A efectos de contradecir sin argu­mentos al Poder Ejecutivo, algunos medios y sectores con “analistas” claramente estatis­tas, vienen insistiendo sobre la necesidad de aumentar el déficit fiscal e incluso subir los impuestos, sin tomar en cuenta lo que ello significa. Sin el adecuado análisis acerca de las consecuencias que acarrearía tal decisión apelan a una trampa que significará la caída no solo de las finanzas publicas, sino que tam­bién afectará a la política, sumado a un golpe mortal a la economía del país.

El gobierno del presidente Santiago Peña es claro con referencia a esta situación. Es pre­ciso seguir reduciendo el déficit fiscal dada su importancia para el presente y el futuro del país. Pero, y como dijimos, existen sectores que desean pan para hoy y hambre para mañana. No les interesa mantener el equilibrio finan­ciero ni monetario Para ellos, hay que subir el déficit fiscal sin correspondencia alguna con la realidad económica y si hay que aumentar los impuestos habría que hacerlo sin titubear.

Si fuera por ellos, subirán el déficit fiscal al punto de salir de la la Ley de Responsabili­dad Fiscal para llegar a más del 3 por ciento mediante una ley especial que le daría carta blanca al Estado para elevar los topes de gastos establecidos durante el presente gobierno.

Esta es una trampa. Al respecto, estamos segu­ros que el Gobierno no pisará el palito como se dice coloquialmente. La expresión trampa tiene absoluto sentido. Ninguna persona de bien con conocimientos básicos de finanzas y economía estaría de acuerdo con elevar el déficit fiscal porque se sabe que termina en el más absoluto desquicio de las finanzas y en la inestabilidad monetaria. Más allá de lo que establece la ley respectiva, en el corto plazo no se podrán soportar los nuevos egresos, lo que supone un escenario dantesco del que ningún país desearía encontrarse y sucederá en este gobierno, situación que algunos desean ocurra.

Gastar más de lo que se recauda como pro­puesta y, peor aún, llevarla a la práctica desde el poder público es un acto antipatriótico. Es iniciar un camino hacia el infierno por el cual se podrá saber cuándo empieza pero nunca cuándo termina, como en efecto la experien­cia muestra en otros países que han padecido largas décadas soportando los alucinantes des­varíos populistas del estatismo. Habiéndose ingresado en aquel escenario, se exacerbarán los ánimos políticos. En cualquier momento podrían formarse nuevas mayorías en el Con­greso que tendrán la llave de aumentar los ingresos sin que el poder Ejecutivo pueda hacer algo, excepto vetar esas nuevas leyes, lo que supondría agotar la confianza entre ambos poderes, precisamente la ante sala de situaciones que los adversarios del Gobierno desean que suceda.

El Presupuesto de Gastos es una herra­mienta que no está disponible para su uso únicamente por el Poder Ejecutivo. El Con­greso es el que decide finalmente con su aprobación los gastos estatales y se ha visto que Ejecutivo tuvo que poner frenos a esas multimillonarias erogaciones mediante la fijación de topes presupuestarios con la revi­sión de la debida disponibilidad financiera, el monitoreo del flujo de caja y otros mecanis­mos buscando equilibrar ingresos y egresos.

Ese equilibrio que en este momento le per­mite al país su crecimiento y haber obtenido sus dos grados de inversión, ocurre porque el Ejecutivo lleva a cabo bien su tarea, acom­pañado por el Congreso, especialmente con el bloque afín al Gobierno. Pero no siempre puede darse de ese modo. Es más, hasta puede ocurrir una diferencia entre los miembros de un mismo sector, como en efecto sucedió con el tratamiento de las cajas fiscales, donde el Ejecutivo propuso un proyecto y luego fue modificado en el Senado. Los escenarios son cambiantes en la política, como sabemos ocu­rre en todas partes.

En relación al déficit fiscal y los gastos, en este momento el Ejecutivo ha dicho dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Lo primero es que ante el escenario en que se encuen­tran las finanzas públicas debido a la merma en la recaudación se hace imperativo reducir los gastos para cumplir con el déficit progra­mado, esto es, volver cuanto antes a no más del 2,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB). Y segundo, que ante esta situación, el Gobierno no está dispuesto a elevar los impuestos aunque ello implique soportar el asedio populista de algunos sectores y “analistas” que desean se incremente el déficit para luego ver qué hacer con la economía. Insistimos, esta es una trampa. Hay que evitarla y ni siguiera consi­derarla. De ocurrir significaría ingresar a una espiral inflacionaria junto con el exponen­cial aumento del endeudamiento y más gastos que terminará por debilitar al gobierno hasta dirigirlo a su fracaso, como precisamente algunos desean y demasiado. Aumentar el déficit fiscal y los impuestos es una trampa económica y política.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

Desde el Poder Legisla­tivo apuntan a abrir el diálogo para bus­car posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farma­céuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumu­lada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cris­tina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

“Nosotros tenemos que sen­tarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuesta­rias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presu­puesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Minis­terio de Economía cuánto tene­mos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos dispo­nible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

Villalba adelantó que la comi­sión asesora también convo­cará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos, para anali­zar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Econo­mía y vamos a abordar con él cuánto es lo que dispone­mos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presu­puestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputa­dos, el espíritu es de seguir apoyando la administra­ción del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Para­guay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros esta­mos abiertos al diálogo, noso­tros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afec­tadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.

El diputado Rodrigo Gama­rra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.

“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un pro­blema estructural que Para­guay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administra­ciones anteriores por mon­tos muy importantes. Preten­der instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.

Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo dis­tinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los provee­dores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasla­dar este problema al próximo gobierno, eso es responsabi­lidad, no improvisación”, expresó.

Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compro­misos”, y “el desafío no es ele­gir a quién pagar, sino soste­ner el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.

Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin pro­poner soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no adminis­traron ni un almacén). Es administrar realidades com­plejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió

Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apo­yando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con dis­cursos alarmistas o simplifi­caciones oportunistas, sino acompañar soluciones: gene­rar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garanti­zar que este proceso de nor­malización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, pun­tualizó.

• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Carlos Fernández Valdovinos no solo no renunció al Ministerio de Economía, como algunos afirmaron que lo haría, sino que reapareció en público anunciando un plan económico de varios meses de duración, que representará un “ajuste de cinturones” y la puesta en práctica de una “economía de guerra” en la administración central. Sonó fuerte, muy fuerte, sobre todo considerando que no desarrolló estos titulares que asuntan a cualquiera.

Entre los aspectos más resaltantes, Fernández nos dijo que “el país está bien, pero el Tesoro está mal” (?). Explicó que hubo una disminución de las recaudaciones y de los recursos provenientes de las hidroeléctricas (-600 millones de dólares) como consecuencia de la abrupta caída de la cotización del dólar. Por esta razón, alega, no podríamos seguir al mismo ritmo de gastos que cuando los ingresos iban en aumento y no quedaría otra opción más que “cerrar los grifos”, prometiendo que eso no afectará a cuatro sectores: salud, educación, seguridad y protección social. Ni que impedirá pagar las deudas acumuladas a vialeras y laboratorios, aunque no todas, tal como lo adelantó.

Esa es “la filosofía” de cómo abordar los serios problemas del Tesoro, que combina deudas impagas que se van acumulando con la falta de recursos para honrarlas. Pero hasta ahora se desconocen las medidas específicas que contempla el plan en cuestión y, por tanto, resulta difícil dimensionar el impacto que tendrá en la vida de los paraguayos o, partiendo de los objetivos enunciados por el ministro, imposibilita saber quiénes y qué tanto terminarán “ajustándose los cinturones”.

Hecha la salvedad, corresponde sin embargo formular algunas alertas e interrogantes.

Las referencias al “ajuste” y a su igual, la “economía de guerra”, como estrategia para estabilizar las cuentas del Estado, tiene efectos muy concretos que normalmente se expresan en recortes importantes en la inversión pública, con implicancias negativas en lo que respecta al empleo, al dinero circulante, al consumo y desliza frecuentemente a los países que la implementan hacia situaciones recesivas, según lo atestigua la experiencia regional e internacional. Y todo esto, demás está decir, tiene implicancias sociales y políticas.

De hecho, Fernández ya manifestó en entrevistas periodísticas que en los próximos meses se desacelerará la inversión en obras públicas, que por cierto ya vienen “ralentizadas” –como gusta decir a los economistas–, lo que significará la pérdida de puestos de trabajo.

Entonces surgen las preguntas. Los “recortes”, de impactos nocivos cuando no se trata de gastos superfluos, ¿es la única receta para afrontar las vicisitudes? ¿Por qué no se utilizan las líneas crediticias aprobadas por los organismos financieros para ciertas obras, a fin de pagar parte de la deuda existente? ¿Por qué no se emiten bonos soberanos a 10 o 20 años para saldar las cuentas que hoy agobian al Estado y ponen en entredicho la estabilidad económica? O bien, si no quieren aumentar la deuda pública por su impacto en el déficit fiscal, ¿por qué no utilizar una parte pequeña de las reservas para dicho fin?

Hay que dar paso a la practicidad, a la combinación de consideraciones técnicas con otras de índole social y desde luego políticas, que en definitiva son determinantes. Pero para esto es necesario apartarse de los “dogmas” y pensar, por fin, en “recetas” que no sean perjudiciales para la gente, sino al revés, que promuevan su bienestar.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, adelantó que se aplicará un ajuste del gasto ante la menor disponibilidad de recursos, en un contexto marcado por la caída de la recaudación tributaria y un tipo de cambio más bajo de lo previsto en el presupuesto.

Para el economista Daniel Correa, el término no describe una crisis económica en sí, sino que funciona como una señal política. Explicó que el mensaje está dirigido al gabinete y a la clase política para reforzar la disciplina fiscal y ordenar el uso de los recursos públicos.

“Es una frase fuerte, pero el mensaje es claro hay menos plata y hay que gastar mejor y priorizar”, manifestó a la 1000 AM.

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Correa indicó que, en términos generales, la economía paraguaya sigue mostrando un desempeño positivo, con generación de empleo sostenida hasta el cierre de 2025. Sin embargo, advirtió que ese crecimiento no se traduce plenamente en mayores ingresos fiscales, lo que empieza a generar presión sobre las finanzas del Estado.

El escenario se explica por varios factores. Por un lado, la recaudación tributaria no está creciendo al ritmo esperado. Por otro lado, también se registran menores ingresos no tributarios, especialmente los provenientes de las binacionales. A esto se suma un dólar más bajo, que reduce el valor en guaraníes de los ingresos en moneda extranjera.

En paralelo, el economista alertó sobre el impacto del déficit de la Caja Fiscal, que debe ser cubierto con recursos del Tesoro. Según explicó, la reforma en discusión no lograría reducir ese desequilibrio en la magnitud esperada, lo que aumenta aún más la presión sobre el presupuesto.

“Hay más compromisos, menos ingresos y un margen cada vez más ajustado. Entonces, el mensaje es hacer más con lo que se tiene”, resumió. En este contexto, la “economía de guerra” implica ordenar el gasto público, recortar o postergar lo no esencial y concentrar los recursos en áreas prioritarias.

Más que anticipar una crisis general, el planteamiento del gobierno refleja un escenario de restricción fiscal, donde el desafío será administrar mejor los recursos disponibles sin descuidar los servicios básicos del Estado, reiteró Daniel Correa.

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