El operativo A Ultranza Py también podría salpicar a la Cooperativa de Capiatá Ltda., debido a las operaciones que realiza, por lo que el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) proceden a una fiscalización de la casa solidaria.
Así lo informó el titular de la Incoop, Pedro Löblein, en contacto con la 780 AM, al tiempo de asegurar que no se trata de una intervención, pero sí consideraron necesario fiscalizarlo.
“En el caso San Cristóbal, ya teníamos dentro del plan de actividades fiscalizar integralmente. En el caso de Capiatá, lo estamos haciendo por los comentarios y las posibles operaciones de algunos socios”, expresó Löblein.
Manifestó que como Incoop, precisan contar con la información, analizar la situación, por lo que consideraron importante fiscalizar para corroborar la veracidad de los hechos o comentarios.
Asimismo, remarcó que una fiscalización es normal, un procedimiento en el que se verifican las carpetas, las actuaciones del consejo, la cartera de crédito y la cartera de ahorro entre otras documentaciones.
Al tiempo reiterar la importancia de aclarar que no se trata de una intervención en la Cooperativa Capiatá, pues se hablaba fuertemente de ello como tal, y que no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero sí creen en la necesidad de fiscalizarla.
“Esto es algo que no tiene que intranquilizar a los socios, porque es algo en el cual, inclusive, los resultados se le obliga a la cooperativa a presentar el informe en una asamblea”, acotó el titular del Incoop.
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Giuzzio, entre el juicio oral y nuevas sospechas de nexos narcos
Antes de velar por la seguridad y garantizar las estrategias para erradicar el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado en Paraguay, Arnaldo Giuzzio mantenía, de acuerdo a las investigaciones fiscales, vínculos con capos narcos que estarían operando en el país.
Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, deberá enfrentar el juicio oral el próximo 18 de febrero de este año.
El agravante de este hecho se da porque Giuzzio en ese momento ocupaba un alto cargo en el gobierno de Mario Abdo Benítez, como ministro del Interior, previamente, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), instituciones claves en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Si bien el caso judicial es sobre el nexo con Espíndola Marqués, también existen sospechas de que mantuvo amistosas comunicaciones con el narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado, en este último caso, la Fiscalía aguarda informes de las comunicaciones, llamadas y mensajes, desde Brasil a fin de establecer si realmente existía esta relación entre ambos, lo que complicaría aún más la situación judicial del exministro Giuzzio.
El capo brasileño Marcus Vinicius, que se encuentra preso en Brasil, es apuntado con Lindomar también como uno de los integrantes del grupo criminal. De acuerdo con las investigaciones realizadas, Giuzzio mantenía contacto con ambos mientras ocupaba un cargo clave en el gobierno.
Elementos que vinculan a Giuzzio con narcos
En lo que respecta al caso abierto -y a espera del juicio oral- el vínculo de “amistad” de Giuzzio con Marcus Vinicius tiene como elementos que lo vinculan con el mismo, como el pedido del exministro al narco para utilizar un vehículo durante sus vacaciones en el Brasil, vehículo que habría utilizado.
También se incluyen las “negociaciones” para un acuerdo de provisión de materiales tácticos para la Policía Nacional y vehículos blindados por parte del narcotraficante con el Estado paraguayo.
Ya en el caso de Lindomar, considerado como un “pez gordo”, la sospecha es que Giuzzio habría recibido “obsequios” del mismo, y que también habría colaborado en su fuga del barrio cerrado Paraná Country Club en el marco del fallido operativo Turff.
Tras su fuga, Lindomar fue detenido en Brasil, en un barrio de Río de Janeiro. Con su detención fueron extraídas comunicaciones del celular incautado, en las que se encontrarían los mensajes y llamadas de Giuzzio.
En marzo del 2025, los fiscales informaron al Tribunal de Sentencia la solicitud a las autoridades brasileñas sobre los registros telefónicos. Desde la Fiscalía señalan que de obtener el acceso a estas comunicaciones, solicitará formalmente su inclusión como prueba en el juicio oral y público.
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Fiscalía aguarda informe de los posibles mensajes entre Giuzzio y narcotraficante
En el marco del juicio oral y público por cohecho pasivo agravado que enfrenta el ex ministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, la Fiscalía aguarda el informe de los posibles cruces de llamadas o mensajes, que había requerido ya en marzo del año pasado, entre el narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado y el exsecretario de Estado.
El pedido había sido realizado ya el año pasado ante el tribunal de sentencia especializado en delitos económicos, teniendo en cuenta que Reges Furtado formaría parte también del grupo criminal del capo narco brasileño Marcos Vinicius Espíndola Marques de Padua, con quien el exministro mantenía contacto “amistoso”, con pedidos de favores y un intento de proveer al Estado paraguayo de materiales tácticos y vehículos blindados.
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La extracción de los datos de los teléfonos incautados de Lindomar se realizó en el Brasil, por lo que se solicitó desde Paraguay los informes del mismo. “Nosotros creemos que existe información que podría valorarse dentro del marco de este juicio. Solicitamos esta información para que pueda ser valorado por el tribunal. Lo que esperamos es que se pueda revelar cierta información que haga también a la participación del acusado”, había referido el fiscal de la unidad anticorrupción Jorge Arce para Nación Media en ese momento.
Habría recibido obsequios
La sospecha es que Arnaldo Giuzzio habría recibido “obsequios” por parte de Reges Furtado y que también habría colaborado en su fuga del barrio cerrado en el marco del fallido operativo Turf en el Paraná Country Club.
Reges Furtado fue detenido en enero en un condominio ubicado en Recreio dos Bandeirantes, un lujoso barrio de Río de Janeiro. También pesa sobre el mismo una orden de captura emitida por Paraguay en febrero de 2022, luego de que el investigado por nexos con el narcotráfico lograra fugarse de las autoridades durante la intervención de la Senad y la Fiscalía.
El Ministerio Público investigó a Arnaldo Giuzzio por cohecho pasivo agravado (coima), luego de reunir múltiples elementos que lo vinculan con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. De confirmarse el vínculo con Lindomar Reges Furtado, se complicaría aún más su situación procesal, teniendo en cuenta que ya no solo estaría procesado por cohecho pasivo, sino por narcotráfico.
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Giuzzio acumula antecedentes de mala gestión en la Senad, vínculos y ayudas para escape de narcos
El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior, Arnaldo Giuzzio, acumula antecedentes de supuestos vínculos con capos narcos, e incluso de posible ayuda a escapar a algunos de ellos, lo que se suma su débil y mala gestión al frente de la institución antidrogas.
Estos vínculos no solo le costaron el cargo de ministro del Interior en el gobierno de Mario Abdo Benítez, sino también enfrenta un proceso judicial por cohecho pasivo agravado.
Uno de los principales vínculos es con Marcus Vinicius Espíndola, con quien mantenía un frecuente contacto, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público en la causa judicial que enfrenta actualmente el ex titular de la Senad. Igualmente, intercambio de informaciones, y sospechas de que Giuzzio habría advertido a Espíndola del operativo Turf, que se realizó en el Paraná Country Club, de donde el supuesto narcotraficante logró escapar de la Senad.
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Marcus Vinicius fue capturado posteriormente en Brasil, donde está procesado por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos. En el marco de esta investigación desde Brasil se remitieron los informes de conversaciones entre Espíndola y Giuzzio, revelando una frecuente y “amistosa” comunicación entre ambos.
La “confianza” era tal que durante sus vacaciones en el Brasil, Giuzzio pidió prestada a Espíndola una camioneta para su movilidad, además ya como ministro del Interior, recibió al brasileño quien ofrecía la provisión de equipamientos y vehículos blindados para la Policía Nacional, a través de un contrato con el Estado paraguayo.
El nombre de Arnaldo Giuzzio también apareció en el caso del presunto líder de una estructura criminal, Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El exministro fue citado en algunos mensajes a través de la aplicación Sky ECC intercambiados entre Rodrigues y su padre, el exdiputado.
Estas conexiones revelan un patrón del exministro de Abdo con el crimen organizado y el narcotráfico, desde su gestión al frente de la Senad y el Ministerio del Interior, cargos claves en la lucha de este flagelo. Esto, sumado a una mala gestión con el combate al narcotráfico, como el levantamiento de controles en puertos, lo que supone la complacencia de Giuzzio para dejar el arco libre al crimen organizado.
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A Ultranza Py: jueza afirma que no se vulneran derechos ni garantías del pastor Insfrán
La jueza de Ejecución, María Lidia Wyder, rechazó un pedido de tutela jurisdiccional presentado a favor del pastor José Alberto Insfrán, recluido en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada.
La magistrada desestimó la solicitud tras constatar que Insfrán no sufre vulneraciones en sus derechos ni garantías.
El abogado Nelson López, representante del procesado en el caso “A Ultranza Py”, sostiene que su defendido recibe tratos inhumanos dentro del penal. Sin embargo, la jueza afirmó que se pudo comprobar que el procesado no padece ningún tipo de atropello a sus derechos, por lo cual dictaminó el rechazo del pedido formulado.
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De todos modos, la jueza de Ejecución exhortó al director del establecimiento a arbitrar los mecanismos necesarios para continuar salvaguardando la salud e integridad física del interno.
El Ministerio Público sostiene que tanto José como su hermano, Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”), son los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero a gran escala.
Esta estructura fue desbaratada mediante el operativo “A Ultranza Py”, que contó con la colaboración de la DEA, Europol y la Policía de Uruguay. Se trata del mayor operativo de esta magnitud en el país, el cual dejó al descubierto los vínculos del crimen organizado con la política, iglesias y empresas utilizadas para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.