El Equipo Económico Nacional (EEN) mantuvo una reunión con representantes del sector privado para poner a conocimiento la postura del Ejecutivo con relación al proyecto de ley que pretende un aumento salarial para los actuarios judiciales, que ya tuvo media sanción por la Cámara de Diputados y sobre la situación fiscal del país.

En la ocasión informaron además que no están en conocimiento de ningún preacuerdo suscrito entre el vicepresidente de la República y sectores sindicales y que el Ejecutivo no está en ninguna mesa al respecto, pero que no implica que en futuro se pueda tener participación, al tiempo de señalar que ahora no es el momento de hacerlo.

“La posición del Gobierno, desde el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda, es la de ser prudentes porque no están dadas las condiciones de discutir ningún aumento salarial porque el momento no lo permite, a más de no poner en riesgo la estabilidad macroeconómica”, expresó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, tras la reunión en Palacio de López.

Lea también: Ley de comercio fronterizo: afectará a la formalización y al 90% de empresarios

Explicó que el país atraviesa por un momento complicado luego de enfrentar una pandemia y una sequía extrema que ya requirieron de medidas paliativas en función a las recaudaciones, por lo que no hay cupo para más gastos corrientes.

A esto se suman iniciativas que van en contra del equilibrio económico, con ciertos proyectos de ley que buscan eliminar o limitar tasas impositivas como reducir la base imponible en el régimen de frontera, la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a ciertos productos, la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta básica. Es así que estos proyectos pueden generar un impacto importante en la recaudación del fisco, de unos US$ 422 millones, o lo que sería el 10% de las recaudaciones totales anuales.

Además, la idea de validar aumentos salariales incrementará los compromisos de gastos corrientes provocando un impacto fiscal que, de aprobarse, rondaría los US$ 140 millones, que a su vez terminarán en ampliar el déficit fiscal de 3% a 4,6%, con lo cual será imposible sostener el gran esfuerzo de los últimos años para mantener una estabilidad macroeconómica.

Por lo tanto, desde el Ejecutivo plantearán una propuesta de ley que evite este tipo de situaciones en años electorales o preelectorales de solicitar aumentos o reducir impuestos, en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal, y que sea de forma permanente.

A su vez, los representantes del sector privado manifestaron su disconformidad rotunda ante los proyectos de ley, que en caso de que prosperen tales iniciativas, se generará un agujero en las finanzas públicas y en la estabilidad económica de la ciudadanía, según indicó el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte.

“Estamos en un proceso incipiente de recuperación económica luego de los fenómenos atravesados como la pandemia y la sequía, y desordenar las cuentas fiscales en este momento va a ser un golpe muy duro para los paraguayos”, señaló el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira.

Por su parte, el presidente de la organización Desarrollo en Democracia (Dende), Alberto Acosta Garbarino, remarcó que no se puede permitir que el electoralismo termine desbarrancando todo el activo construido por Paraguay, y que se debe dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es cuestión de derecha, siendo que el equilibrio es responsabilidad del Gobierno.

Le puede interesar: Petropar: hoy definen aumento de combustibles no subsidiados