Sistemas y Gestiones SA (Sigesa) ofreció a sus clientes y amigos un distinguido cóctel para inaugurar su nueva oficina ubicada en el tercer piso del edificio Citicenter, situado en Cruz del Chaco N° 3.794, entre la avenida Mcal. López y Quesada, barrio Villa Morra de Asunción.
El evento contó con la presencia de sus directivos y tuvo como anfitrión a su presidenta, Paula Velilla, quien se encargó de realizar el tradicional corte de cinta para habilitar las modernas instalaciones de la empresa pionera en gestión de cobranza en Paraguay.
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Sigesa fue fundada como sociedad anónima en 1978 y en la actualidad ofrece servicios de contact center a través de sus 140 colaboradores, de los cuales 100 son mujeres, lo que representa el 70% del total; además, cabe destacar que se preparan para emplear a personas con discapacidad.
La prestigiosa firma cuenta con más de 12.000 bocas de cobranza, 65.000 clientes activos y 180 posiciones de contact center. Y su amplia gama de servicios son: atención al cliente, adquisición de cartera de créditos morosos, servicio de televenta, de cobranzas prejudicial en todos los tramos de gestión, de cobranzas judiciales, de búsqueda de clientes, de documentos y de bienvenida.
Tiene como eje principal brindar soluciones a las necesidades de gestión de carteras, diseñando propuestas ajustadas al cliente, optimizando los resultados sobre las carteras gestionadas, mediante la aplicación eficiente de tecnología, estructura y fuerza laboral capacitada.
Esto, apostando fuertemente a la tecnología como herramienta que optimice la eficiencia, transparencia y organización de la gestión, impulsando procesos, acelerando el crecimiento profesional de las personas dentro y fuera de la organización.
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Sistemas y Gestiones SA es una empresa que se distingue por ser aliados estratégicos de sus clientes a quienes entregan una propuesta de valor que se adapta a las necesidades actuales de un mercado competitivo, cambiante y desafiante.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
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Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
- Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
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Detienen a funcionarios y allanan oficina del Senave
Ayer miércoles se realizó un operativo de entrega vigilada en el Mercado de Abasto por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, luego de que importadores denunciaran que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) exigían pagos de coima. Las autoridades lograron la detención de los trabajadores y allanaron las oficinas del Chaco Central.
Según la denuncia, estos importadores deben contar con un certificado para traer productos del exterior y este debe ser otorgado por la institución, pero pese a estar en condiciones para realizar la transacción los funcionarios exigían pagos irregulares. Cansados de este tipo de acciones decidieron denunciar ante las autoridades.
“Estos procedimientos parten de denuncias que refieren que deben pagar montos irregulares para obtener certificados de importación para traer productos del exterior. Estos intermediarios serían los que solicitan o peticionan un monto para acercarle a un supuesto funcionario, quien termina otorgando el documento”, informó el fiscal Néstor Coronel en la 1020 AM. Confirmó que durante el allanamiento en las oficinas del Senave, ubicado en Chaco Central, realizaron el levantamiento de datos y evidencias para precisar las mecánicas que realizaban estas personas para cometer las irregularidades.
“En poco tiempo vamos a definir a las personas involucradas en el hecho. Los certificados tienen un costo de G. 17.000, si se obtienen en forma”, resaltó. En la denuncia consta que los montos pagados irregularmente por los certificados eran de entre 10 y 15 millones de guaraníes, una cifra significativamente más alta que el costo oficial.
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Inauguran puesto de control ganadero en San Pedro
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), realizaron este lunes último la inauguración oficial del Puesto de Control Integrado de Control de Ganado-COLCAT, ubicado en el Km 115 de la Ruta PY03, departamento de San Pedro.
Se trata de un moderno establecimiento, dotado de tecnología e infraestructura, que servirá para los controles del tránsito de ganado, el estado sanitario de los animales, a más de que ayudará a la lucha contra el abigeato.
Para que el puesto sea posible, demandó una inversión de G. 1.500 millones, garantizando una infraestructura con tecnología que facilitará las tareas de los inspectores, según indicó el presidente de Colcat, Martín Filártiga. Destacó que desde los inicios de la institución, fue un bastión en la lucha contra el abigeato, un flagelo que afecta profundamente a pequeños y grandes productores.
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Refuerzo del control
“Con 17 puestos de control establecidos a lo largo y ancho del país, esta Comisión ha desplegado su labor con determinación y compromiso. Queda aún mucho por hacer y este acto inaugural sirve para renovar nuestro compromiso de seguir adelante en la lucha contra el abigeato”, expresó.
Transmitió el agradecimiento a la Regional San Pedro de la ARP, por ceder en usufructo el predio para el puesto de control, así como a todo el equipo de la Colcat, que con esfuerzo y dedicación contribuyeron al éxito de la gestión.
A su vez, el presidente de la ARP, Pedro Galli Romañach, resaltó la importancia de la alianza público-privada como pilar fundamental de los logros obtenidos por el sector ganadero. Como lo son los puestos de control integrados, una modalidad única y una muestra más de lo que se puede lograr.
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“Tenemos programas de largo plazo y el camino del éxito es llevar adelante políticas públicas que trasciendan las distintas administraciones, que se hagan con criterio y con una mirada de futuro”, subrayó Galli.
El nuevo puesto de control integrado está situado en una ubicación estratégica que lo convierte en el más importante de la Región Oriental, teniendo en cuenta que por esta zona se movilizan más de 500.000 animales al año, conforme el Senacsa.