El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, se muestra confiado ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Los resultados deberán darse a conocer a mediados del mes de julio de 2022.
“Estamos con una expectativa muy positiva de lo que pueda ocurrir en julio del 2022. Los evaluadores, países observadores y toda la comunidad internacional reconocen el esfuerzo paraguayo en materia de combate al financiamiento de terrorismo y lavado activos”, confirmó en contacto con radio Nacional.
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Teniendo en cuenta que la última reunión llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Arregui adelantó un resultado auspicioso para el Paraguay, ya que se encontraron los evaluadores del Gafilat y la comitiva paraguaya.
Durante el encuentro se propició una oportunidad clave para lograr debatir, acordar y discernir entre los aspectos que se dieron a conocer en el informe de la evaluación. De esta forma lograron las aclaraciones técnicas de todo el informe.
Igualmente, la Seprelad viene encaminando el proceso que hace referencia a la versión final del informe teniendo como base los aspectos determinados en esta reunión. Ya que será tratado y adoptado a mitad de este año, por el pleno de representantes del Gafilat.
El equipo de evaluadores del Gafilat está conformado por un representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), representante de Estados Unidos y de los países de Colombia, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana.
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Ministro Diesel habilitó Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín
Con presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, y de los miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo el acto de habilitación de las nuevas instalaciones del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín.
La puesta en funcionamiento de esta sede se enmarca en las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la Justicia y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el territorio nacional.
Durante el acto, el ministro Diesel señaló que uno de los objetivos centrales de la máxima instancia judicial es garantizar una justicia ágil, eficiente y cercana. Asimismo, exhortó al equipo de trabajo, liderado por la magistrada Gloria Liz González, a desempeñar sus funciones con atención a las necesidades de la ciudadanía.
A su turno, la jueza de Primera Instancia y encargada del despacho, Gloria Liz González, señaló que la habilitación de la sede judicial representa el fortalecimiento de la presencia institucional del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y refleja el compromiso con el acceso a la Justicia en la zona.
El inmueble, cedido a la Corte Suprema de Justicia mediante un contrato con sus propietarios, albergará las dependencias judiciales destinadas a fortalecer la atención y la prestación de los servicios de justicia en la zona.
Del acto oficial participaron también la intendenta municipal, Marta Santander de Correa, magistrados de diversas localidades, profesionales abogados y representantes de gremios de la región, quienes acompañaron la habilitación de esta nueva sede judicial, que permitirá acercar los servicios de justicia a la ciudadanía de Juan León Mallorquín y de su zona de influencia.
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Huelga de médicos representa millonaria inversión de Salud por servicios no prestados
Se cumple en la fecha la tercera jornada de la movilización de médicos y el Dr. Gustavo Ortiz, director general de Redes y Servicios de Salud, hizo una evaluación de lo que representa la paralización de servicios en la red de servicios públicos por consultas y cirugía que no se realizaron.
“Por estos cinco días de huelga, el Estado invirtió una cifra de 10.532 millones de guaraníes por consultas no realizadas. Pero más allá del costo económico, tenemos un costo social”, señaló en comunicación con el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970 AM.
Añadió que a los 5 mil médicos agremiados que se encuentran en huelga, hay que descontar aquellos que tienen que cubrir servicios esenciales, los cuales suman alrededor de 2 mil. De esa cifra, son aproximadamente 1.000 médicos que no estarían por día en los hospitales, incluyendo las APS, explicó.
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Las consultas reflejan una demanda diversa, encabezando el top 10 las consultas de prevención y control de salud. Por ejemplo, controles de salud infantil, exámenes médicos generales, ginecológicos, controles prenatales y otros controles.
Luego, están las enfermedades crónicas no transmisibles que requieren alta presencia, como diabetes e hipertensión. Y finalmente, afecciones agudas que recurren al sistema de guardia, precisó.
Ante esa situación, estimó que durante una semana de huelga serían 259.251 consultas no realizadas. “El Estado invirtió en ese tiempo la cifra de G. 10. 532. 234.700 por consultas no realizadas. Lo que representa un costo económico, social, humano, entre otros”, apuntó.
En cuanto a cirugías programadas en julio, se tuvo un promedio a nivel país de 500 cirugías de todo tipo. “Multiplicado por 5, el tiempo de la movilización, serían 2.550 cirugías no hechas. Y eso por un costo mínimo de 5 millones, totaliza un monto de 12.750 millones de guaraníes”, indicó.
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Titular del MAG apoya elevar al 40 % la compra de agricultura familiar para Hambre Cero
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, no descarta la posibilidad de aumentar al 40 % la compra de productos de la agricultura familiar campesina para el programa Hambre Cero en las escuelas. La norma en la actualidad establece la obligación de destinar un 10 %.
“El impacto de Hambre Cero es demasiado fuerte, es más, puede ser mucho más. La ley exige que un 10 % de la compra de alimentos provenga de la agricultura familiar, pero nosotros somos ambiciosos de superarlo. Hay una propuesta donde se plantea que alcance el 40 % y yo creo que eso es algo natural, no se detendrá”, indicó el alto funcionario en el programa “Cara o cruz” de Unicanal, tras realizar una evaluación sobre los tres años de mandato de Santiago Peña.
Giménez comentó que “los proveedores del programa tienen que entender que comprando de la agricultura familiar nuestro país se desarrolla, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 6 % puede disparar al 10 %. El Paraguay no es un país industrializado, la agricultura y la ganadería son la aguja que mueve a nuestra nación”.
Añadió que mediante la vigencia del programa, el cual data desde agosto del 2024, un total de 43.000 familias campesinas ya se vieron favorecidas con la comercialización de sus productos. “Están cubrieron prácticamente 10 meses del año la demanda local, muchos de los agricultores son jóvenes, muchas familias están trabajando directamente en este rubro”, refirió Giménez.
En la Cámara de Senadores se encuentra pendiente de tratamiento un proyecto de ley impulsado por el parlamentario colorado Colym Soroka, el cual establece que el porcentaje mínimo de compras a productores nacionales pase al 20 % en 2027 y alcance el 40 % en 2028.
La propuesta también plantea modificar el mecanismo de comercialización para que las adquisiciones se realicen directamente a través de comités, asociaciones y cooperativas de productores registrados en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), con el objetivo de reducir la intermediación y asegurar que los beneficios lleguen directamente a los agricultores. A la vez estipula sanciones para las empresas adjudicadas que no cumplan con el porcentaje mínimo de compras de productos nacionales.
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Presidente de Bolivia destituye al ministro de Economía
El presidente Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía después de que el Congreso lo censurara por no presentarse a una interpelación sobre su gestión en medio de una grave crisis económica.
La destitución de José Gabriel Espinoza ocurre mientras Bolivia atraviesa su peor turbulencia económica en cuatro décadas, que el gobierno de centroderecha de Paz, elegido el año pasado, está bajo presión para resolver.
Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró como su reemplazo interino al actual ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Justiniano Pinto, según un decreto publicado en la gaceta oficial.
Espinoza fue convocado el martes al Congreso en La Paz para responder sobre emisiones de bonos soberanos y retrasos en la formulación en el presupuesto general del Estado, entre otros temas. Pero comunicó que no podría asistir porque tenía programado viajes a Santa Cruz (este) y a Brasil.
En la misma jornada, 91 de los 129 senadores y diputados presentes en la sesión votaron a favor de remover al ministro, lo que obligaba al presidente a destituirlo.
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El gobierno de Paz consideró que no se habían alcanzado los dos tercios de votos necesarios para retirar a Espinoza del cargo, pues los miembros de la Asamblea son 166, y presentó una acción judicial ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la decisión del Congreso.
Este viernes, la Presidencia comunicó que “el mandatario acató la decisión de destituir al ministro de Economía (...) mientras espera el fallo” del máximo órgano de justicia del país.
El Tribunal Constitucional fijó audiencia para examinar el caso el 24 de agosto.
La salida de Espinoza se produce días después de la detención del asesor personal de Paz, el argentino Fernando Cerimedo, denunciado por su expareja de planificar un ataque armado contra ella.
Momentos difíciles
Espinoza había asumido en noviembre de 2025, cuando Paz llegó a la presidencia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
En un giro en su política exterior, Bolivia se acercó a Estados Unidos y a los organismos multilaterales de crédito en busca de ayuda financiera.
Durante la gestión de Espinoza se consiguieron programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional por unos 9.500 millones de dólares.
Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.
Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21 % al 5 %, la nación andina aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de carburantes.
“No son momentos fáciles para el país. Nos han dejado en bancarrota”, dijo Paz el jueves, durante un acto público con representantes indígenas.
El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre junio y agosto entre 0,7 % y 1 %, estima el Ministerio de Economía.
Fuente: AFP