La caída del 3 % en cotizaciones internacionales del petróleo vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un alivio para el mercado de combustibles en Paraguay, luego de los sucesivos aumentos registrados durante este año. Sin embargo, la baja del crudo todavía no garantiza una reducción de los precios en los surtidores, ya que el comportamiento de los derivados, los costos de importación y las condiciones de abastecimiento también inciden en los valores locales.

Este lunes, el barril de Brent retrocedió un 3,2 %, hasta los USD 109,75, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cayó un 3,3 %, hasta los USD 100,69. El movimiento respondió a las expectativas de avances diplomáticos entre Irán y Qatar para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente, en un escenario marcado por la incertidumbre sobre el suministro mundial de energía.

Para Paraguay, que depende de la importación de combustibles derivados del petróleo, las variaciones internacionales representan un factor determinante para la evolución de costos de abastecimiento. Una eventual moderación de las cotizaciones se podría contribuir a reducir la presión sobre los precios, aunque el traslado al consumidor dependerá de las condiciones de compra, los inventarios y los costos logísticos.

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El comportamiento del mercado internacional cobra relevancia luego de que los combustibles acumularan seis tandas de aumentos durante 2026. En octubre, Petropar aplicó nuevos reajustes entre G. 500 y G. 600 por litro en el diésel, mientras los emblemas privados también aumentaron sus precios.

El impacto trasciende a los automovilistas. El gasoil es un insumo fundamental para el transporte de cargas y pasajeros, además de las actividades agrícolas, ganaderas y de construcción, la distribución de mercaderías y, eventualmente, en los precios que pagan los consumidores.

No obstante, el escenario internacional continúa sujeto a riesgos. Los ataques contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz mantienen la preocupación sobre las rutas estratégicas de suministro, mientras la posibilidad de una nueva escalada militar podría volver a impulsar las cotizaciones.

En este contexto, la evolución de las negociaciones en Medio Oriente será clave para determinar si la reciente caída del crudo logra consolidarse. Para el mercado paraguayo, una tendencia sostenida a la baja podría abrir espacio para revisar los costos de los combustibles, aunque todavía no permite anticipar cuándo ni en qué magnitud se reflejaría en los surtidores.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) informó a través de un comunicado que logró modificar las condiciones del fideicomiso que mantiene con Banco Atlas y redujo de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto que puede permanecer en la cuenta fiduciaria. Según la Previsional, esto permitirá disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para atender las necesidades del Fondo de Enfermedad y Maternidad.

El comunicado se divulgó a través de sus redes sociales en el que explican que esta tercera adenda al contrato de fideicomiso con el Banco Atlas representa un logro y avance importante para el IPS en términos financieros y de liquidez, al permitir una gestión más eficiente de los recursos disponibles para responder a las necesidades de sus asegurados.

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Recuerda que el fideicomiso fue constituido como un mecanismo de financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura del Fondo de Enfermedad y Maternidad. A través de esta estructura se realizaron emisiones de títulos que permitieron obtener los recursos necesarios para financiar dichas inversiones. Como fuente de repago de los títulos emitidos, se estableció un mecanismo sustentado en las recaudaciones del propio Fondo de Enfermedad y Maternidad.

“Luego de casi nueve años desde la primera emisión, las obligaciones asumidas fueron cumplidas oportunamente y una parte importante de la deuda ya fue pagada. Esta evolución favorable permitió al IPS revisar las condiciones establecidas originalmente y plantear una adecuación que responda mejor a las necesidades actuales del Fondo de Enfermedad y Maternidad”, menciona parte del comunicado.

Agrega que como parte del funcionamiento del fideicomiso, las recaudaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad son transferidas a una cuenta administrada por Banco Atlas. De esos recursos se reserva lo necesario para cumplir con los pagos de capital e intereses de los títulos y el remanente vuelve al IPS. Hasta ahora, el contrato permitía mantener en esa cuenta hasta G. 160.000 millones.

“Como resultado de la revisión de estas condiciones y de las gestiones realizadas con Banco Atlas, la Tercera Adenda reduce de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto máximo que puede permanecer temporalmente en la cuenta fiduciaria. Este cambio no modifica las obligaciones financieras asumidas por el IPS ni el mecanismo previsto para garantizar el pago de capital e intereses, que continúan plenamente vigentes”, precisa.

Menciona que, esta modificación permitirá que el IPS pueda disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para el Fondo de Enfermedad y Maternidad. “Esto significa mayor liquidez y más recursos disponibles para atender las necesidades del Fondo, mejorar la planificación financiera y fortalecer la capacidad del Instituto para responder oportunamente a las demandas de sus asegurados”, resalta la previsional.

Remarca que esta tercera adenda es el resultado de una revisión responsable de las condiciones financieras del fideicomiso y de las gestiones impulsadas por la actual Administración para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales.

“Contar con una mayor disponibilidad financiera fortalece la capacidad del IPS para sostener los servicios y prestaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad y responder a las necesidades de sus asegurados, sin dejar de cumplir los compromisos financieros asumidos”, menciona el documento.

Finalmente señalan que con esta modificación, el IPS mantiene la seguridad de la operación financiera y, al mismo tiempo, obtiene una mayor capacidad para utilizar sus recursos en beneficio de quienes sostienen y utilizan el sistema.

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En la Cámara de Diputados se impulsa la propuesta que apunta a establecer una reducción del 50 % en el costo del transporte público para personas diagnosticadas con enfermedades catastróficas con la finalidad de disminuir el impacto económico que representan los traslados frecuentes hacia centros asistenciales especializados.

La iniciativa, que fue girada a comisiones para su correspondiente dictamen y posterior estudio en plenaria, es impulsada por el colorado Edgar Olmedo, quien argumentó que numerosos pacientes, especialmente aquellos provenientes del interior del país, deben movilizarse de forma periódica hacia hospitales de referencia para acceder a consultas, estudios médicos, tratamientos y controles, entre ellos sesiones de quimioterapia, radioterapia y diálisis.

De acuerdo a la exposición de motivos, la situación afecta principalmente a personas que dependen del sistema público de salud y que deben asumir gastos constantes de traslado mientras enfrentan los tratamientos prolongados.

Agrega que el precio del pasaje puede convertirse en una dificultad adicional para la continuidad de la atención médica. El proyecto fija un descuento del 50 % y no plantea la gratuidad completa del servicio, bajo el análisis de que esta modalidad permitiría distribuir la responsabilidad entre el Estado, las empresas transportistas y los beneficiarios, manteniendo la viabilidad del sistema.

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La propuesta toma como base los principios constitucionales relacionados con la igualdad y el derecho a la salud, argumentando que corresponde al Estado implementar medidas que reduzcan las barreras económicas que limitan el acceso a servicios sanitarios.

A la vez, establece un mecanismo de acreditación a cargo del Ministerio de Salud Pública, a través del cual los pacientes deberán demostrar su condición para acceder al beneficio. Las empresas de transporte urbano, interurbano y de corta, media y larga distancia estarían obligadas a aplicar la reducción tarifaria a quienes cuenten con la documentación correspondiente.

En el documento se menciona además que, de sancionarse y promulgarse el proyecto, no quedarán afectados los beneficios vigentes para las personas con discapacidad establecidos en la Ley n.º 6556/2020, quienes mantienen el derecho a la gratuidad total del pasaje.

Detalla también que el Ejecutivo deberá reglamentar la aplicación de la ley en un plazo de hasta 90 días, definiendo los procedimientos de acreditación, control y fiscalización.

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La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.

Pero con la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, y con la orden del presidente Donald Trump de reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes, la mejora podría ser pasajera.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5 % en medición interanual, frente a 4,2 % registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7 % en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.

Analistas anticipaban un aumento del 3,8 %, de acuerdo con economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La cifra marca un retroceso desde un máximo de tres años, ya que la caída de los costos de la energía más que compensó los aumentos en vivienda y alimentos.

Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los precios globales de la energía.

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Con las renovadas hostilidades en el Golfo de esta semana, las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.

La guerra, impopular en Estados Unidos, ha puesto bajo presión al poder ejecutivo estadounidense a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso.

Ahora los ojos están sobre el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, quien el martes aseguró que el banco central terminará con el sostenido “rebrote de la inflación”.

Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Warsh dijo que los responsables de la política monetaria tienen “cero tolerancia” con la persistencia de los precios altos. Los legisladores estadounidenses cuestionaron a Warsh sobre el progreso en disminuir la inflación, entre otros asuntos.

Por su parte, los mercados están atento a pistas de que la Fed planee subir las tasas de interés a finales de este año, pese a la constante presión de Trump para que las recorte.

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Si bien el banco central tiene un objetivo de inflación a largo plazo del 2,0 %, los aumentos de costos han sido superiores a ese nivel durante aproximadamente cinco años.

Al ser interrogado el martes de si actuaría según los deseos de Trump o guiado por las señales de la información económica, Warsh dijo: “Mi compromiso es acatar la ley y seguir los datos, guiarnos por nuestro mejor juicio”.

“Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado”, añadió Warsh en sus declaraciones iniciales ante la comisión.

La Fed también monitorea los efectos de las inversiones en IA en la inflación y en el mercado laboral, dijo. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo a Fox News que los datos del martes consistían en el “absolutamente mejor informe de inflación que hemos visto en unos seis años”.

Restó importancia a las disrupciones previstas por el conflicto en Medio Oriente, y dijo que el camino hacia unos precios más bajos de la gasolina en Estados Unidos solo había sufrido “un pequeño tropiezo” por Teherán.

El IPC disminuyó 0,4 % entre mayo y junio, en la primera caída mes a mes desde 2020. Pero el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Fed.

Aunque los costos de la energía bajaron en junio, los de la comida subieron un 0,2 % mensual. Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, el IPC general subió un 2,6 % interanual.

Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.

• Fuente: AFP

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