El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, compartió la postura asumida desde el gremio con relación a las medidas de fuerza tomadas por el sector de camioneros, específicamente en lo que respecta a los cierres de ruta.

El referente industrial fue tajante al transmitir que les parece un despropósito que para reclamar algo se tenga que interferir en el resto de las actividades cotidianas de cualquier sector.

Alegó que si no se confundiera a la ciudadanía, de no usar este tipo de situaciones como los cierres de ruta para molestar a otros sectores, es cuando se imponen esas medidas preventivas como el planteamiento de elevar penas a los que lo apliquen.

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“La Constitución Nacional reza que debe estar garantizado el libre tránsito. Vamos a ser un país ordenado cuando nos respetemos, cuando se cumplan las leyes. No tiene por qué el pueblo estar pagando las malas intenciones políticas de algunas personas”, expresó Duarte en contacto con la R800 AM.

El titular de la UIP instó a evitar situaciones que conlleven a un sistema “oligopólico”. Foto: Pánfilo Leguizamón.

Evitar el oligopolio

El titular de la UIP remarcó que el perjuicio no se trata de la industria solamente, pues las manifestaciones las sufre todo el pueblo, perjudicando a ejercer la libre circulación y acceder a productos de hasta primera necesidad que suelen quedar trabados en los cierres de rutas.

Es así que instó a que se debe lograr una estabilidad país, evitando situaciones que conlleven a un sistema “oligopólico”, agregó Duarte.

En dicho contexto, hay que mencionar que el senador colorado Enrique Riera fue quien plantó un proyecto de ley, conocido como proyecto Riera, por el cual busca elevar las penas por cierres de ruta con castigos de hasta seis años de cárcel, y desde la UIP apoyan esta moción porque consideran que servirá de forma preventiva.

El proyecto tomó fuerza tras la detención de un grupo de camioneros que supuestamente exigió al ministro del Interior, Federico González, la suma de US$ 50 mil para evitar el cierre de rutas ante la suba de precios de los combustibles, lo cual fue calificado de extorsión.

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