El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del consejo, se reunió con Francisco Figueroa, experto senior en el Sector Financiero del Departamento Legal del FMI, y Guillermo Garcia Orué, consultor del BID, en el Instituto del Banco Central del Paraguay. Foto: Gentileza.
Consejo de Supervisores antilavado se reunió con representantes del FMI y BID
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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), se reunió este lunes con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del consejo, se reunió con Francisco Figueroa, experto senior en el Sector Financiero del Departamento Legal del FMI, y Guillermo Garcia Orué, consultor del BID, en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
El objetivo del encuentro fue fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el lavado de activos, según informaron desde Seprelad.
Asimismo, el FMI reconoció el apoyo y el trabajo articulado de la Seprelad con otras unidades de Inteligencia Financiera, así como con otras instituciones encargadas de supervisar, investigar, acusar y condenar sobre los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por otra parte, el encuentro permitió observar la evolución del país en materia de cumplimiento técnico y efectividad frente a los estándares internacionales ALA/CFT propuestos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y evaluar las oportunidades que pueda presentarse a fin de continuar con los avances en la supervisión con enfoque basado en riesgos para los distintos sectores sujetos obligados del sistema ALA/CFT.
Creación del consejo
Por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019 el Consejo de Supervisores, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
El FMI es uno de los aliados estratégicos internacionales más importantes para el sistema ALA/CFT. En el año 2017 el organismo intergubernamental evaluó el sistema ALA/CFT de Colombia, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Gafilat.
Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
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El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado,conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
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El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
Positivo balance de reuniones con FMI y BM en Washington
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Durante la penúltima semana de abril, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos y otras autoridades, entre ellas, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, mantuvieron varias reuniones con gerentes y directores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) para mostrar cómo avanza el país en el desarrollo económico y a la vez, concretar importantes acuerdos.
En el encuentro con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, Fernández Valdovinos y el presidente del BCP identificaron alianzas para potenciar a través del sector privado la productividad del país, al igual que en la reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, donde conversaron sobre cómo el FMI podría ayudar a fortalecer la política social y macroeconómica del Paraguay.
El ministro de Economía concretó un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar servicios de salud en San Pedro, donde 90.000 usuarios serán beneficiados con la construcción del Hospital General de San Estanislao. “Muestra del compromiso del Gobierno de mejorar el acceso a salud pública en todo el país”, afirmó.
Por otro lado, resaltó las reuniones que se suscitaron con altas autoridades del FMI encabezada por Rodrigo Valdés, director del departamento del hemisferio occidental, donde analizaron las perspectivas de crecimiento económico para Paraguay. Asimismo, remarcaron la importante reunión con la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, donde dialogaron sobre la evolución de la economía de Paraguay y la política medioambiental.
También realizaron una mesa de diálogo con la colectividad paraguaya en Washington. Encuentro donde se presentaron varios desafíos y oportunidades del Gobierno para avanzar hacia el crecimiento sostenible. En ese marco, en la reunión con el senador Marco Rubio, el legislador reafirmó el deseo de propiciar una alianza estratégica con Paraguay.
Durante el conversatorio sobre “cómo desbloquear recursos naturales para el desarrollo a través de asociaciones globales”. Propusieron impulsar el desarrollo económico de países emergentes para evitar aumento de deuda y déficit. En otra oportunidad, se conformó una mesa de diálogo entre la delegación paraguaya y líderes del Americas Society/Council of the Americas. Hablaron sobre el desarrollo sostenible en Paraguay y los desafíos de la región.
Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.