar para equilibrar esos recursos y contar con presupuestos acordes a las obras que se licitan.

La mano de obra paraguaya tiene mucha calidad. El problema es que, si no existe una política de Estado a largo plazo y no sabemos cuáles serán los volúmenes de inversión de los siguientes años, se vuelve difícil planificar. Hoy contratamos personal porque hay obras, capacitamos a los trabajadores y después, cuando disminuye la inversión, a veces tenemos que dejarlos ir. Esa capacitación es una inversión que no quisiéramos perder, pero no siempre tenemos otra alternativa.

La infraestructura genera condiciones para que haya inversión privada, y esa inversión produce mano de obra y mayores oportunidades para los ciudadanos. Una ruta no significa solamente transportar materias primas, sino también poder llegar al trabajo, a la escuela o a un hospital. Las obras mejoran la calidad de vida de la población y permiten que el país aproveche mejor sus oportunidades de crecimiento.

Paraguay tiene que transformarse en un centro logístico en el corazón de Sudamérica y aprovechar la cercanía con Brasil y Argentina para industrializar una mayor cantidad de productos y materias primas. Para eso necesitamos reducir los costos logísticos, desarrollar las hidrovías y pavimentar más caminos. También necesitamos energía en cantidad y calidad en todos los puntos del país. Es difícil atraer industrias si no podemos garantizar un suministro energético confiable, que permita a las empresas trabajar sin interrupciones.

Las concesiones y las alianzas público-privadas son herramientas muy importantes para complementar la inversión del Estado. Sin embargo, son proyectos complejos que requieren una buena estructuración y el compromiso de las instituciones públicas para avanzar de manera dinámica. También es fundamental que los riesgos estén bien distribuidos entre el Estado y el sector privado, de acuerdo con la capacidad de cada parte para administrarlos.

Más de 120.000 personas trabajan actualmente en el sector vial, dentro de las aproximadamente 270.000 que se desempeñan en la construcción. Además, las empresas asociadas a Cavialpa están diversificadas y trabajan en distintos rubros, como rutas, movimiento de suelos, energía y puertos. Es un sector que genera muchas oportunidades para los jóvenes y en el que también aumenta la participación de las mujeres. Por eso, es importante sostener las inversiones, profesionalizar las empresas y fortalecer la capacitación.

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Creo que las empresas van a seguir creciendo, profesionalizándose y diversificándose mientras el país mantenga su crecimiento. También aliento a que comiencen a mirar hacia el exterior y busquen ejecutar obras en otros países. Ya hay empresas paraguayas que están trabajando en mercados vecinos y en otros destinos, lo que demuestra que tenemos capacidad para competir fuera del país. Para seguir avanzando, necesitamos previsibilidad, proyectos bien estructurados y una visión de largo plazo para la infraestructura nacional.

• Paul Sarubbi tiene 50 años y es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Cuenta con una maestría en ingeniería vial, realizada mediante un convenio entre universidades paraguayas y la Universidad Católica de Chile, además de otra en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Austral de Argentina.
• Es director de la empresa constructora Tecnoedil y presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), gremio desde el cual representa al sector constructor y promueve el desarrollo de infraestructura de gran porte.

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El Ministerio Público investiga un presunto caso de tentativa de feminicidio reportado en la comunidad de Arroyo Morotí, distrito de Abaí, departamento de Caazapá.

El principal sospechoso, identificado como Agustín Yaspe Sotelo (43), fue aprehendido tras ser acusado de ser el causante de un incendio que consumió por completo una vivienda, donde se refugiaron su pareja e hijos.

Según explicaciones del fiscal José Alberto Núñez, de San Juan Nepomuceno, el incendio habría sido provocado intencionalmente en medio de un ciclo de violencia contra su pareja. Alrededor de las 22:00 del lunes, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, quien posteriormente huyó de la vivienda que compartían junto con sus dos hijos menores.

Se refugiaron en una casa vecina perteneciente a Bernardino Sotelo Giménez (63), con la intención de ponerse a salvo.

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Sin embargo, el sospechoso habría continuado amenazándolos de muerte y luego habría llegado hasta el inmueble, rociando combustible y prendiendo fuego a la vivienda ajena.

La madre logró escapar junto con los dos menores, evitando que el hecho terminara en una tragedia. No obstante, el fuego consumió por completo la casa y sus pertenencias, generando importantes pérdidas materiales para el dueño de casa, quien sería tío del sospechoso.

El supuesto autor fue detenido a unos 500 metros del lugar, con un machetillo en su poder. El Ministerio Público considera que, por los antecedentes de violencia y las amenazas previas, el sospechoso habría tenido la intención de matar a su pareja y a los niños. El fiscal Núñez imputó al hombre por tentativa de feminicidio y producción de riesgos comunes, solicitando su prisión preventiva.

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