Un buen uso del gasto público en el 2021 habría dado margen para la recuperación económica
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El economista José Luis Rodríguez Tornaco habló acerca del contexto económico actual de Paraguay, cuya estabilidad actualmente está en discusión, y mencionó que si el Estado hubiera ejercido un buen gasto público durante el 2021 habría margen para redireccionarlo a la verdadera recuperación económica.
“Si el Gobierno hubiera utilizado solo un 20% de los US$ 4.200 millones que gastó en contrataciones públicas el año pasado, hablamos darle un buen gasto, la diferencia se podría destinar para empezar a reactivar realmente la economía”, expresó en una entrevista televisiva este domingo último.
Esto, teniendo en cuenta que la población está sumergida en un alto índice inflacionario, además de que se observan incrementos en la pobreza y en el desempleo, lo cual solo transmite que no hay una percepción de mejora en la calidad de vida de las personas, explicó.
José Luis Rodríguez Tornaco participó este domingo pasado en un debate en Telefuturo. Foto: Leandro Veragua.
Haciendo un paralelismo, recordó los malos números en términos económicos que había dejado la administración del expresidente Luis González Machi, y que luego su sucesor, Nicanor Duarte Frutos, bajó el impuesto a la renta del 30 al 10%, logrando quintuplicar incluso las recaudaciones porque se entendió que la prioridad era reactivar la economía, dijo.
“Se acuerdan quiénes estaban en la era González Machi en el ‘99, el mismo equipo que nos dejaron los peores números quiere volver a estar en el poder, y si eso sucede, va volver a pasar lo mismo y no es sorpresa”, sentenció Rodríguez Tornaco.
Es así que el gobierno entrante tendrá un gran desafío, pero a la vez una gran ventaja, porque la próxima administración si se rodea de las personas adecuadas podrá mejorar esa calidad de vida de los paraguayos que tanto es necesaria, subrayó. Al tiempo de agregar que es de la teoría de que lo que se tiene que hacer hoy es mantener esa presión tributaria que le da a Paraguay una compensación de US$ 40 demás que tiene por logística al exportar, acotó.
El MEF informó que el déficit fiscal de la Administración Central alcanzó G. 4,7 billones al cierre de junio, en un contexto marcado por un crecimiento moderado de los ingresos y una mayor ejecución del gasto. Foto: Gentileza
Déficit fiscal se ubicó en 1,2 % del PIB al cierre del primer semestre, según el MEF
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Al cierre del primer semestre del 2026, se registró un déficit fiscal de 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a G. 4,7 billones (USD 732,1 millones), de acuerdo con el Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin), presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El resultado respondió al moderado crecimiento de los ingresos totales y al aumento del gasto público asociado al cumplimiento de compromisos sociales y la regularización de obligaciones del Estado.
El reporte señala que, pese al sólido desempeño de la actividad económica, la inflación contenida y la fortaleza del guaraní, la evolución de las cuentas fiscales estuvo condicionada por la menor disponibilidad de ingresos provenientes de las Entidades Binacionales y por el impacto de la apreciación cambiaria sobre la recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior.
La reducción de los pagos de Itaipu impactó en las finanzas públicas. Foto: Gentileza
Los ingresos totales crecieron 0,5 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este resultado estuvo explicado por el incremento de 2,1 % en los ingresos tributarios, impulsado principalmente por los impuestos internos, mientras que la apreciación del guaraní frente al dólar incidió sobre la recaudación de impuestos externos.
En tanto, los ingresos no tributarios disminuyeron 5,2 %, principalmente por una reducción de 33,0 % en los recursos provenientes de las Entidades Binacionales, asociada tanto a la apreciación cambiaria como al mayor consumo interno de energía, que redujo las transferencias recibidas por compensación de cesión de energía.
Por su parte, el gasto total aumentó 11,7 %, impulsado principalmente por una mayor ejecución en bienes y servicios, remuneraciones y prestaciones sociales. El incremento en bienes y servicios respondió, en gran medida, a la continuidad del proceso de regularización de pagos pendientes a proveedores farmacéuticos, con un aumento de 45,8 % en la adquisición de medicamentos respecto al mismo período del año anterior.
El incremento en bienes y servicios se debe en gran medida al proceso de regularización de pagos pendientes a proveedores farmacéuticos. Foto: Ilustrativa
Prioridades de ejecución
El informe indica que, en este escenario, la ejecución del gasto mantuvo como prioridad el financiamiento de sectores estratégicos, la protección social y la regularización de obligaciones pendientes, principalmente en medicamentos e inversión pública.
Las remuneraciones continuaron concentrándose en las funciones esenciales del Estado. El 80 % de la masa salarial financiada con ingresos tributarios correspondió a los sectores de salud, educación y fuerzas públicas, mientras que el indicador de salarios financiados con recursos tributarios se ubicó en 54,7 %, manteniéndose próximo al mínimo registrado para un primer semestre. Asimismo, las prestaciones sociales crecieron 17,6 %, impulsadas principalmente por las mayores erogaciones destinadas al programa Hambre Cero, la pensión para Adultos Mayores y las jubilaciones.
Inversión pública y resultado anualizado
La inversión pública alcanzó G. 3,0 billones (USD 472,9 millones), equivalente al 0,7 % del PIB, con un crecimiento acumulado de 3,3 % respecto a junio de 2025. Este resultado estuvo impulsado principalmente por la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya inversión aumentó 22,6 % como consecuencia de la regularización de pagos pendientes a contratistas.
En términos anualizados, el déficit fiscal se ubicó en G. 10,4 billones, equivalente al 2,6 % del PIB, manteniéndose en niveles similares a los observados un año atrás. El resultado primario, que excluye el pago de intereses de la deuda pública, registró un déficit equivalente al 0,9 % del PIB.
El MOPC alcanzó al cierre de junio una ejecución presupuestaria acumulada de G. 2,97 billones. Foto: Archivo
Vista aérea de Asunción, capital de Paraguay. El país ocupa el cuarto lugar regional en el ranking elaborado con base en indicadores de violencia, seguridad e institucionalidad. Foto: Archivo
Paraguay se ubica entre los países con mayor nivel de paz de Latinoamérica
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Paraguay se posiciona entre los diez países con mayor nivel de paz en Latinoamérica, al ubicarse en el cuarto lugar del ranking regional difundido por la revista Mercado, basado en el Índice Global de Paz (GPI).
El indicador evalúa 23 variables relacionadas con la presencia o ausencia de violencia y el temor a ella. Un puntaje más alto representa un menor nivel de paz en el país.
La paz es considerada un factor relevante para el desarrollo económico, la inversión y la calidad de vida, ya que refleja no solo la ausencia de conflictos, sino también aspectos vinculados a la fortaleza institucional, la estabilidad social y la capacidad de generar un entorno seguro para los ciudadanos.
Según el ranking, Uruguay ocupa el primer lugar entre los países más pacíficos de Latinoamérica, con un índice de 1,75, seguido por Chile, con 1,83, y Costa Rica, con 1,86.
Paraguay se ubica en la cuarta posición regional con un índice de 1,88, por encima de Argentina y Jamaica, ambos con 1,92.
El listado de los 10 países con mayor nivel de paz en Latinoamérica se completa con Trinidad y Tobago (1,96), Panamá (1,98), Guatemala (2,03) y República Dominicana (2,04).
El Índice Global de Paz permite observar el panorama de estabilidad y convivencia en la región, así como los desafíos que aún enfrentan los países latinoamericanos en materia de seguridad y cohesión social.
El ministro de Economía, Oscar Lovera, recibió en su despacho al contralor Camilo Benítez, en una reunión en la que se abordó la implementación de mecanismos de control basados en Inteligencia Artificial (IA) Foto: Gentileza
Ajuste tecnológico: contralor y ministro Lovera analizan uso de IA para mejorar gasto público
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La implementación de mecanismos de control basados en Inteligencia Artificial (IA), orientados a mejorar la eficiencia del gasto público fue el tema abordado durante una reunión entre el ministro de Economía, Óscar Lovera y el contralor Camilo Benítez.
Durante el encuentro, se analizaron acciones para fortalecer los sistemas de control del Estado, con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos públicos y reducir la burocracia en la administración estatal.
Al término de la reunión, el contralor Camilo Benítez explicó el motivo de la visita y los temas tratados, señalando que se trabaja en una visión de planificación estratégica desde el órgano de control para mejorar la eficiencia del gasto público en las instituciones del Estado.
“Nosotros con el ministro compartimos la visión de que tenemos que tener un plan estratégico desde el organismo de control que mejoren a las instituciones del Estado a ser más eficientes en el gasto público. Si nosotros mejoramos nuestros controles, quizás podamos ayudar a que el Estado paraguayo sea más eficiente, menos burocrático y se gaste mejor el dinero del contribuyente”, expresó.
Asimismo, el contralor detalló que el organismo prepara un plan que incorpora el uso de inteligencia artificial en los procesos de control del gasto público, el cual será presentado el próximo 30 de junio. Añadió que la iniciativa cuenta con apoyo de organismos internacionales para el desarrollo de algoritmos y herramientas de análisis.
Finalmente, precisó que el proyecto tendrá alcance en todo el Estado paraguayo, con un plan piloto inicial en gobiernos departamentales y municipales, para luego avanzar progresivamente hacia el gobierno central.
La Ande deberá presentar nueva propuesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacional, luego de que se reabriera la discusión sobre mecanismos de incentivo para proyectos industriales.FOTO: ARCHIVO
Gobierno evalúa nuevas tarifas para atraer industrias y ajusta gasto público
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Piden informes técnicos a la Ande para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra evaluando junto a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) posibles incentivos tarifarios para atraer inversiones al país, especialmente aquellas vinculadas a industrias de alto consumo energético.
Así lo confirmó el ministro Óscar Lovera, en contacto con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Señaló que actualmente se están solicitando informes técnicos a la estatal eléctrica para determinar cuáles son las condiciones que podrían ofrecerse sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
Según explicó, la Ande deberá presentar una nueva propuesta para ser analizada por el Equipo Económico Nacional (EEN), luego de que se reabriera la discusión sobre los mecanismos de incentivo para proyectos industriales. El objetivo del Gobierno es mantener la capacidad de atraer inversiones, especialmente aquellas que generen empleo formal, especializado y mejor remunerado.
Lovera sostuvo que la intención es encontrar un equilibrio entre la competitividad que demanda el sector productivo y la necesidad de preservar la salud financiera de las instituciones públicas. En ese sentido, remarcó que cualquier esquema de beneficios deberá ser evaluado integralmente antes de su implementación.
CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Paralelamente, el Ministerio de Economía avanza con un plan de contención del gasto público ante una recaudación que todavía no garantiza plenamente el cumplimiento de las proyecciones de ingresos previstas para este año.
El ministro explicó que las medidas apuntan principalmente a restringir gastos de carácter institucional que no son considerados prioritarios, como nuevas construcciones administrativas, adquisición de vehículos, alquileres y determinados desembolsos operativos. También se establecieron límites para conceptos como viáticos, pasajes y algunas bonificaciones, tomando como referencia los niveles de ejecución registrados durante el 2025.
Paraguay necesita una política energética clara
Postura del gremio de ingenieros de la Ande, para avanzar hacia un plan a largo plazo.
El presidente de la Unión de Ingenieros de la Ande (UIA), Manuel Mettel, sostuvo que nuestro país necesita avanzar hacia una política energética de largo plazo que permita aprovechar de manera eficiente un recurso que considera cada vez más estratégico. En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, recordó que Paraguay dispone actualmente de energía limpia y renovable proveniente de las hidroeléctricas, pero advirtió que se trata de un recurso limitado que debe ser administrado con criterios de sostenibilidad y desarrollo económico.
Según explicó, la postura de la UIA respecto a los decretos derogados estuvo vinculada al análisis de los efectos que podrían generar contratos con tarifas por debajo de los costos reales de suministro y con plazos de vigencia muy extensos. A criterio del gremio, este tipo de esquemas podría trasladar costos futuros al resto de los usuarios y generar distorsiones en el sistema eléctrico nacional. Señaló que uno de los principales desafíos es que Paraguay se aproxima a una etapa en la que necesitará incorporar nuevas fuentes de generación interna para atender el crecimiento de la demanda energética.
Estas alternativas, sostuvo, tendrán costos superiores a los de la generación hidroeléctrica actual, lo que obliga a planificar cuidadosamente la utilización de la energía disponible.
En ese escenario, considera fundamental que las decisiones sobre tarifas y condiciones de suministro se apoyen en criterios técnicos y financieros sólidos. En particular, destacó el rol de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) en la definición de los mecanismos que regirán para futuros proyectos industriales.
Recordó que la carta orgánica de la Ande establece parámetros para la fijación de tarifas y para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Entre los objetivos se encuentran asegurar recursos suficientes para cumplir con sus compromisos financieros, mantener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura eléctrica.