Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) entregó 18 viviendas sociales construidas a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) a familias del barrio San Ramón de Caaguazú. El ministro Juan Carlos Baruja indicó que con la entrega de estas casas el Gobierno nacio­nal está otorgando a las fami­lias paraguayas una vivienda digna y segura.

“Hoy entregamos 18 nue­vas viviendas en el territo­rio social San Luis. Cada llave representa una nueva vida: más digna, más segura, más esperanzadora. Estuve acompañado por el senador Silvio Ovelar, el gobernador Marcelo Soto, el diputado Miguel del Puerto y la con­cejal Raquel Alvarenga, quie­nes se suman al compromiso de construir un Paraguay con más oportunidades”, expresó a través de su cuenta de red social X.

De acuerdo al informe del Ministerio de Viviendas, este proyecto habitacio­nal tuvo una inversión de G. 1.778.614.520, destacando que no solo fue una inversión para la construcción de las viviendas, sino para el bienes­tar de las familias beneficia­rias, la generación de empleo local, impulso en el comer­cio y el fortalecimiento en la industria nacional de mate­riales de construcción.

El ministro Baruja resaltó que el Gobierno nacional, a través del MUVH, ya ges­tionó 34.506 soluciones habi­tacionales en todo el país, de las cuales 22.759 ya fueron entregadas. “Desde agosto de 2023, el gobierno del pre­sidente Santiago Peña avanza firme en su compromiso con el acceso a viviendas dignas, gestionando”, sostuvo Baruja.

El Centro Cultural de la República El Cabildo, a cargo de Aníbal Sau­cedo Rodas, detalló las obras que realizarán con la amplia­ción presupuestaria de G. 1.880.000.000, en el Objeto de Gastos 522 – Construcción de obras de uso institucional, dentro del PGN 2025 del Con­greso Nacional. Y que forma parte de la ampliación presu­puestaria autorizada por el Decreto N.° 4309 del Poder Ejecutivo.

Señalan que la obra estará ubi­cada en el terreno colindante a la Casa Bicentenario de la Música Agustín Pío Barrios, en la calle Cerro Corá entre Tacuary y EE. UU., actual­mente utilizado como esta­cionamiento de dicha casa. Constará de 2 niveles y una terraza, con una dimensión de 170 m² por piso, incluye la anhelada sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta del Congreso de la Nación - OSIC, acondicionada con revestimientos acústicos y ajustada a las necesidades técnicas que una agrupación de este nivel requiere.

Asimismo, esta sala servirá para fines de ensayos de otras agrupaciones y como audito­rio para eventos musicales internos y externos. En el segundo piso se habilitará una sala de exposiciones de nuestro acervo permanente, como así también se podrá dotar, finalmente, de un espa­cio unificado y adecuado para el resguardo y acondiciona­miento de dicho patrimo­nio tangible, el cual por falta de espacio actualmente se encuentra resguardado en el Cabildo, en el Observato­rio Cultural y en la bóveda del BCP.

Completan la obra una terraza para múltiples usos y el estacionamiento en planta baja para mayor comodidad de los usuarios.

Destacan que todas las activi­dades y espacios del Cabildo y sus Casas del Bicentenario son de carácter gratuito. Los mismos se encuentran a dis­posición de la ciudadanía para la difusión de las disciplinas del arte y fortalecimiento de la consciencia y memoria his­tórica.

En ese contexto, conside­ran de suma importancia puntualizar que estos fon­dos contribuirán significa­tivamente a nuestra tarea de generar espacios nece­sarios para el cumplimiento de nuestros objetivos insti­tucionales; principalmente teniendo en cuenta el progre­sivo crecimiento del acervo cultural (obras de arte, docu­mentos, objetos y otros) y de la alta demanda que tenemos a diario, en cuanto a la reali­zación de actividades cultu­rales, tanto las generadas por el CCR Cabildo y las de inicia­tiva ciudadana o de sectores culturales.