La batería de subsidios e impuestos cruzados que distorsionan la asignación de recursos introduce señales incorrectas hacia los mercados, aumentando así la ineficiencia y disminuyendo la tasa de crecimiento de largo plazo, condenando a las permanentes crisis económicas.

Así lo manifestó el economista y excanciller nacional Rubén Ramírez Lezcano, en una entrevista para La Nación - Nación Media para abordar a fondo la implicancia y el impacto que generan los subsidios a las economías a raíz de cómo pareciera querer direccionarse el país tras la serie de situaciones recientemente experimentadas con los cierres de ruta por parte de camioneros.

Antes de avanzar, quiso sacar a contexto el significado de la palabra “subsidio”, que, según la Real Academia Española (RAE), es “una prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada”.

Respetando la definición, para el especialista también es quizás “una de las herramientas gubernamentales más frecuentemente utilizadas por los Estados, que generan distorsiones complejas en la economía en materia de competitividad, productividad, competencia y desestímulo a las inversiones, una vez que los subsidios se tornan de carácter permanente”, expresó.

Leé también: Fueron meses difíciles para pequeñas empresas por falta de circulante, según Amedap

Y en este punto, Ramírez compara la política económica de alto nivel de subsidios de la Argentina, donde 6 millones de contribuyentes financian 29 millones de subsidios salariales, con una elevadísima inflación que se podría disminuir con un plan antiinflacionario, o solucionar transitoriamente el problema de la competitividad mediante una devaluación de la moneda, explicó.

Sin embargo, esto no solucionaría los problemas reales de una economía altamente endeudada, porque el déficit fiscal que genera el sistema de los subsidios no es sostenible, remarcó el economista. Es decir, para ese país, desarticular los subsidios a la energía, al transporte, a la educación privada, a la salud, al trabajo, a la compra de autos, a la construcción de casas, es el principal desafío no solamente económico, sino principalmente político, fundamentó.

“Desarmar estos subsidios significa cambiar los precios relativos de la economía, terminar con situaciones de privilegio de las que hoy gozan no solo las personas de bajos recursos, sino, principalmente, los de ingresos medios y altos que consumen más energía, más combustibles, más agua potable, y que ya no podrán comprar autos a precios acordados o construir, entre otras cosas, con el dinero de los pocos argentinos que pagan sus impuestos y no pueden acceder a estos beneficios”, indicó.

En dicho contexto, Ramírez cotejó un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estableció que los efectos adversos de los subsidios pueden traer grandes consecuencias para la inversión privada y paradójicamente afectar también al consumidor final. Es que, además de consumir los ingresos recaudados por el Gobierno, para desviarlos a sectores que no son productivos, pueden llevar a un aumento excedido del consumo y también “deprimen la inversión privada”, ya que en el largo plazo los productores no ven la necesidad de invertir en mejorar su línea de producción por estar atados a una ayuda sustancial.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), esto se argumenta desde el punto de vista de diversas corrientes de la psicología o la sociología, que afirman que el asistencialismo estimula la improductividad e invita a no participar en los procesos productivos e innovadores.

Leé más: Contact center: una industria que crece y proyecta 1.000 nuevos empleos

En otro momento, el economista señaló que el sistema de precios en una economía es un mecanismo que coordina una variedad de materias de la forma más eficiente que se ha descubierto hasta hoy. Es este sentido, los precios son señales que indican qué producir, cómo producir, a cuánto vender un producto, cómo comercializarlo, cómo distribuirlo y qué es lo que la gente demanda, sostuvo.

Por lo tanto, un sistema de precios que permita la competencia es una garantía de eficiencia y de disminución de costos a largo plazo, tanto como de mejoramiento de la calidad. Pero más allá de los problemas macroeconómicos fundamentales, tales como la inflación o la existencia de un sistema de precios cuyas señales sean contradictorias, desestimula la eficiencia y promueve la inversión en mercados o nichos que en condiciones de “competencia” quizá no justifiquen inversión alguna.

“Si queremos crecer en forma sostenida y disminuir la pobreza en forma definitiva, no debemos olvidar que la perversidad de una política económica subsidiaria necesariamente se construye bajo un sistema de impuestos y subsidios insostenibles, que podrá sumergir a nuestro país en la decadencia”, remarcó.