La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y otros gremios de la producción emitieron un comunicado en el que piden a la Cámara de Senadores la postergación estudio del proyecto de ley sobre la caja fiscal, cuyo tratamiento se tiene previsto en la sesión ordinaria de este jueves.
De esta manera expresaron su disconformidad con el documento y sostienen que la introducción de un aporte adicional del 9,5% por cada funcionario a cargo del Estado representará un gasto adicional de US$ 1.383 millones en los primeros cinco años, lo cual terminará siendo pagado con impuestos de todos los ciudadanos.
Desde los diversos sectores expresaron que ven la iniciativa legal con extrema preocupación porque no será sostenible “que en este caso, pretende beneficiar a no más de 20.000 jubilados del sector público a costa del esfuerzo de todos los paraguayos”.
A través del pronunciamiento instan a “rechazar toda iniciativa que agrave aún más la situación crítica en la cual se encuentra el fisco, y hacen un llamado para establecer condiciones de sostenibilidad financiera del sistema”. Además mencionan que esto no debería perjudicar a más paraguayos.
En ese sentido solicitaron convocar a las partes afectadas a una mesa de trabajo en la que se discutan las mejores alternativas para la sostenibilidad fiscal de las propuestas. El proyecto de ley “que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la administración central y del servicio civil” figura en el punto dos del orden del día de la sesión ordinaria del Senado este jueves.
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Gremios exigen a Alliana reformular el PGN 2027 y eliminar privilegios tras crisis de Ueno Bank
Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).
En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.
Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.
Advierten sobre pérdidas millonarias y más de 5.000 empleos afectados
Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.
En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.
A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.
Exigen austeridad y eliminación de privilegios
Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.
Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.
Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.
Proponen utilizar bienes recuperados para resarcir a ahorristas
Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.
La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.
Piden reformas en instituciones públicas
La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.
Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.
Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Sector privado ofrece colaborar con el Gobierno
Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.
Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.
Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.
Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.
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Acuerdo busca modernizar el registro de marcas y señales del ganado
La identificación del ganado y la seguridad sobre la propiedad de los animales son aspectos clave para el desarrollo y la competitividad del sector pecuario. En ese contexto, se busca avanzar en la modernización de los registros y fortalecer los mecanismos de control mediante una mayor coordinación entre las instituciones vinculadas a la actividad ganadera.
Con ese objetivo, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que apunta a reforzar la trazabilidad del ganado, optimizar los procesos de registro de marcas y señales y brindar mayores garantías jurídicas a los productores.
La iniciativa contempla el aprovechamiento de las competencias y capacidades de cada institución para mejorar los mecanismos de identificación y registro de los animales. Uno de los principales ejes será fortalecer la trazabilidad a lo largo de la cadena pecuaria, mediante registros más confiables que faciliten las tareas de control y verificación.
Asimismo, el acuerdo busca modernizar los procedimientos relacionados con las marcas y señales, herramientas fundamentales para identificar el ganado y respaldar legalmente su propiedad. Con ello, se pretende aportar mayor seguridad a las operaciones del sector y mejorar los servicios destinados a los productores.
El convenio fue suscrito este lunes por el presidente del Senacsa, José Carlos Martin; el titular de la ARP, Daniel Prieto Davey, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón. También participó la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González Pereira.
A través de esta articulación, las instituciones buscan impulsar mejoras en los sistemas de registro e identificación, acompañando las necesidades de un sector que requiere cada vez más herramientas para garantizar la transparencia y confiabilidad de su cadena productiva.
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Hidrovía Paraguay-Paraná y logística terrestre, desafíos para sostener la competitividad exportadora
Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco, advierte que persisten desafíos en los cruces fronterizos, la planificación de la hidrovía y los caminos de todo tiempo para garantizar el traslado de la producción.
Navegación y mantenimiento de la hidrovía. La hidrovía Paraguay-Paraná atraviesa una etapa más favorable para la navegación, luego de varios años de dificultades por los bajos niveles de agua. No obstante, el exceso de agua también generó inconvenientes en algunos puertos, donde los niveles elevados obstaculizaron el posicionamiento de las embarcaciones en los muelles.
En el río Paraguay, las operaciones se mantuvieron en condiciones razonables durante buena parte del año. Hugo Pastore, destacó los trabajos de dragado y mantenimiento realizados, particularmente en el tramo de Asunción hacia el norte. “Después de muchos años de tener mucha dificultad por el bajo nivel de agua”, el escenario actual representa un contexto más favorable para el transporte fluvial, explicó.
Entre los desafíos pendientes mencionó las crecidas y la acumulación de sedimentos en la desembocadura del río Bermejo, factores que requieren trabajos permanentes de mantenimiento de los canales.
El directivo consideró importante avanzar en una planificación y contar con un plan maestro que permita identificar las intervenciones necesarias.
Cruces fronterizos y oportunidades logísticas. La infraestructura terrestre representa otro desafío para el comercio exterior. Pastore advirtió que los cruces fronterizos entre Paraguay y Brasil tienen una capacidad insuficiente frente al movimiento actual de mercaderías.
En ese contexto, mencionó las expectativas en torno al Puente de la Integración y la posibilidad de comenzar a utilizar también con camiones de carga. Asimismo, señaló que el corredor bioceánico representa una oportunidad para Paraguay, considerando el volumen de cargas vinculado a Brasil, tanto para exportaciones como importaciones.
Caminos de todo tiempo, una necesidad pendiente. La infraestructura vial interna también preocupa al sector, especialmente ante períodos de lluvias intensas. “Aunque se registraron avances, todavía faltan caminos de todo tiempo que permitan trasladar la producción desde las fincas hasta los puertos y las industrias sin dificultades”, señaló Pastore.
Los caminos de tierra se convierten en un obstáculo para el movimiento de cargas cuando las condiciones climáticas son adversas. “Valoramos el esfuerzo que se está haciendo y el crecimiento que está habiendo, pero hay mucho trabajo por hacer todavía”, expresó Pastore.
El director ejecutivo de Capeco remarcó que el desarrollo de la infraestructura vial interna es fundamental para acompañar el crecimiento de la producción y mejorar las condiciones de traslado.
Finalmente sostuvo que el mantenimiento de la hidrovía, la mejora de los cruces fronterizos y la conectividad terrestre siguen siendo factores importantes para fortalecer la logística paraguaya y el desarrollo productivo
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ARP pide acelerar la restitución a los ahorristas y preservar la cadena de pagos
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) instó a las autoridades competentes a concluir con urgencia el proceso de reposición de los recursos de los afectados por la resolución de Ueno Bank, mediante información clara y plazos verificables, conforme a los mecanismos legales.
“Es prioritario sostener la cadena de pagos, el crédito y las condiciones para producir, invertir y trabajar en el país”, señalaron desde el gremio. Asimismo, expresaron su solidaridad con los ahorristas, trabajadores, jubilados y familias afectados por la caída de la entidad bancaria.
En ese sentido, la ARP también consideró la necesidad de asistir activamente a las personas que quedaron sin empleo de manera inesperada, y consideraron necesario sostener la actividad económica y brindar respuestas a los distintos sectores afectados.
“Detrás de cada ahorro hay años de esfuerzo, detrás de cada actividad productiva, empleos y compromisos que necesitan continuidad”, manifestaron. La recuperación de la confianza requiere transparencia y determinación de responsabilidades, con respeto al debido proceso y sin privilegios.
Asimismo, la Rural convocó a preservar la paz social y garantizar el derecho a la libre y pacífica manifestación. “Además, encauzar los reclamos mediante el diálogo y respuestas concretas, pasos indispensables para superar esta situación”, señalaron.
Igualmente, reafirmaron su compromiso con la institucionalidad democrática y con las acciones orientadas a proteger a las familias, la producción y el empleo. “El Paraguay necesita responsabilidad, justicia y decisiones ejemplares que permitan recuperar la confianza en su futuro”, concluyeron en el comunicado.
Proceso de resolución
El pasado martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del proceso de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, lo que derivó en la suspensión de sus operaciones y el congelamiento de las cuentas de sus ahorristas.
La medida generó dificultades para que los usuarios, empresas e instituciones accedan a sus fondos y motivó pronunciamientos de distintos gremios económicos y empresariales, que alertaron sobre sus posibles efectos en la actividad comercial, industrial y productiva.
Entre los sectores que manifestaron su preocupación se encuentran la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP).
Por su parte, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) pidió a las nuevas autoridades nacionales acelerar las medidas para recuperar la estabilidad institucional y económica del país, tras la destitución de Santiago Peña y la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República.