Paraguay está frente a una ventana de oportunidad que pocos países de la región tienen: energía eléctrica abundante y barata, una economía dolarizada en los hechos y un comercio fronterizo que ya incorporó las criptomonedas como medio de pago cotidiano. Lo que faltaba era un marco legal. La Resolución 4726 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), vigente desde el 1.° de enero de este año, es el primer movimiento concreto del Estado paraguayo para ordenar ese ecosistema.

Así lo analizó Cecilia De Maio, analista especializada en activos digitales, fundadora de Racing Group y co-creadora de Auditra, en una entrevista a la 1020 AM. “Paraguay puede llegar a tener un gran ingreso a partir de esto y es un mercado muy propenso a la globalización por el tipo de producto y por la cantidad de energía que se produce. Realmente puede ser algo muy positivo”, afirmó De Maio, quien subrayó que el país reúne condiciones estructurales que lo diferencian del resto de la región.

La normativa, publicada en marzo pero con vigencia retroactiva desde enero, establece un régimen de información obligatoria —no un impuesto nuevo— sobre operaciones con criptoactivos. Alcanza a personas físicas, personas jurídicas y plataformas que superen los 5.000 dólares anuales en operaciones, y abarca el uso, la transferencia y todo aquello que genere rendimiento. La declaración se realiza a través del sistema Marangatú de la DNIT, y quienes no cuenten con RUC están obligados a inscribirse para poder cumplir con la exigencia.

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Para De Maio, uno de los efectos más importantes de la resolución es que despeja la incertidumbre jurídica que frenaba el crecimiento del sector. El uso de criptomonedas en el comercio de frontera era una práctica extendida en Paraguay, pero operaba en una zona gris que generaba dudas incluso entre sus propios usuarios. “Antes estaba esto de, yo no sé si es legal, si es ilegal, porque siempre estaba esa duda. Esto nos viene a dar un marco de legalidad y nos da tranquilidad”, señaló la especialista.

Ese cambio de estatus no es menor. La certeza jurídica es precisamente lo que necesitan tanto los inversores internacionales que miran al país como los operadores locales que ya utilizan criptoactivos en sus transacciones diarias. Con la energía como ventaja competitiva natural —Paraguay es uno de los mayores productores hidroeléctricos per cápita del mundo—, el país tiene condiciones para atraer minería de criptomonedas, empresas de custodia de activos digitales y plataformas de intercambio.

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Sin embargo, De Maio advirtió que la norma llega con vacíos de implementación que deben resolverse con urgencia. Aún no está definido el formulario oficial para la declaración, ni cómo se cruzarán los datos con el impuesto a la renta. También persiste la duda sobre qué ocurrirá cuando una de las partes de una operación declare y la otra no. A esto se suma un desafío técnico propio de la tecnología blockchain: el hash de cada transacción —el código único de 64 dígitos que funciona como comprobante— debe registrarse en el momento exacto de la operación, porque si no se captura entonces, no hay forma de recuperarlo. Esto implica que operaciones realizadas a comienzos de 2025, antes de que la normativa fuera de conocimiento público, podrían ser imposibles de documentar correctamente.

“Lo peor de todo esto es no saber. Al menos ahora sabemos cuáles son las consecuencias”, resumió De Maio, quien llamó a ver el vaso medio lleno: la resolución de la DNIT no es el destino, sino el punto de partida de una regulación que Paraguay necesita construir con solidez si quiere capitalizar su ventaja competitiva en el sector.

Paraguay se posicionó como el cuarto país con mayor participación en el hashrate global de Bitcoin (minería de criptomonedas), con aproximadamente un 4,3 % del total mundial, ubicándose por detrás de Estados Unidos, Rusia y China, según reportes recientes de Hashrate Index, un portal internacional dedicado al análisis de la industria minera de bitcoin.

Además, cuenta con más de 40 EH/s (exahashes por segundo) de aporte a la red, liderando actualmente en Latinoamérica. Dicho crecimiento estuvo impulsado por la energía eléctrica abundante, barata y renovable proveniente principalmente de las represas de Itaipú y Yacyretá, factores que han convertido al país en un punto estratégico para la instalación de operaciones vinculadas a la minería de criptomonedas.

Se detalló además que las mineradoras operan con instalaciones que cuentan con medidores especiales y pagan una tarifa superior a la del consumo residencial o industrial. En torno a ello, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) espera recaudar este año 350 millones de dólares, una cifra significativamente mayor a la que hubiera recibido mediante la venta de esa energía a países vecinos.

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Al respecto, Cecilia Maio, analista y fundadora de Ransen Group, se refirió acerca de la resolución 40/2026 emitida en marzo por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que establece nuevas obligaciones informativas para el sector de criptoactivos, agregando que incluso abarca operaciones como uso, transferencias, y un universo importante de ítems.

“Lo que lanza la DNIT en esta regulación, que es la 47/2026, es que es una obligación informativa sobre este tipo de operaciones. No hay un marco regulatorio general ni integral, sino lo que dicen es que se tiene que empezar a informar sobre el uso de criptoactivos”, comentó a la 1020 AM.

Dicha normativa llegó en el contexto en el que nuestro país quedó como el cuarto país con mayor participación en hashrate de bitcoin a nivel global, impulsado por su energía y capacidad operativa. En ese sentido, Maio indicó que la regulación es retroactiva, empezando a funcionar desde el mes de enero de este año y aclaró que no se trata de un impuesto nuevo, sino que es un régimen de información que debe ser tomado como tal.

“Tiene ciertas novedades porque alcanza a todos los que lo usan, ya sean personas físicas, jurídicas, a todas las plataformas, siempre que superen los USD 5 mil anuales en operaciones. Es una de las cosas importantes”, explicó sobre las novedades, detallando que los integrantes del sector deberán solicitar la inclusión en el Registro Único del Contribuyente (RUC) a efectos de presentar la declaración jurada informativa a través del Sistema Marangatú.

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La industria de la construcción mantiene la expectativa puesta en la reglamentación del factoraje, mecanismo financiero que podría comenzar a destrabar parte de la deuda que el Estado arrastra con empresas contratistas.

Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) advierten que, aunque el gobierno inició desembolsos comprometidos para abril y mayo, la mora acumulada sigue siendo elevada y continúa golpeando la liquidez del sector.

El presidente del gremio, Paul Sarubbi, explicó que los pagos realizados hasta ahora apenas alcanzan para cubrir los nuevos certificados de obras emitidos mensualmente, sin lograr todavía una reducción sustancial del pasivo heredado.

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Según detalló, el flujo mensual de certificados ronda entre USD 50 millones y USD 60 millones, por lo que gran parte de los USD 150 millones anunciados por el Ejecutivo para estos dos meses termina absorbiéndose en compromisos recientes y no en la deuda total.

Actualmente, las empresas constructoras reclaman alrededor de USD 350 millones pendientes, cifra a la que se suman intereses generados por retrasos en los pagos, estimados en unos USD 110 millones.

Esta situación obliga a muchas firmas a seguir financiándose con créditos privados para sostener obras, cumplir con proveedores y mantener empleos.

Ante este escenario, el sector considera urgente la implementación del factoraje, sistema mediante el cual bancos o entidades financieras podrán adquirir certificados de obras pendientes de cobro. La diferencia central del esquema propuesto es que los costos financieros ya no recaerían sobre las constructoras, sino que serían asumidos por el propio Estado.

Sarubbi señaló que este punto fue uno de los principales focos de discusión durante las negociaciones técnicas que actualmente lidera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con representantes de la banca privada, el Banco Central del Paraguay (BCP), la Abogacía del Tesoro y asesores jurídicos de los gremios.

No obstante, desde Cavialpa aclaran que el factoraje será apenas una herramienta de alivio y no una solución definitiva al problema estructural de financiamiento público. El dirigente recordó que el límite fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB) restringe fuertemente la capacidad de inversión estatal, especialmente en infraestructura.

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El eje central de la normativa es la obligación de que al menos el 50 % del alcohol anhidro utilizado en la mezcla con combustibles provenga de caña de azúcar.

El Gobierno dio un paso clave en su política energética e indus­trial con la firma del decreto reglamentario de la Ley de Etanol, que busca fortale­cer la producción nacional y garantizar un mercado interno para los cañicul­tores. La medida, firmada por el presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, regla­menta las leyes 7357/2024 y 7391/2024, estableciendo un marco más estricto para el uso de alcohol en combus­tibles.

El eje central de la norma­tiva es la obligación de que al menos el 50 % del alco­hol anhidro utilizado en la mezcla con combustibles provenga de caña de azú­car. Este punto introduce un “blindaje” al mercado local, asegurando demanda para la producción nacional y reduciendo la dependen­cia de insumos importados.

En ese contexto, el minis­tro de Industria y Comer­cio (MIC), Marco Riquelme, destacó que la medida define un modelo económico. “No estamos firmando solo un decreto, estamos eligiendo un modelo de país basado en la producción nacional”, afirmó.

El titular del MIC subrayó que la normativa generará previsibilidad para los pro­ductores, al garantizar un mercado sostenido para la caña de azúcar. Además, reconoció que la produc­ción actual es insuficiente para cubrir la demanda pro­yectada, por lo que instó a aumentar la productivi­dad con apoyo del Estado en financiamiento y capa­citación.

La normativa también con­templa la implementación de un calendario de produc­ción que permitirá ordenar la oferta de alcohol según volumen y tipo de materia prima. Esto apunta a mejo­rar la planificación del sec­tor e incentivar nuevas inversiones. Desde el Ejecu­tivo sostienen que la regla­mentación permitirá gene­rar un “círculo virtuoso” en la economía rural, impul­sando la industrialización de la caña, la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena productiva.

En departamentos como Guairá, Caazapá, Caaguazú y Paraguarí, donde se con­centra la producción cañera, la medida es vista como un impulso directo a la activi­dad económica, con impacto en miles de pequeños pro­ductores.