Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

Le puede interesar: Bancada de HC aguardará pedido formal sobre senadora Cabrera

El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

Siga informado con: Analizarán propuesta para modificar régimen de financiamiento de campañas políticas

La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

Le puede interesar: Bancada de HC aguardará pedido formal sobre senadora Cabrera

Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

Siga informado con: Presidencia de la Conacom queda a cargo de Eduardo Barros

El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, informó este jueves que iniciarán una auditoría combinada al Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Jorge Brítez. Los resultados de la fiscalización serán publicados en julio del 2026.

Detalló que la fiscalización fue solicitada incluso por el propio Brítez y abarcará el manejo de la caja de jubilados y las inversiones financieras realizadas por la previsional. El anuncio fue concretado tras acudir al Congreso Nacional con el fin de presentar el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024.

“Ya tenemos un plan de auditorías para el 2025 que empezará mañana y que formará parte del informe del 2026. El IPS está como prioridad uno, porque nosotros creemos que amerita ante la cantidad de situaciones que envuelven al IPS, en especial el déficit que tienen en la caja", sostuvo en una conferencia de prensa.

Benítez acotó: “vamos a hacer una auditoría combinada. Es muy oportuno ver en el caso de IPS si las inversiones se realizan conforme a la ley“. El informe fue entregado al vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, el liberal Dionisio Amarilla.

Lea también: Abre plazo para protestas de las oferentes de máquinas de votación

Por otra parte, el contralor manifestó que el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024, expone una serie de desprolijidades administrativas y contables, que podrían constituirse en hechos punibles. “Los balances presentados no reflejan la realidad de lo que se verifica. Siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de sinceridad de los estados contables”, comentó.

Benítez siguió argumentando que “todas las instituciones del Estado deben presentar un plan de mejoramiento. Se hará una mesa de trabajo con la asesoría jurídica para ver si estas observaciones tienen indicios de hechos punibles para que sean remitidos al Ministerio Público“.

Benítez citó como ejemplo de una grave irregularidad administrativa el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que carece de una falta de planificación en adquisición de medicamentos. “En Paraguay es extremadamente desesperante la situación de las personas que sufren por estas enfermedades, especialmente de cáncer, y no vemos una buena planificación”, indicó.

El contralor detalló que en la institución se realizó una licitación para comprar un medicamento que precisaba un enfermo oncológico, pero al momento de la adquisición ya la persona había fallecido y el monto que se invirtió fue más de G. 5.000 millones.

“El Incan no pudo encontrar otra persona a quien destinar este medicamento, por lo que venció. También vemos una metodología con las medidas judiciales a través de amparos. No hay una planificación de compra de medicamentos. Muchas veces se compran medicamentos que están a punto de vencer”, lamentó.

Benítez agregó que “al momento de comprar un medicamento y vence, es un perjuicio para el Estado paraguayo directamente. Siendo que hay miles y miles de personas que de alguna manera sufrimos o padecimos por este tipo de enfermedades, es muy irresponsable en cuanto a los administradores no prever o no planificar“.

Te puede interesar: Peña inicia reuniones con más de 90 empresarios en Finlandia

El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.

Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.

Lea también: Presidenta de Honduras recibió a la delegación de MOE-OEA encabezada por Eladio Loizaga

Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.

Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.

Le puede interesar: Senado otorga media sanción a proyecto que establece nuevos feriados