El Banco Central del Uruguay (BCU) redujo este martes en 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia, ubicándola en 8,75 %, el segundo recorte en poco más de un mes en un contexto de inflación alineada con el rango meta oficial.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió apenas 0,05 % en julio, y 4,53 % en los últimos doce meses, manteniéndose dentro de la meta fijada por el BCU para los próximos dos años (4,5 %).

El Comité de Política Monetaria (Copom) destacó en un comunicado que la inflación incluyó así “cuatro meses consecutivos de caídas” y que “las expectativas de inflación a dos años continuaron su proceso de convergencia hacia la meta de 4,5 %, alcanzando un promedio de 5,23 %, el mínimo histórico registrado”.

Además del talentoso escenario nacional, el Copom valoró que pese a los “riesgos inflacionarios” que asoman a nivel global “las perspectivas de crecimiento internacional muestran un nivel de mejora en comparación con el Copom anterior”.

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“En la medida en que se consolida el contexto doméstico, la inflación evolucione conforme a lo esperado y las expectativas de los agentes —en particular las empresariales— sigan descendiendo hacia la meta, el BCU continuará con su ciclo a la baja de la TPM (Tasa de Política Monetaria)”, según el comunicado.

La economía uruguaya creció 3,4 % en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo del año anterior, tras cerrar el 2024 con una expansión de 3,1 %.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 2,8 % al término de este año para el país sudamericano.

• Fuente: AFP

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La economía paraguaya crecería 4,3 % este 2025, levemente por encima de su tasa de creci­miento potencial, estimada entre 3,5 % y 4,0 %, impulsada principalmente por el dina­mismo del comercio y los ser­vicios. Consideran que la tasa de inflación será del 4 % al cie­rre del año.

De acuerdo con el economista jefe para Latinoamérica del banco Itaú, Andrés Pérez, el crecimiento del producto interno bruto de Paraguay se situaría alrededor del 4,3 %.

“Estaríamos creciendo algo por encima de la tasa de creci­miento potencial, que estaría en torno al 3,5 % y 4 %, impul­sado por el desempeño favo­rable que han tenido algunos sectores”, detalló Pérez.

Señaló que los impulso­res de este crecimiento son el comercio, con la mayor afluencia de turistas argen­tinos, así como el sector gana­dero y la construcción.

Consultado sobre posi­bles riesgos en adelante, Pérez mencionó que Para­guay está en el momento cíclico de crecimiento y que existen desafíos, más bien, para impulsar medi­das que empujen tasas de crecimiento sostenibles más altas.

“Los ciclos económicos tie­nen momentos en los cuales uno se expande por encima del potencial y después para abajo. Yo diría que estamos en la parte alta del ciclo. No diría que existe el riesgo de estar incubando algún des­equilibro”, sostuvo Pérez.

Para el 2026, el economista estimó que la economía nacional podría moderarse a un crecimiento del 3,5 %, en línea con el potencial de crecimiento señalado.

Acerca de la inflación, men­cionó que las expectativas son de un porcentaje del 4 % para el cierre del año, coinci­dente con la meta del Banco Central del Paraguay (BCP). Explicó que la apreciación que reporta actualmente la moneda local puede con­tribuir a la convergencia de la inflación. “Proyectamos que la inflación termine el año en 4 %. Los movimien­tos del tipo de cambio even­tualmente se traspasan con distintas velocidades e intensidades al componente transable de las canastas del Índice de Precios al Con­sumidor, algo que hemos visto en las economías de la región”, afirmó Pérez.

Proyectan el crecimiento del PIB al 4,0 %, según encuesta del BCP.

Los agentes económi­cos corrigieron al alza sus expectativas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), pasando del 3,9 % al 4,0 %, para este 2025, según los resultados de la encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE) del Banco Central del Paraguay (BCP). Sobre el tipo de cambio, la mediana de las expectativas fue de G. 7.400 para este mes.

El BCP publicó los resultados de su encuesta de expectativas correspondientes a agosto, en el cual se observó un aumento en la expectativa de los agen­tes financieros con respecto al crecimiento económico.

De haber esperado en julio un crecimiento del PIB del 3,9 % para este 2025, actual­mente los encuestados consi­deraron que la expansión de la actividad económica se situa­ría en 4,0 % para este año. Se recuerda que la proyección del BCP pasó del 4,0 % al 4,4 %. Igualmente, para el 2026 espe­ran un crecimiento del 4,0 %.

En cuanto a la inflación, la mediana de las expectati­vas de inflación mensual se ubicó en 0,2 %, similar tanto al resultado obtenido en agosto de 2024 como al resultado para el mes de agosto de 2025, que fuera relevado en el informe de julio pasado. Para setiem­bre, los agentes económicos esperan una inflación men­sual de 0,2 %. Para el cie­rre del año, la expectativa es de una inflación del 4 %, mientras que para el cierre de 2026, estiman una inflación del 3,8 %. Para los próximos 12 meses, la estimación se ubicó en 3,7 % y, para el horizonte de política monetaria, entre 18 y 24 meses, la mediana se posi­cionó en 3,5 %.

Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.

El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.

En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.

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El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.

La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.

En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de septiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este Gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

A dos años de su gobierno, el mandatario Santiago Peña, impulsó una serie de proyectos de leyes que refuerzan su compromiso con los paraguayos en la búsqueda del resurgir de un gigante. Con un acompañamiento mayoritario en el Congreso Nacional y el respaldo total de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el economista ha podido avanzar en la consolidación de sus políticas públicas sin enfrentar grandes dificultades ni oposiciones significativas.

En el paquete de leyes impulsado por el Poder Ejecutivo, que apuntan a generar beneficios en el corto, mediano y largo plazo en la vida del país, se encuentra el programa Hambre Cero en las Escuelas, que tiene como finalidad garantizar la alimentación de los niños más vulnerables, combatir el ausen­tismo y la deserción escolar, promoviendo el bienestar integral de los estudiantes y sus familias.

La histórica política de Estado ha tenido un impacto significativo en la educación, la nutrición infantil y la economía local. Es implementada en las escuelas públicas y subvencionadas del Paraguay, y proporciona diariamente el desayuno, almuerzo y merienda. La cobertura a nivel nacional beneficia a 1.050.000 niños que estudian en las más de 7.000 instituciones educativas del país.

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Otra de las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo que impacta fuertemente en el campo social, es la que establece la Pensión Universal para Adultos Mayores, que ya llegó a 340.000 beneficiarios, 40.000 más que en el año 2023, con un nuevo sistema de cobro directo con cédula de identidad que eliminó los censos discriminatorios.

La ley establece que todo ciudadano paraguayo con al menos 5 años de residencia o extranjero con al menos 30 años también de residencia permanente, mayor de 65 años de edad, recibirá una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, el cual será reajustado automáticamente, conforme a la variación del mismo. Las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de personas con Discapacidad, podrán acogerse a los beneficios de la ley a partir de los 60 años de edad. Para las comunidades indígenas la pensión será universal a partir de los 55 años de edad.

La normativa de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es una de las grandes reformas que son impulsadas por Peña y tiene como fin construir una administración pública más eficiente y justa. Esta nueva ley establece un marco jurídico que define reglas claras, garantiza el ingreso por mérito, promueve evaluaciones objetivas y fomenta la transparencia.

Con su vigencia se deja atrás las debilidades de la derogada ley 1626/2000 de la Función Pública y consolida un sistema que garantice eficiencia, transparencia y, sobre todo, un mejor servicio para la ciudadanía.

La ley se aplica a todas las instituciones públicas, respetando la autonomía constitucional de los órganos del Estado y las carreras especiales definidas por la Constitución Nacional y sus leyes reduce la cantidad de cargos de confianza en las instituciones, limitándose a las direcciones de Administración y Finanzas, de Asesoría, de Gabinete y Secretaría General. Los demás cargos directivos deberán ser concursados.

Entre los principales aspectos de la normativa figuran: la premiación de la meritocracia para profesionalizar la función pública mediante concursos y evaluaciones, se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, médica, enfermería, entre otros.

A la vez, otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos. Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir y se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad.

La reforma del sistema previsional es otra de las leyes que fueron impulsadas por el economista para garantizar la sostenibilidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las principales medidas de la norma figuran la ampliación del periodo de referencia para jubilaciones, el cual se extiende a los últimos 120 meses (10 años), lo que permitirá reflejar con mayor precisión el esfuerzo contributivo de los aportantes, evitando distorsiones provocadas por picos salariales atípicos.

También establece el incremento del fondo de salud en el que se reasignará un 0,5 % del fondo de administración y el 2,5 % destinado al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, aumentando el fondo de salud en un 3 % (aproximadamente USD 125 millones). Este ajuste permite atender eficientemente las demandas de los asegurados.

Asimismo, mediante la Escribanía Mayor de Gobierno estipula la regularización de las propiedades del IPS que actualmente carecen de documentación legal, con el fin de fortalecer su patrimonio institucional.

Otra de las reformas concretadas por el presidente Peña guarda relación con el fortalecimiento a las micro, pequeñas y medianas Empresas (mipymes). La norma fomenta formalización y contribuye al desarrollo económico del país. Con la ley se han simplificado los trámites de formalización de las empresas y se han reducido los costos, permitiendo que registrar un negocio sea rápido, sencillo y accesible.

Los contratos flexibles son una herramienta clave de la ley, que permite a las micro y pequeñas empresas avanzar hacia la formalidad, asegurando beneficios para empleadores, y trabajadores. A la vez se crea una base de datos unificada de microempresas formalizadas y permite el acceso automático a la cédula Mipymes, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, la DNIT y el IPS. Estas acciones concretas apuntan a la incorporación de alrededor de 492.238 mipymes al Registro Nacional de Mipymes actualizado (Renamipymes).

La ley facilita el acceso a financiamiento, a través de créditos, promoviendo así la inclusión financiera, en conjunto con el Banco Central del Paraguay. Establece el fortalecimiento y reestructuración del Fondo Nacional para Mipymes, con hasta 15 mil salarios mínimos y otros recursos para atender necesidades de capital operativo, inversión productiva y cooperación técnica.

Impulsa también la capacitación, asistencia técnica permanente y el desarrollo empresarial, promoviendo la iniciativa privada, los agentes y los centros, con el apoyo de Sinafocal, MEC, Conacyt, Snpp, Mitic. Además, permite la sustitución de multas por programas de capacitación, en caso de sanciones leves.

Peña también impulsó la reforma que actualiza y moderniza la ley de Alianza Público-Privada. La ley busca incrementar la participación estatal en pro­yectos de iniciativa privada para infraestructura y ser­vicios públicos.

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En el abanico de leyes que fueron propuestas por el Ejecutivo figura la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y tiene como objetivo principal regular y supervisar los recursos financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones, tanto públicas como privadas, del país.

Su función es asegurar que las inversiones cumplan con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad necesarios para cubrir las futuras pensiones. Mediante su vigencia se constituyó un órgano que supervisa la administración de los recursos financieros y no financieros de las ocho cajas de jubilaciones existentes.

Las cajas que serán controladas por la Superintendencia corresponden a:

• IPS
• la Caja Fiscal
• la Caja Municipal
• la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la Ande
• la Caja de Itaipú
• la Caja Ferroviaria
• la Caja Parlamentaria
• la Caja Bancaria

El Gobierno impulsó también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), mediante la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). La unificación es beneficiosa no solo para las recaudaciones tributarias sino también para mejorar los controles y procesos con una sola cabeza al frente, además de las informaciones que se compartirán entre las instituciones.

Peña también propició la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unificación del Ministerio de Hacienda y de las secretarías Técnica de Planificación (STP) y de la Función Pública (SFP), con el fin de reorganizar la estructura del Estado, volverlo más ágil y moderno, con un uso eficiente de los recursos.

El MEF tiene como principales funciones formular y definir la política económica nacional, la política fiscal, las políticas de endeudamiento externo e interno y de desarrollo nacional sostenible, entre otras.

Bajo el mandato de Peña también fue creado el Registro Unificado Nacional (RUN), con la finalidad de lograr un régimen inmobiliario efectivo, coordinado e integral para brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra en Paraguay. Para su creación se unificó a la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el l Departamento de Agrimensura y Geodesia.

Con el RUN se plantea dar solución a dos grandes problemas con la titulación de inmuebles. El primero es la superposición de títulos inmobiliarios, lo que hace que muchas veces un mismo inmueble tenga dos o varios títulos. Esta situación genera un caos que afecta la propiedad y la seguridad jurídica del país si no se detiene. Y el segundo problema es la complejidad de los trámites.

La Ley de Transparencia y Anticorrupción, también forma parte del paquete de leyes promovidas por Peña. Fija un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con el objetivo de fortalecer la lucha contra este flagelo que afecta a la sociedad paraguaya.

El régimen de integridad involucra tanto al sector público, privado y la sociedad civil. Uno de los componentes clave de esta ley es la gestión de denuncias ciudadanas, que se llevará a cabo a través de un portal digital. Los denunciantes podrán optar por dos modalidades: el denunciante proporciona su información personal, que estará encriptada y solo será accesible bajo ciertas condiciones legales o bien proporciona sus datos personales, que serán visibles para los funcionarios encargados del trámite.

Crea también el Consejo Nacional Anticorrupción que estará compuesto por representantes del Gabinete Civil de la Presidencia, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Su función será coordinar estrategias nacionales y fomentar acuerdos en torno a medidas innovadoras para mejorar la integridad en el ámbito público.

El Ejecutivo también impulsó la ley que establece medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas. La norma surgió con la finalidad de reactivar sectores claves para nuestra economía ante las múltiples deudas heredadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, especialmente en los sectores de la salud y la construcción. La ley autorizó la emisión de bonos por hasta USD 600 millones para saldar el adeudo.