El gobierno y el sector de la construcción retomaron el diálogo para avanzar en una salida a la deuda acumulada por obras públicas, que ronda los USD 300 millones (incluye intereses).

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el objetivo de dar seguimiento a las medidas acordadas y avanzar en soluciones concretas.

En comunicación con Universo 970 AM/Nación Media, la ministra Centurión explicó que uno de los principales instrumentos utilizados es la cesión de deuda, conocida como factoraje. Dijo que este mecanismo permite a las empresas constructoras cobrar anticipadamente sus certificados de obra a través de entidades financieras, mientras que el Estado asume el pago en un plazo posterior.

En la práctica, esto ayuda a dar liquidez al sector y a evitar que los atrasos frenen la ejecución de proyectos. “Estamos trabajando con los gremios para avanzar en soluciones que permitan cumplir con las obligaciones y sostener el ritmo de las obras”, indicó.

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No obstante, Centurión reconoció que el principal condicionante es el nivel de recursos disponibles. El MOPC cerró el 2025 con una deuda aproximada de USD 221 millones, mientras que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir la totalidad de los compromisos acumulados.

“No podemos cubrir todo con el presupuesto, por eso recurrimos a instrumentos financieros que nos permitan avanzar”, señaló.

Desde Capaco señalaron que esperaban contar con la aprobación del sistema de factoraje antes de la Semana Santa. Este mecanismo permitiría a las empresas convertir sus facturas pendientes en liquidez inmediata.

La situación afecta no solo a las empresas, sino también al empleo en el sector, uno de los principales generadores de trabajo en el país. Por eso, el avance de estas medidas es seguido de cerca tanto por el sector privado como por el gobierno.

El proceso sigue en marcha y dependerá de la definición final del MEF sobre los mecanismos propuestos.

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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, dijo que para finales del presente mes de marzo se prevé la reglamentación de la reforma del transporte público en el área metropolitana, cuya finalidad es la modernización del servicio con tecnologías innovadoras y modelos de gestión sostenibles, priorizando el bienestar de los usuarios.

La ley impulsada por el gobierno de Santiago Peña fue promulgada el pasado 7 de enero y para su aplicación es necesaria la reglamentación. “Durante este mes estamos sacando el decreto reglamentario de la ley y consecuentemente ya realizaremos los llamados para la compra de la nueva flota y la licitación de la primera unidad funcional”, dijo, tras descartar la suba del precio del pasaje a pesar de la presión de los gremios de transportistas.

La reforma del transporte público apunta, mediante el fortalecimiento del sistema, a brindar a los ciudadanos un servicio más seguro, accesible y confiable, con mejores tiempos de viaje y mayor previsibilidad.

“Esto no solo se trata de una renovación de la flota, acá estamos muy comprometidos con la renovación de la infraesctrutura del departamento Central, Asunción y gran Asunción. De qué sirve tener un hermoso bus si no se tiene condiciones de rodamiento acorde, por ello es que el gobierno de Peña realiza una inversión histórica en la infraestructura urbana”, dijo Centurión a los medios de comunicación.

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La ley estipula que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte. Por otra parte, declara como imprescindible el servicio del transporte público metropolitano de pasajeros, y como tal, las empresas deben garantizar su prestación continua y regular.

Además, la normativa establece que las concesiones del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros se deberán otorgar por medio de un contrato y previa licitación pública.

Igualmente, detalla que los buses no podrán contar con más de 15 años de antigüedad, y que el contrato de prestación de servicios tendrá una duración máxima de 15 años y una mínima de 7 años, con el fin de buscar dar seguridad a los operadores para planificar inversiones y mantenimiento.

La ley impulsa la creación de un fideicomiso a ser administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para el financiamiento del servicio de transporte público y que tendrá a su cargo la administración de los siguientes recursos: billetaje electrónico, los recursos del fondo de promoción de transporte eléctrico, las multas aplicadas, la rentabilidad de las inversiones y operaciones del fiduciario, los créditos programados dentro del presupuesto del MOPC, entre otras fuentes de financiamiento.

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El censo socioeconómico del proyecto de mejoramiento y ampliación de la ruta PY01, en el tramo entre Cuatro Mojones y Quiindy, entra en su etapa final y se consolida como una pieza clave dentro del esquema de Alianza Público-Privada (APP) que impulsa esta obra estratégica.

Más allá de ser un relevamiento técnico, este proceso cumple una función central en la viabilidad económica y social del proyecto. El levantamiento de datos permite identificar viviendas, comercios y actividades productivas que podrían verse afectadas por la intervención, lo que resulta fundamental para definir compensaciones, mitigar impactos y evitar conflictos durante la ejecución.

En proyectos bajo modalidad APP, este tipo de información es crítica. La previsibilidad social reduce riesgos para los inversores y el Estado, ya que permite anticipar costos asociados a reubicaciones, indemnizaciones y medidas de acompañamiento.

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Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explican que un censo bien ejecutado no solo protege a la población, sino que también asegura que el proyecto avance sin interrupciones que puedan encarecer la obra o retrasar su cronograma.

La ruta PY01 es uno de los corredores más importantes del país, con un tránsito diario de más de 34.000 vehículos, muy por encima de su capacidad actual. La ampliación permitirá duplicar esa capacidad hasta unos 50.000 vehículos por día, mejorando la logística, reduciendo tiempos de traslado y optimizando el costo del transporte, factores clave para la competitividad económica.

En ese contexto, el componente social cobra especial relevancia. La APP no solo implica financiamiento privado, sino también estándares más exigentes en gestión de impactos. Por eso, el censo se convierte en una herramienta que permite ordenar el proceso, garantizar derechos y, al mismo tiempo, dar seguridad a los actores involucrados.

Se estima que unos 2,6 millones de personas se beneficiarán directamente de esta obra, especialmente en los departamentos Central y Paraguarí, con impactos indirectos en otras zonas productivas del país.

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Insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanismos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) destacó el anuncio del Gobierno de asumir los intereses genera­dos por las deudas con el sec­tor, una medida que apunta a aliviar la carga financiera de las empresas y avanzar en la regularización de pagos pen­dientes.

Desde el gremio valoraron esa decisión, señalando que representa un paso impor­tante en medio de la situación que atraviesan las construc­toras. “Se valora la impor­tancia de estos anuncios”, indicaron, aunque remar­caron que será clave que las medidas se implementen de manera efectiva.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de contar con claridad en los mecanis­mos de pago, previsibilidad y cumplimiento de los com­promisos asumidos.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó que los intereses asociados al meca­nismo de cesión de deuda (fac­toring) serán cubiertos por el Estado. Este esquema es uti­lizado por las empresas para adelantar el cobro de certi­ficados de obra, por lo que la decisión busca reducir el impacto financiero que gene­ran los atrasos en los pagos. Además, el Gobierno tam­bién definió cómo se aborda­rán los intereses acumulados correspondientes a deudas de periodos anteriores, que representan un monto impor­tante para el sector. En este caso, se prevé su cancelación mediante la emisión de bonos, como parte de una estrategia diferenciada para ordenar estos pasivos.

La ministra de Obras Públi­cas, Claudia Centurión, explicó que estas medidas responden a las limitacio­nes presupuestarias actua­les. Recordó que el 2025 cerró con USD 221 millones desti­nados al sector, mientras que el PGN 2026 contempla unos USD 600 millones para obras, dentro de una cartera cercana a USD 1.000 millo­nes. “No alcanza para cubrir todo, por lo que se recurre a otros instrumentos financie­ros”, señaló.

Para Capaco, más allá del anuncio, el foco ahora está en la ejecución. El gremio subrayó que la transparencia y la implementación efectiva serán determinantes para recuperar la confianza y sos­tener la actividad en el sector de la construcción, que viene siendo afectado por los atra­sos en los pagos.

MOPC proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

El puente de la Bioceánica sobre el río Paraguay registra un avance físico-financiero del 82,58 % al cierre de febrero y se encuentra actualmente a solo 70 metros de lograr la unión física en la frontera chaqueña entre nuestro país y Brasil. El Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) proyecta que en marzo se completará el 84,58 % de avance en la construcción.

Además de la construcción de un tramo de 3,8 kilóme­tros que conecta la Ruta Bioceánica (PY015) con el puente, la estructura permi­tirá unir a Carmelo Peralta (Paraguay) con Porto Mur­tinho (Brasil), facilitando el intercambio comercial y el desarrollo económico y social de la región, según explicó el ingeniero René Gómez, superintendente de obras del consorcio PYBRA, firma encargada de llevar adelante la construcción.

Estas obras complemen­tarias están a cargo de la empresa nacional Tecnoe­dil, integrante del consorcio PYBRA y actualmente ya se están realizando los trabajos de movimiento de 600.000 metros cúbicos de suelo. La obra también destaca por el gran impacto social que está generando en el Chaco, puesto que muchos pobla­dores de Carmelo Peralta y zonas aledañas están traba­jando, ya sea directa o indi­rectamente en el proyecto, brindando servicios y la logística que se requiere.

Se prevén más obras com­plementarias dentro de la ciudad de Carmelo Peralta, tales como el mejoramiento de la doble avenida y la cons­trucción de un parque lineal, el cual servirá como mira­dor al puente de la Bioceá­nica que es financiado por Itaipú con una inversión de G. 125.952.948.959. Luego de finalizar la unión, se deben llevar a cabo las pruebas de carga, así como el tensiona­miento de los cabos de atirantamiento; además de otros trabajos complementarios, como la losa del vano lateral que está sobre la tierra.