La Justicia Electoral, a través de la Dirección de Derechos Humanos, mantuvo una reunión técnica con la agente fiscal de Delitos Electorales de la Capital, Sandra Ledesma, para abordar las legislaciones vigentes que reglamentan el Voto Asistido en el marco de las Elecciones Municipales 2026, previstas el próximo 4 de octubre.

La mesa de trabajo fue liderada por la directora de Derechos Humanos, Daisy Llano, con el acompañamiento del director de Relatoría Electoral, Jorge Berganza. Además, participaron de la reunión, la coordinadora general de la Dirección de Derechos Humanos, Paola Piris y el coordinador general de regionales TREP, Hugo Cazal.

El encuentro tuvo como objetivo establecer las directrices de la reglamentación del Voto Asistido, la cual limita el acompañamiento al cuarto oscuro exclusivamente a personas con discapacidad visual o de miembros superiores. Esta medida busca proteger el secreto del sufragio, evitar simulaciones e ir conformando un registro preciso de las necesidades en materia de accesibilidad.

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La aplicación de la Ley 6971/2022 que modifica el Artículo 217 de la Ley 834/1996 que establece el Código Electoral busca evitar la práctica indebida de la figura del acompañante, aclarando que limitaciones como el desplazamiento en sillas de ruedas no requieren asistencia dentro del cuarto oscuro.

Asimismo, se enfatizó que las herramientas de inclusión, como acrílicos y auriculares, continuarán disponibles en las mesas de ayuda de todos los locales a ser habilitados en el país para garantizar que el voto sea libre, directo, secreto, personal e intransferible.

Los miembros de las Mesas Receptoras de Votos constituyen la máxima autoridad para autorizar el ingreso de una persona de confianza ante cualquier objeción. Con el fin de evitar irregularidades, una persona solo podrá asistir a un elector durante toda la jornada electoral, salvo que exista un vínculo de parentesco directo.

Esta legislación autoriza al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a adoptar los mecanismos de inclusión requeridos respecto a la aplicación de la mencionada normativa, como ser: registrar los datos del acompañante y la descripción del impedimento en una planilla habilitada que servirá como base documental para asignar materiales de accesibilidad en futuros comicios.

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Así también, según la Resolución TSJE n.º 148/2026, quienes cumplan el rol de asistentes tienen estrictamente prohibido inducir, sugerir u orientar el sentido del voto, debiendo guardar absoluta reserva sobre la opción seleccionada.

En caso de detectarse coacción, influencia indebida o vulneración del secreto del voto, los miembros de Mesa Receptoras de Votos deberán aplicar medidas correctivas de inmediato y dejar constancia del hecho conforme a los procedimientos establecidos por la Justicia Electoral.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes de la subcomisaría 13 del barrio Remansito de Ciudad del Este y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) incautaron 25 máquinas mineradoras de criptomonedas. La intervención fue este sábado, a las 7:30, en una vivienda ubicada en el sector IV de la zona ribereña del río Paraná, cerca del muelle.

Se presentó como propietario de dicha vivienda Elieser Luciano Rojas Campuzano (29), domiciliado en el lugar. Además del personal policial estuvieron en el procedimiento el ingeniero Víctor Paredes de la Ande, y demás técnicos de la institución.

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La intervención se produjo a raíz de un llamado a la sede policial sobre el ruido molesto proveniente de la casa. Los agentes encabezados por el suboficial mayor Miguel Feltes, llegaron a la zona ribereña donde existen varias viviendas precarias y pudieron constatar la casa de donde provenía el ruido.

Al hacer la intervención detectaron que una habitación con llave es de donde se generaba el ruido. Comunicaron el hecho al fiscal Alcides Giménez, quien ordenó la presencia de la cuadrilla de la Ande para ingresar al sitio localizado. El dueño de casa no opuso resistencia y autorizó el ingreso de la dotación policial y de la Ande, para el retiro de las máquinas.

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El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.

El sistema de la entidad está listo para desarrollar la capa tecnológica que requiere el futuro proceso.

El gerente general de Caja de Valores del Paraguay (Cavapy), Marcelo Prono, informó que el sistema de la entidad está listo para desarrollar la capa tecno­lógica que requiere el futuro proceso de liquidación y cus­todia de activos digitales en el país, un avance importante para que el mercado local pueda avanzar hacia nuevos mecanismos de protección.

Explicó que la organización que lidera cuenta actualmente con Montran como sistema tecnológico de custodia y liqui­dación, una infraestructura de clase mundial que dispone de las funcionalidades sobre las cuales se puede desarrollar la arquitectura necesaria para incorporar activos digitales.

“Podemos decir que Cavapy tiene el ambiente como para iniciar el desarrollo. Tiene fun­cionalidades para poder custo­diar activos digitales; lo que nos toca es trabajar en desarrollar esas capas tecnológicas, poder conectarlas con la tecnología blockchain y todo lo que implica un nuevo soporte tecnológico para la misma función”, destacó durante su intervención en el panel “Tokenización e inver­sión: el mercado de capitales entra en la era digital”, llevado adelante en un evento realizado recientemente.

Agregó que la incorporación de activos digitales no modifica las funciones esenciales que actualmente cumple la Caja, ya con experiencia en las fun­ciones de custodia, liquidación y anotación en cuenta de títu­los valores. Amplió afirmando que el desafío consiste ahora en incorporar una nueva capa tecnológica que permita apli­car esas mismas funciones a instrumentos representados mediante tecnologías como blockchain. “Estamos listos en el sentido de que tenemos la plataforma, el ambiente y la funcionalidad. Lo que nos falta es poder desarrollar esa capa tecnológica”, afirmó Prono.

En cuanto al marco jurídico de desenvolvimiento de las herra­mientas digitales, señaló que existen etapas regulatorias previas que deberán comple­tarse antes de avanzar hacia una regulación específica para activos digitales. Entre ellas se encuentra la reglamenta­ción de la nueva Ley del Mer­cado de Valores.

Consideró que una siguiente etapa del proceso regulatorio podría constituir una oportunidad para incorpo­rar disposiciones relacionadas con este tipo de instrumentos. “La reglamentación de la nueva Ley es el primer paso. Luego vendrá una segunda versión y, para mí, sería ideal que en esa segunda versión pueda estar el desarrollo de estos instru­mentos de activos digitales”, precisó.