El superintendente de Comunicaciones de la Itaipú Binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, explicó acerca de la postura oficial de la Margen Derecha de la Itaipú Binacional acerca de recientes publicaciones de medios de prensa y ciertos voceros de la oposición que cuestionan los alcances del acuerdo establecido entre las Altas Partes para la definición de la tarifa 2024 - 2026, basados en una serie de mentiras.

En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que en principio había pensado que estos sectores que cuestionan podrían estar hablando desde la desinformación, pero luego de que la Itaipú emitiera una primera aclaratoria basada en documentaciones, persistieron en el error.

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Más aún, cuando luego de esto se concretó una reunión que estuvo encabezada por un extitular de la ANDE, que había sido incluso candidato a legislador por la oposición; y a esa reunión se sumaron otros referentes de la oposición que siempre han tenido un discurso crítico hacia el gobierno colorado y algunas figuras de la disidencia colorada; señaló que la única conclusión que puede sacar es que esto es una agenda política.

“En todo este tiempo hemos sido testigos de una campaña de desinformación, no nos queda de otra, que tratar de manera institucional, mostrar las resoluciones y documentos de la Itaipú; y a pesar de todo persisten en la necedad de insistir en la desinformación, por tanto deducimos que es una campaña de una agenda política de desprestigio”, enfatizó.

Respecto a las cuestionables posturas que están teniendo estos referentes contrarios al gobierno, señaló que están basados en creativas ideas que solo ellos sabrán de dónde las han sacado.

Como ejemplo, señaló que estos sectores afirman que se ha establecido a partir de análisis antojadizos que el aumento de la tarifa de la Itaipú, anunciado por el Gobierno del Paraguay, dicen que no ocurrió, lo cual es totalmente falso, enfatizó Rodríguez Tornaco.

En el comunicado de la Itaipú que en la fecha dieron a conocer, se han adjuntado fragmento de la Resolución del Consejo Administrativo Nro. 016/2024 del 09/05/2024 que establece en su Art. 2°: “Aprobar el valor nominal del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (tarifa) de UDS 19,28 / kW por mes (...) para los Ejercicios 2024, 2025 y 2026.”

“Ya en la primera aclaratoria se les explicó que esto no era así, posteriormente siguieron con esta campaña argumentando que la tarifa real era UDS 15, y que no fue UDS 19,28. Decían que Paraguay recibió menos dinero que en la época de Marito, que el país perdió plata por colocar sus recursos en reales. Dijeron que era mentira que Paraguay va a recibir 1.950 millones de dólares, en gastos sociales y comenzaron a instalar esto con mucha fuerza en medios aliados”, indicó.

Resaltó que en este segundo comunicado aclaratorio de la Itaipú, el cual se puede leer en el siguiente enlace: Postura oficial de la Margen Derecha de ITAIPU, desarticula punto por punto con base a documentos, las falsedades que ellos mencionan.

Rodríguez Tornaco indicó que otra de las falsedades que señala este grupo minoritario, es que no quiere reconocer que no solo se logró el aumento de la tarifa, sino que además generó los ingresos adicionales que se necesitaban.

“Después dijeron que la plata que Paraguay no utilizó perdió. Sin embargo se les explicó que este año por primera vez se logró un presupuesto trianual, a raíz del acuerdo de las Altas Partes, y que el dinero que no se usaba se juntaba para el año siguiente. Esta gente comenzó a decir que esto era mentira, que no hay documento que avalen esto. Por eso, ahora se publicaron los puntos 2 y 3 de las resoluciones del Consejo de Administración en los que efectivamente se aprueba el presupuesto por tres años”, señaló.

Finalmente, destacó que desde la Itaipú trabajarán en lo que corresponda en materia de transparencia y comunicación para la ciudadanía, ya que la instrucción final que tienen es que cada guaraní que se obtuvo de la histórica negociación con el Brasil, llegue a cada uno de los paraguayos.

“Hoy ya se ven esos recursos en las maquinarias para las gobernaciones, en las patrulleras y motocicletas de la Policía, próximamente en las ambulancias, en la histórica compra de los mobiliarios escolares, en la culminación de las oficinas de Gobierno. En fin, en todo lo que implica la utilización correcta y transparente de los gastos socio ambientales. Además, recordemos que la Itaipú está auditada y calificada por las calificadoras de prestigio más importantes del mundo”, concluyó.

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La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, indicó que mediante la implementación del programa Hambre Cero en las escuelas 17.231 personas, en su mayoría mujeres, se encuentran registradas en el sistema de cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS).

“A mediados de marzo comenzamos a realizar las verificaciones y trabajamos directamente con las empresas adjudicadas. Uno de los componentes del programa es la generación de empleos. Cuando nosotros empezamos las verificaciones habían nada más 5.000 trabajadores registrados dentro del programa a nivel país”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proceso de verificación laboral inició el pasado 6 de marzo y se extendió hasta el 22 de abril. Hasta el momento fueron verificadas 221 instituciones educativas: 16 en Asunción, 170 en Central y 35 en Presidente Hayes.

“Hoy tenemos un incremento del casi 144 % de personas que están formales, tienen un salario y están registradas en el Instituto de Previsión Social. Esto ha sido realmente un impacto muy significativo con más de 17.132 personas registradas y formales dentro del programa”, comentó.

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Recalde señaló que tras el proceso de verificación laboral encarado por su cartera, la cifra inicial de 5.000 trabajadores trepó después a 12.231 trabajadores con empleo formal y protección social. Agregó que el 94 % de las personas formalizadas son mujeres, entre ellas tías, abuelas y hermanas.

“La formalización crece con el control, y por eso intensificaremos las verificaciones hasta que el último empleado del programa cuente con el cumplimiento pleno de sus derechos laborales”, remarcó.

Añadió que a partir de la próxima semana las verificaciones laborales se realizarán en el interior del país. “Ya tuvimos conversaciones con los gobernadores, tenemos una hoja de ruta para poder salir a controlar, si bien hemos crecido mucho, tenemos aún algunas denuncias desde el interior (informalización)”, mencionó.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.

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Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

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Aunque era un secreto a voces que la oposi­ción siempre actuó en complacencia con Mario Abdo Benítez, cuando era pre­sidente y ahora que ya no lo es, sorprende la poca vergüenza con la que senadores que pre­sumen de ser opositores reco­nozcan públicamente que no permitirán su desafuero, algo necesario para la Justicia a fin de acusarlo en el caso filtración de Seprelad.

Senadores de la oposición han confirmado que no acompa­ñarán el desafuero del expre­sidente Mario Abdo Benítez, pese a que él mismo ha solici­tado a la Cámara Alta que se dé tratamiento y aprobación al pedido. Tanto Celeste Amari­lla como Rafael Filizzola ase­guraron que no van a acom­pañar, argumentando que se trata de una supuesta perse­cución en una “causa selec­tiva”.

En el programa de Mina Feli­ciangeli, el senador Filizzola defendió los argumentos por los cuales considera que no hay méritos para aprobar el desafuero del senador vitali­cio Mario Abdo Benítez. En tanto, su colega Celeste Ama­rilla anunció que ni siquiera votará cuando se trate el tema. Dijo, tajantemente, que no quiere que se la meta en “jue­guitos entre colorados”. Ade­más, consideró que la ANR merece ir a la llanura.

Ninguno de los dos supo expli­car cómo tienen esta actitud cuando que el propio Abdo pidió su desafuero, por lo que queda palpable que lo que publicó en sus redes el expre­sidente era puro show puesto que ya sabía que sus seguido­res lo blindarían.

De igual manera, días pasados, la senadora Lilian Samaniego, del movimiento Ambulancia Republicana, dijo que también votará en contra del pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez. Incluso asegura que el caso judicial que involucra al exmandatario en una filtración de datos con­fidenciales del expresidente Horacio Cartes a través de la Secretaría Nacional de Pre­vención de Lavado (Seprelad) es montado entre abogados y fiscales. “No se puede hacer una sesión selectiva, se hace la convocatoria a los cuarenta y cinco. Y ahí vamos a estar para dejar sentada nuestra posi­ción”, señaló Samaniego ante la versión de que el oficialismo colorado, por falta de votos, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprovechar la ausencia de algunos legislado­res para aprobar el pedido de desafuero de Marito.

El expresidente de la República Mario Abdo Benítez anunció a mediados del mes de marzo que soli­citará a la Cámara de Senadores su desafuero tras verse acorralado ante supuestos hechos punibles de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio ocurridos durante su gobierno.

A través de sus redes sociales oficiales, el líder del movimiento Fuerza Republicana expresó sentirse indignado y arremetió contra el Ministerio Público calificándolo como una institución “sometida a un grupo de poder”.

“La lucha contra el crimen requiere que todos los paraguayos estemos unidos y con valentía por eso quiero anunciar que enviaré una nota al presidente del Congreso solicitando mi desafuero, a efectos de que el Senado retire la inmunidad que me corresponde como senador vitalicio”, dijo.