El ministro del Interior, Enrique Riera, destacó el proceso de cambio en la institución policial que dejará un modelo diferente y, principalmente, que garantice la seguridad ciudadana. El secretario de Estado realizó esta valoración al considerar los dos años de gestión del gobierno de Santiago Peña.

El ministro aseguró que, al término de este Gobierno, la policía va a estar institucionalizada, mejor equipada y capacitada, así como más depurada. “El mensaje mío es de esperanza porque el Gobierno estableció cuatro prioridades: la educación, la salud, el empleo y la seguridad, y se estableció que si no hay seguridad no hay inversión, si no hay inversión no hay desarrollo, entonces, a mayor seguridad, mayor desarrollo”, dijo en entrevista para La Nación/Nación Media.

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Como uno de los principales logros de esta cartera de Estado, Riera destacó la puesta operativa de la Policía Nacional, con la inversión en formación y equipamiento. “Hay que señalar se pudieron adquirir cerca de 600 camionetas 0 kilómetros, más de 8.000 chalecos antibalas, se pudo lograr la compra de más de 1.000 motocicletas, además de eso se triplicó la cantidad de Linces, que hoy tiene 700 motos y 1.400 Linces. Otro logro también fue la decisión del Gobierno de quintuplicar el número de ingresantes en la Policía, lo que equivale pasar de 1.000 policías por año ingresado a 5.000 policías por año”, señaló.

Agregó que, manteniendo este ritmo, en los próximos tres años se llegarán a los 50.000 policías, “y eso responde a estándares internacionales, establecido en los organismos internacionales más importantes del mundo, que establecen una mínima de 300 policías por cada 100.000 habitantes”.

Siguiendo la misma línea de cambio institucional, se refirió a la nueva ley de modernización después de 30 años, ya que la ley 222 data del año 1993, y la actual ley con un año de vigencia hace que sea una Policía totalmente cambiada. Esta nueva normativa incluye beneficios para los integrantes de las fuerzas de seguridad, pero también un estricto cumplimiento de sus obligaciones.

“Vamos a dejar una policía fortalecida institucionalmente, una policía más depurada, porque también hay que mencionar que en la nueva ley vigente se establecen muchos beneficios sociales para la policía, pero paralelamente la obligatoriedad de pasar por el polígrafo para los ascensos, quiere decir que van a llegar a los cargos superiores aquellos que no cuentan con cuentas pendientes o conductas deshonestas”, remarcó.

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Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad en las calles, a lo que el ministro comentó que “al aumentar el número de policías, de 5 veces más por año, es cierto que a dos años tenemos la primera dotación de 5.000 policías que salieron el año pasado y estamos recién a 7 meses de esa implementación y a diciembre de este año salen los siguientes 5.000 policías, es decir que, a los dos años de Gobierno, va a coincidir con dos dotaciones, 10.000 policías más”.

Resaltó que el objetivo es tener mucha más seguridad en el corto, mediano y largo plazo, por lo menos en los tres años de gestión que queda el presidente. “Hay un plan trazado que se está ejecutando puntualmente y que está generando para nosotros grandes resultados en otras áreas que no eran típicamente policiales, pero que sí estaba faltando”, aseguró.

Por otra parte, habló de las proyecciones en materia de seguridad, mientras destacó que las grandes inversiones ya vienen dando resultados. “Nuestros números son buenos, en el sentido que hemos reducido porcentajes importantes en todos los delitos sin excepción y particularmente en Capital y Central. La mezcla de Linces, patrulleras y las inversiones de más de 5 millones de dólares en 2.800 equipos de comunicación que tienen 11 canales, permiten la simultaneidad de las operaciones y la concentración de policías en los lugares donde suceden los eventos”, mencionó.

Detalló que se está trabajando en potenciar el Sistema 911, que permite con tecnología tener la información en tiempo y forma para poder responder de una mejor manera. “Nosotros creemos que el día que podamos completar, toda la dotación, tendremos la posibilidad que las patrulleras, las motocicletas y las patrullas puedan hacer algo que hoy la ciudadanía nos reclama, que es la mayor y mejor presencia al interior de los barrios”, sentenció.

El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos y valoró la cooperación y el apoyo que está brindando a nuestro país el gigante norteamericano. Para el secretario de Estado, este vínculo se está traduciendo en beneficios especialmente para las carteras de seguridad.

“Permanentemente hay personas que tratan de dañar una relación que tiene más de 100 años y yo no sé cuántas veces un canciller llegó a un secretario de Estado, que está muy cerca del presidente Donald Trump, como pasa ahora. Las relaciones con los Estados Unidos están más firmes que nunca, creo que están en su mejor nivel, y la prueba es todo el apoyo que está dando a las Fuerzas Armadas”, expresó.

En conversación con varios medios de prensa, Riera manifestó que puede hablar con pruebas sobre la solidez de las relaciones bilaterales, dado que recientemente estuvo en el Quantico, Estado de Virginia, donde está ubicada la academia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por sus siglas en inglés.

“Estuve en el mítico Quantico del FBI con 15 policías jóvenes seleccionados por su coeficiente intelectual y entrenados por el FBI, que van a venir a instalarse en Paraguay, entonces los hechos que estamos viviendo, al menos en el área de seguridad, dan que nosotros estamos mejor que nunca”, ratificó.

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El ministro también se refirió sobre el reciente informe publicado de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advirtió sobre retrocesos de nuestro país en esta materia, sobre esto, Riera señaló que considera razonable que la institución de dicho país se exprese de acuerdo a su perspectiva.

“Por el momento yo no veo nada que realmente sea preocupante, todos son testigos de que hay una libertad absoluta. Los que vivimos la época de Alfredo Stroessner sabemos la diferencia que existe hoy para que cada uno haga y diga lo que quiera, con absoluta libertad, lamentablemente algunos paraguayos vemos solo las cosas que no funcionan, pero en las materias que nos ocupan a nosotros estamos mejorando día a día”, concluyó.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, remitió este jueves su informe final al Ministerio del Interior, encabezado por Enrique Riera. Los documentos serán remitidos al presidente de la República, Santiago Peña, para su posterior envío a la Cámara de Diputados y la prosecución de los trámites establecidos en la normativa vigente.

La fiscalización a la gestión del intendente opositor y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, se inició el pasado 23 de junio. El proceso fue impulsado mediante el requerimiento de la Contraloría General de la República (CGR) ante la existencia de graves irregularidades.

Entre las irregularidades detectadas en la administración de Prieto figuran, por ejemplo, una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

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Por otra parte, informaciones desprendidas de la revisión administrativa y financiera hecha sobre recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones en dicho periodo, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

De dicho monto, G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Ramírez también presentó el pasado lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no ingresaron a Tesorería.

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Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

Una larga cola de vehículos, livianos y de gran porte, esperan para cruzar de un lado al otro debido a que no pueden avanzar debido a una protesta con cierre de ruta en la Transchaco, a la altura del km 160, en la zona de Pa’i Pukú, en las cercanías de la Ruta Ñ.

Los choferes de los vehículos aseguran que pasan penurias para poder cruzar de un sentido al otro, lo que genera malestar a las personas que utilizan la ruta, ya sea llevando mercaderías, productos y que viajan para realizar asistencia.

“En el Km 160 de ruta Transchaco se cerró la vía. Hasta cuando seguiremos aguantando estas penurias, perjudican a gente trabajadora que viajan al Chaco”, denunció un chofer que espera hace horas poder cruzar.

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La protesta se concentra en la entrada a la Ruta Ñ. Allí, los pobladores exigían que se saquen los puestos de peaje, asegurando que cobran una suma muy elevada, en especial para las personas que viven en las comunidades indígenas.

Según la denuncia de los pobladores es que la “Ruta Ñ” estaría controlada por la Asociación Ruta Ñ, que administraría un portón y que prohíbe el paso de vehículos de 22:00 a 5:00, momento en que permanece cerrado, según señalan los pobladores.

Aseguran que hay al menos seis portones y en cada uno se cobra al menos 20.000 guaraníes para liberar el paso. Recordaron que hace unos meses un niño indígena falleció debido a que uno de los guardias no permitió el paso de sus padres, no pudiendo llegar hasta un centro asistencial, perdiendo la vida en el camino.

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