El pasado jueves la Comisión Nacional de Competencia (Conacom) dio inicio a actuaciones preliminares para la eventual apertura de una investigación a los emblemas privados, tras la decisión tomada por estos de recortar sus horarios de servicio por no ser incluidos en el subsidio otorgado por el Gobierno Nacional a Petropar a través de una ley.
Así confirmó Gustavo Benítez, director de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia, en entrevista con Radio 1000, aclarando que la normativa prohíbe que todo un gremio de una actividad comercial definida deje de operar de manera conjunta dejando a la ciudadanía sin el servicio correspondiente.
“No pueden ponerse de acuerdo para dejar de operar, si alguien de manera unilateral deja de atender al negocio, fantástico, lo que la ley busca es que exista incertidumbre entre los competidores, para que justamente compitan”, acotó.
Medidas correctivas
Benítez anunció que de comprobarse la infracción de los servicentros que dejaron de vender combustible, estos se exponen en principio a medidas correctivas y a apercibimientos.
Los emblemas privados asociados a la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa) decidieron desde el jueves pasado recortar sus horarios de atención como una medida comercial. La misma fue levantada el sábado por la mañana, pero desde hoy volvieron a remarcar sus precios al alza.
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Por otro lado, el economista José Luis Rodríguez Tornaco cuestionó la falta de planificación por parte del Gobierno Nacional en el manejo de la crisis de los combustibles y señaló que desde un principio se advirtió que era preocupante la ausencia del rol regulador del Estado.
Consideró que la ley de estabilización de precios de los combustibles es solo “un revólver que no tiene balas”, ya que no se previó la fuente de financiamiento. “Lo único que esta ley tenía era lo que los camioneros y ciertos gremios querían, que era que Petropar subsidie durante 3 meses, que es justo el período que dura la cosecha, el tema del gasoil para el transporte”, expuso.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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Ruta Bioceánica ubicará al país en el centro logístico mundial, destaca analista
El abogado y economista Víctor Pavón destacó la preponderancia regional y mundial que ganará Paraguay con la materialización de la Ruta Bioceánica. Así, el profesional adelantó cómo el país se convertirá en el centro logístico de Sudamérica, experimentando un efecto multiplicador en términos económicos de hasta el 2 % del producto interno bruto (PIB).
Según detalló el profesional, la Ruta Bioceánica forma parte de un proceso de conectividad que ganó impulso con el actual Gobierno y se puede comparar con el Canal de Panamá debido al gran impacto que tendrá la obra para el comercio y desarrollo.
“Se va a convertir en un centro logístico de nivel mundial. Las mercaderías salen del Brasil y tienen que pasar por el Canal de Panamá a 8.000 kilómetros de distancia para ir al Pacífico. Ahora, van a pasar por la Bioceánica: se habla de un ahorro de miles de kilómetros y recursos en dinero y tiempo, que influyen sobre el costo del producto final”, expresó al programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN/Nación Media.
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La obra implicará un extraordinario efecto multiplicador en términos económicos y se convertirá además en un tramo donde almacenar y distribuir mercaderías, con todos los complementos que conlleva. “Desde combustibles y hotelería hasta centros gastronómicos. Podría tener un impacto fácilmente del 2 % del PIB”, enfatizó.
Pavón hizo hincapié en que Paraguay necesita salir hacia el Pacífico pensando en el desarrollo económico. Actualmente, la única vía local que se tiene disponible es la Hidrovía Paraguay y Paraná. “Esta Bioceánica le va a dar un empuje al Paraguay y no podemos perdernos esta oportunidad. No tenemos que depender de Argentina o Brasil”, agregó.
La Ruta de la Bioceánica fue inaugurada a inicios de año del 2022, tiene 277 kilómetros y une a las poblaciones de Carmelo Peralta y Loma Plata. Esta importante vía será la principal conexión regional para unir los océanos Pacífico y Atlántico (Corredor Bioceánico), una vez que culmine la construcción del puente de la Bioceánica, que también se construye en la zona de Carmelo Peralta.
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Irán aplica sanción contra individuos y empresas de EE. UU. y Reino Unido
Irán anunció este jueves sanciones contra altos funcionarios estadounidenses y británicos y varias empresas de estos países por su apoyo de Israel en la guerra contra el movimiento palestino Hamás en Gaza. La República Islámica, un archienemigo de regional de Israel, es un aliado de Hamás.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán informó que las sanciones implican el bloqueo de cuentas y transacciones en el sistema financiero y bancario iraní, el congelamiento de activos en su jurisdicción y la prohibición de obtener visas para ingresar a su territorio.
Las sanciones afectan a siete altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al general Bryan P. Fenton, comandante de las Operaciones Especiales, y la lista negra de las autoridades iraníes incluye también al secretario de Defensa británico, Grant Shapps, entre otros.
Teherán también anunció sanciones contra la empresa de defensa estadounidense Lockheed Martin y la petrolera Chevron y las británicas Elbit Systems, Parker Meggitt y Rafael UK.
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La guerra en Gaza estalló el 7 de octubre, cuando los comandos de Hamás mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en estadísticas israelíes.
Irán apoya a Hamás, pero niega que tuviera conocimiento del ataque antes del 7 de octubre. Israel lanzó una ofensiva de represalia en Gaza que ha dejado 34.596 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por Hamás.
Fuente: AFP
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.