La crisis financiera que afecta al sistema corporativo paraguayo podría tener consecuencias directas sobre el acceso al financiamiento internacional. El economista César Addario advirtió que los recientes acontecimientos relacionados con ueno bank están debilitando la percepción de los inversionistas sobre el país y podrían dificultar futuras emisiones de bonos de empresas paraguayas.

En entrevista con la 780 AM, sostuvo que el historial corporativo nacional en los mercados internacionales quedó golpeado y que, como consecuencia, la posibilidad de que nuevas compañías coloquen bonos en el exterior se encuentra prácticamente cerrada. “La ventana de emisión para cualquier empresa paraguaya hoy está cerrada”, afirmó.

Addario explicó que la situación afecta la imagen que Paraguay construyó ante los mercados internacionales, especialmente en torno a la solidez de su sistema financiero y la estabilidad macroeconómica, dos de los principales argumentos utilizados para atraer inversiones.

El impacto, según indicó, también comienza a reflejarse en el riesgo soberano. Detalló que el spread de los bonos paraguayos pasó de ubicarse entre 100 y 105 puntos básicos a aproximadamente 122 puntos. Aunque consideró que el incremento todavía no es significativo, advirtió que ya evidencia una transmisión de la incertidumbre corporativa hacia la República.

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En ese contexto, señaló que el escenario podría encarecer futuras operaciones de financiamiento, incluso para el Estado. Paraguay tiene prevista una importante emisión de bonos dentro del Presupuesto General de la Nación 2027, por lo que salir actualmente al mercado podría implicar mayores tasas de interés y una menor cantidad de inversionistas dispuestos a prestar al país.

No obstante, diferenció la situación de las empresas privadas de la capacidad de financiamiento soberano. A su criterio, la República debería esperar a que se resuelvan los acontecimientos y se conozca el alcance de sus consecuencias, ya que una emisión en este momento podría trasladar directamente al costo de la deuda pública la incertidumbre generada.

Como referencia, mencionó el caso de una entidad bancaria de Guatemala, que atravesó una crisis y fue intervenida por el banco central de ese país. Según explicó, el proceso de cierre y pago a los ahorristas se desarrolló de manera ordenada, lo que permitió que posteriormente el soberano volviera a los mercados internacionales sin experimentar un impacto significativo.

Finalmente, Addario advirtió que mantener formalmente el grado de inversión no necesariamente significa que el mercado continúe percibiendo al país bajo esa misma categoría. Explicó que existe una diferencia entre conservar una calificación crediticia y contar efectivamente con la confianza de los inversionistas, por lo que será determinante cómo se gestione la crisis actual y si se evita que sus efectos se extiendan a otros sectores.

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Las relaciones diplomáticas entre el Paraguay y los Estados Unidos de América están en sus mejores momentos gracias a los numerosos acuerdos suscriptos y el propósito fundamental de marchar juntos hacia nuevos logros políticos y económicos mediante la relación amistosa de ambos gobiernos. En ese sentido, se puede afir­mar que la gestión del presidente Santiago Peña ha escalado a su punto más alto en su relacio­namiento con la más poderosa nación de Occi­dente y una de las más importantes del mundo. Un logro que hasta ahora no se ha podido obte­ner en el pasado y que remarca claramente el éxito de esta gestión gubernamental.

Se puede afirmar que la alianza estratégica entre nuestro país y la nación del norte ha adquirido su mejor posición en varios sectores bien específicos, que constituyen los mejores aciertos en el campo de la política internacio­nal de los últimos tiempos. La observación de lo acontecido en diversos renglones así lo están demostrando.

El encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país, Robert Alter, ha señalado que debido a los numerosos acuerdos entre ambos gobiernos se está viviendo un “momento de oro” en las relaciones entre las dos naciones. Y en esa feliz expresión se resume lo que se vive en la actualidad.

La alianza estratégica se ha profundizado durante el gobierno actual por los acuerdos realizados en varios asuntos de interés nacio­nal, lo que ayudará a mejorar en gran medida la situación de nuestro país.

Uno de los convenios se relaciona con la adqui­sición por Paraguay de un sistema de radar para la aviación con el propósito de fortalecer la vigilancia aérea y combatir el tráfico de los delincuentes. La compra de los radares se hará a través del programa norteamericano de Ven­tas Militares Extranjeras (FMS, por sus siglas en inglés).

En febrero último, nuestro país suscribió con EE. UU. un memorando de entendimiento sobre minerales críticos. El documento hará posible la cooperación para el suministro de minerales especiales necesarios para tecnolo­gías avanzadas.

Otro tema de gran relevancia es el relacionado a la utilización de energía atómica. Para ello ambos gobiernos están entablando negociacio­nes sobre el uso civil de energía nuclear que se conoce como Acuerdo 123. Con este convenio las empresas estadounidenses podrán exportar a nuestro país equipos y materiales nucleares civiles de gran envergadura.

Paraguay albergará centros de datos de inte­ligencia artificial. Y para ello se estableció un convenio entre la firma estadounidense Crusoe y la empresa paraguaya Araico, que se alimen­tarán con energía de Itaipú y estarán ubicados en Alto Paraná. La producción de estos centros estará destinada a clientes de Estados Unidos y de países de Latinoamérica.

En diciembre pasado, el gobierno paraguayo y el de EE. UU. anunciaron un acuerdo denomi­nado SOFA, que permitirá que personal civil y militar norteamericano participe en activi­dades de cooperación en territorio paraguayo para el fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional. Consistirá en entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y asistencia militar.

El Comando Sur de EE. UU. destinará una inversión cercana a 11 millones de dólares para fortalecer las fuerzas especiales paraguayas y la cooperación contra organizaciones crimina­les y terroristas. Incluye la entrega de equipos militares y dispositivos de visión nocturna.

Con la reciente visita a nuestro país del vice­canciller norteamericano, Christopher Lan­dau, se finiquitaron algunos acuerdos y su presencia de gran importancia política tuvo el toque afectivo de demostrar el cariño que tiene al Paraguay donde vivió varios años cuando niño.

Hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista político, la presencia y los dichos de Lan­dau en nuestro país tienen suma relevancia, porque constituyen un espaldarazo más para la administración gubernamental encabezada por el presidente Santiago Peña.

Tener un estrecho relacionamiento con otro país, con acuerdos y convenios de gran impor­tancia para el Paraguay, es un logro de trascen­dencia. Y que la contraparte sea nada menos que una de las más importantes naciones del mundo, como Estados Unidos, constituye un acontecimiento de inmenso valor, muy cercano a una proeza.

De ese modo, aparte del gran crecimiento eco­nómico que está viviendo el país, se tiene tam­bién la conquista muy significativa en materia de relacionamiento diplomático con los países de mayor peso internacional. Lo cual es una ventaja de enorme alcance que se debe aprove­char para el mayor desarrollo de la nación para­guaya.

La necesidad de anticiparse al crecimiento de la demanda energética y generar condiciones para atraer inversiones privadas se perfila como uno de los principales desafíos para sostener la expansión industrial en Paraguay. Desde el sector empresarial advierten que la planificación debe comenzar con anticipación, considerando que la instalación de nuevas centrales de generación requiere varios años.

Francisco Martino, referente de la UIP Joven, señaló que la energía constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, por lo que considera fundamental establecer condiciones que permitan ampliar la capacidad de generación en el país y responder a las necesidades futuras de las industrias.

“Tenemos que adelantarnos a eso y no esperar a tener el problema, porque son procesos largos”, manifestó al referirse a la posibilidad de que la demanda supere la disponibilidad energética. En ese sentido, explicó que la instalación de una planta de ciclo combinado puede tomar entre cinco y seis años, lo que refuerza la importancia de comenzar a trabajar desde ahora en alternativas que garanticen el abastecimiento.

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El empresario sostuvo que la generación de energía no debería depender exclusivamente del Estado, sino que también debe abrirse espacio a la participación del sector privado. Para ello, consideró necesario contar con un marco regulatorio que brinde seguridad a las empresas interesadas en invertir, producir y comercializar electricidad en Paraguay.

Martino indicó que existe capital disponible a nivel internacional que podría orientarse hacia proyectos energéticos en el país, siempre que se establezcan reglas claras y condiciones que permitan desarrollar estas iniciativas. A su criterio, facilitar la participación de nuevos actores contribuiría a fortalecer la capacidad de generación y a preparar al país para los requerimientos de una economía en crecimiento.

La disponibilidad de energía también representa un elemento relevante para la competitividad industrial, debido a que la expansión de las actividades productivas requiere condiciones que permitan operar y proyectar nuevas inversiones a largo plazo. En ese contexto, anticiparse a las necesidades futuras será clave para evitar que las limitaciones de infraestructura energética condicionen el desarrollo de nuevos emprendimientos.

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La herida más profunda del Chaco paraguayo comienza a sanar definitivamente. Después de 30 años de abandono, desamparo y promesas rotas, el Gobierno de la República del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), asumió con firmeza su deber moral e inició el proceso de titulación formal de 30.000 hectáreas, un patrimonio valorado en 20 millones de dólares que hoy se transfiere como donación definitiva para amparar a las familias campesinas y trabajadoras de esta emblemática comunidad.

Durante años, las portadas de medios internacionales como BBC News denunciaban ante los ojos del mundo una paradoja dolorosa: en pleno corazón de Sudamérica, un pueblo entero había sido vendido junto con sus habitantes a conglomerados extranjeros, dejando a generaciones enteras en la condición de extraños en su propia tierra, a merced de la intemperie y la zozobra.

Hoy, gracias a la política social de la Corporación Atenil y al objetivo del presidente Santiago Peña reflejado en la Nueva Ruralidad, Puerto Casado recupera el alma y la dignidad, demostrando así que nada puede estar por encima del derecho sagrado de las familias a echar raíces en paz.

La concreción de esta donación histórica de USD 20 millones no es un simple asiento contable ni un trámite de oficina; encarna el escudo protector del Estado que pone fin a tres décadas de incertidumbre y restituye la soberanía a los humildes:

* Reparación moral y soberanía popular: se pone fin al mito de la indefensión campesina. El Estado se hace presente con rostro humano en el territorio para cumplir la palabra empeñada y sellar la paz social en una comunidad forjada en la lucha y el sacrificio.

* El arraigo definitivo: las 30.000 hectáreas dejan de ser objeto de litigios interminables para transformarse en el patrimonio seguro donde crecerán los hijos de Casado, protegidos por títulos legítimos que nadie les podrá arrebatar.

* Desarme de los modelos extractivos: frente a la inercia del pasado que toleraba la desprotección comunitaria a favor del lucro discrecional, la autoridad asume con coraje su función de velar por los más vulnerables, transformando la tierra en un bien social e inclusivo.

“Durante tres décadas, a los pobladores de Puerto Casado se les negó el derecho más elemental: la certeza de saber que el suelo donde duermen sus familias les pertenece. El Estado paraguayo no podía seguir mirando hacia el costado. Hoy venimos a abrazar a este pueblo noble, a devolverle el alma a su comunidad y a entregarles la garantía inviolable de que nunca más estarán solos ni desamparados frente al poder de nadie”, expresó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Con el inicio del catastro y la mensura que culminará en la titulación masiva y directa a favor de las familias, el Gobierno nacional reafirma que la verdadera autoridad es la que defiende, ordena y cuida el hogar común. Puerto Casado se levanta hoy como el emblema de la dignidad recuperada y la victoria de la justicia rural, gracias a la voluntad de la Corporación Atenil y a la política de titulación masiva del Gobierno.

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