Ayer jueves, la Audiencia Nacional - Sala de lo Penal de Madrid, Reino de España, dispuso que Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, requerida en Paraguay por el caso A Ultranza Py, sea extraditada.

La extradición a Paraguay será ejecutada de manera directa, ya que fue aprobada en todas las instancias del sistema de justicia y por el Consejo de Ministros del Reino de España, y ante la reciente renuncia a la solicitud de protección internacional del asilo que había sido articulada por la extraditable García Troche, según informó la Fiscalía este viernes.

La entrega de Gianina García Troche a las autoridades del Paraguay se ejecutará con la participación necesaria de las oficinas centrales de Interpol de España y de Paraguay. Los trámites internacionales fueron gerenciados por la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Paraguay, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer.

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Gianina García fue detenida en el aeropuerto de Madrid, España, el 7 de julio de 2024 tras bajar de un vuelo prove­niente de Dubái. Igualmente, la Justicia de Bolivia solicitó la extradición de la mujer por delitos relacionados a lavado de dinero. Actualmente la misma está presa en una cárcel de Madrid.

La imputación del Ministe­rio Público, a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, determinó que García Troche consti­tuyó una sociedad para ase­gurar las ganancias obteni­das del tráfico internacional de drogas y además abrió una cuenta para lograr la circula­ción de dinero ilícito en el sis­tema financiero.

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, habló sobre la inversión que está realizando el Gobierno en materia de seguridad, en este sentido, el secretario de Estado manifestó que para esta institución, es clave la adquisición de equipos tecnológicos de modo a poder cumplir con sus funciones con mayor eficiencia.

“Para nosotros es necesario y primordial que contemos con esos equipos de tecnología por el simple hecho de que cuando nosotros asumimos en la Senad, nos dejaron un presupuesto cero en tecnología, entonces es un poco complicado, pero aun así estamos sacando resultados extraordinarios. Lo que quiero es que la Senad tenga esos equipos para mejorar aún más esos resultados, es indispensable para nosotros, para nuestras investigaciones y para trabajos de inteligencia”, explicó a la 650 AM.

Asimismo, recalcó que hubo una mala intención de parte de actores políticos en afirmar que estos equipos iban a estar dedicados al espionaje. Rachid dejó en claro que estos equipos que van a ser adquiridos pasarán por todos los procesos legales establecidos para las compras públicas y pasarán a formar parte del patrimonio del Estado para su lucha contra el narcotráfico.

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“Hay una mala intención al informar que son equipos de espionaje porque no lo son, son equipos de tecnología que nos van a ayudar a nosotros en el día a día, nos va a facilitar las cosas en muchísimos aspectos, entonces es algo necesario porque lo que queremos es seguir mejorando permanentemente”, expresó.

El ministro indicó que la Senad ya ha avanzado en la compra de otros equipamientos tecnológicos, como un drone táctico que tiene una capacidad de vuelo de hasta 180 minutos, dispositivo sumamente útil para sus procedimientos. Rachid enfatizó la necesidad de una inversión importante en tecnología, puesto que las estructuras criminales manejan grandes caudales de dinero y las instituciones de seguridad necesitan actualizarse de forma permanente.

En esta línea, celebró la reciente inversión del Gobierno en la Policía Nacional, puesto que es una institución con la que realizan operativos en conjunto de forma permanente. “Todo aquello que represente una inversión, más todavía en cuestiones de seguridad para nosotros es importante, tenemos bien clara la película de lo que el presidente quiere ni bien asumimos, nos dijo que trabajemos todos en equipo y estamos demostrando eso”, afirmó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la Fiscalía General del Estado es una institución relativamente joven en la democracia del Paraguay; por lo tanto, necesita ser defendida y fortalecida, así como a sus autoridades que fueron constitucionalmente electas.

El legislador respondió de este modo ante la discusión instalada en la Cámara Baja, con la presentación del pedido de juicio político al fiscal general Emiliano Rolón, presentado por los abogados defensores de la familia del exdiputado fallecido Eulalio Gomes. Aclaró que la bancada de Honor Colorado aún no conversó sobre este asunto.

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Ante esta situación, Latorre ratificó que mantiene una posición histórica de respeto y búsqueda constante del fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.

“Yo creo que necesitamos fortalecer las instituciones de nuestro país, particularmente el Ministerio Público, teniendo en cuenta que es una institución relativamente joven, ya que anteriormente dependía exclusivamente del Poder Judicial”, explicó.

Explicó que cuando se fundó el Ministerio Público con la Constitución de 1992, se creó bajo la lógica de generar independencia en el proceso de la prosecución penal, de la institución que tenía el monopolio de la acción penal pública, que era el Poder Judicial.

“Entonces para fortalecer la justicia, fortalecer la institucionalidad en nuestra República, nosotros necesitamos proteger la vida de esta institución, así como de las autoridades que fueron constitucionalmente electas”, enfatizó.

No obstante, el presidente Latorre reconoció que el mecanismo del juicio político está “claramente establecido en la Constitución y es una atribución del Congreso de la Nación”, pero subrayó que “debería ser una medida de última ratio”, es decir, el último recurso a considerar.

“La discrepancia con respecto a una decisión puntual no debería motivar a llegar a esa última ratio”, sostuvo, defendiendo la necesidad de proteger la vida institucional y a las autoridades constitucionalmente electas.

El titular de la Cámara de Diputados concluyó señalando que su posición trasciende el caso particular y se enfoca en una necesidad fundamental del país: “El Paraguay tiene que fortalecer sus instituciones. Y eso implica asumir ese tipo de posiciones”.

“Naturalmente, estamos en democracia, estamos en el marco de la libertad de expresión, estamos en un marco donde no existe mandato imperativo. Veremos qué es lo que dice el Congreso Nacional”, finalizó.

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Por Lourdes Torres (lourdes.torres@nacionmedia.com)

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, resaltó que en la actualidad el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) continúa enfrentando lo que por ahora se denominan “las nuevas amenazas”, que son el terrorismo y el crimen organizado; los cuales van de la mano y constituyen un peligro muy grande para la sociedad.

“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar la ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamentos de guerra o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y sobre todo tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado, en algunos puntos del país, ahí van a estar presentes las Fuerzas Armadas de la Nación”, destacó en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Remarcó que las acciones de las fuerzas militares siempre estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, la Constitución, los procedimientos penales. Señalando que ninguna operación que se lleve a cabo se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la justicia, el Ministerio Público.

En vista a las nuevas amenazas, el ministro de Defensa destacó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, instruyó llevar un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, y de hecho, para ese fin, se había creado la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada en el norte del país, como parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna.

“Hace ya varios meses, el presidente de la República firmó un decreto por el cual se extiende la jurisdicción del Codi - FTC a los tres departamentos del Sur que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas”, acotó.

González resaltó como uno de los principales logros del trabajo conjunto de las fuerzas militares y policiales, que, de un tiempo a esta parte, el crimen organizado se estaba enseñoreando en la zona del departamento de Canindeyú, pero la presencia del Codi ha permitido dar varios e importantes golpes al crimen organizado.

Entre esos logros, el titular del Ministerio de Defensa destacó el operativo Ignis, que derivó en 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.

Igualmente, resaltó la operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos aproximadamente de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, cargamento que estaba a punto de ser enviado al vecino país. Remarcó que este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.

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“En general, el resultado del Comando de Operaciones de Defensa Interna fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, no hayan cumplido los objetivos estratégicos que ellos habían marcado. Estos tres objetivos estratégicos fueron: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país”, resaltó.

González remarcó que ni uno de estos tres objetivos han logrado los grupos terroristas gracias a la decidida acción del Codi, pese a que costó la vida de varios policías y militares a lo largo de estos años. “Tuvo un alto costo, pero el Codi impidió que estos objetivos estratégicos fueran cumplidos. Si esto llegaban a sus objetivos otra hubiera sido la situación en el Paraguay”, precisó.

El ministro de Defensa destacó la estrecha colaboración que ha llevado el Codi - FTC en alianza interinstitucional con otros estamentos del Estado como la Senad en la lucha contra el crimen organizado. Incluso en operaciones con la Policía Federal del Brasil, en varios operativos que ya se han llevado a cabo en la zona del Amambay, Canindeyú.

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