Una de las zonas consideradas con mayor congestión vial es la del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, atendiendo que es uno de los principales accesos a la ciudad de Asunción. Teniendo esto en cuenta, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) avanzan con las obras de triplicación de la ruta D025 al costado de la terminal aérea.

El día de ayer, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, recorrió las obras acompañada de su equipo técnico y destacó que el corredor responde a una demanda histórica de la zona norte del área metropolitana, donde el tránsito se intensifica especialmente en horas pico.

“Atrás van a quedar las largas horas en el tránsito y vamos a poder tener más tiempo con la familia. Hoy vemos una ruta totalmente colapsada, con tránsito entrando y saliendo de Asunción. Por eso tomamos la decisión no solo de duplicar, sino de triplicar la capacidad de esta vía”, indicó la ministra Centurión.

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El proyecto contempla la construcción de una autopista de cuatro carriles, además de una colectora que permitirá mantener los accesos locales para los barrios de la zona, mientras el tránsito de paso podrá circular de forma más fluida hacia Mariano Roque Alonso y Limpio.

Actualmente, se ejecutan trabajos de drenaje, incluyendo alcantarillas en la avenida General Díaz y en distintos cruces del futuro corredor. También se realiza la limpieza del canal ubicado dentro del predio aeroportuario, que recibirá las descargas del sistema de alcantarillado transversal.

De forma paralela, continúan las tareas de movimiento de suelo y conformación de la estructura del pavimento. En uno de los frentes ya se alcanzaron niveles de base imprimada, mientras que en otro se avanza hasta la subrasante.

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El presidente de la Cámara Vial Para­guaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que el gremio mantuvo una nueva reunión con autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y acordó la conformación de un equipo técnico y jurídico para ordenar el presupuesto, ade­cuar líneas de pago y avanzar en mecanismos financieros que permitan normalizar la ejecución de obras viales.

En conversación con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Sarubbi detalló que se trabajará en dos frentes; la primera corresponderá a una mesa técnico–económica para reprogramar partidas y mejo­rar el plan de caja, y otra jurí­dica para reglamentar herra­mientas como la cesión de créditos (factoraje), con par­ticipación de constructoras y bancos. “La idea es calenda­rizar pagos y aliviar la presión financiera, cuidando el déficit fiscal”, explicó.

Señaló que el presupuesto de inversión aprobado para 2026 resulta insuficiente frente a las necesidades del sector, y que la deuda arrastrada del año anterior exige ajustes finos para evitar cuellos de botella. Subrayó además que existen fondos, tanto de origen local como externo, cuya ejecución requiere compatibilizarse con el tope fiscal, a fin de evi­tar sobrecostos por intereses. Sarubbi valoró positivamente la reciente colocación de bonos en moneda local, al considerar que amplía el acceso al finan­ciamiento y fortalece el mer­cado, aunque remarcó que su impacto efectivo dependerá de la capacidad de ejecutar pagos de manera regular.

El titular de Cavialpa recono­ció que algunas obras mues­tran ralentizaciones actual­mente, y que las empresas se ven afectadas financiera­mente, ya que el ritmo de des­embolsos aún no alcanza para absorber la totalidad de los cer­tificados mensuales. No obs­tante, insistió en que el diálogo con el MOPC apunta a sostener la actividad y evitar mayores impactos sobre el empleo y la cadena de proveedores. Des­tacó el interés del mercado internacional por proyectos de infraestructura en Paraguay, destacando el trabajo hecho por el Ministerio de Econo­mía y Finanzas (MEF) en el fortalecimiento macroeconó­mico del país, y reafirmó la dis­posición del sector privado a coordinar con el Estado para alcanzar consensos que per­mitan mantener la inversión y el crecimiento. “Con mesas técnicas y reglas claras, esto se destraba”, resumió.

También detalló que el presu­puesto aprobado para este año contempla USD 570 millones para obras, cuando las nece­sidades superan los USD 700 millones, generando un défi­cit que, al incorporar la deuda arrastrada e intereses, eleva el faltante total a un rango de USD 500 a 600 millones, sin considerar nuevas licitaciones de obras. Explicó que el 100 % de las empresas atraviesan una situación financiera deli­cada, y que están fuertemente apalancadas con bancos, ade­más varias ya fueron recate­gorizadas en los sistemas de riesgo y presentan deterioro en sus indicadores financie­ros, lo que incluso comienza a limitar su capacidad de pre­sentarse a nuevas licitaciones públicas.

Conexión con la supercarretera avanza hacia una fase en el Lote 1, según el MOPC.

La obra que conectará Puerto Indio con el empalme de la supercarretera, en el depar­tamento de Alto Paraná, avanza hacia una fase clave en el Lote 1 y desde el Ministe­rio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC) informa­ron que la próxima semana se prevé la llegada del equipo asfáltico que permitirá com­pletar el último cuadrante de la rotonda principal de Mba­racayú.

Al margen de estos trabajos, las cuadrillas ejecutan tra­bajos de drenaje y termina­ciones entre los km 15,3 y 16. En este tramo se construyen cordones simples y cordón cuneta en ambos márgenes, además del revestimiento de cunetas tipo R1, funda­mentales para una correcta evacuación de aguas y la protección estructural de la calzada. Dada la circula­ción constante de camiones, se utiliza hormigón de alta resistencia para prevenir deformaciones y asegurar mayor vida útil al corredor logístico, el mismo se esta­ría implementando desde el km 21,5. Igualmente, entre los km 15,4 y 15,8 se instalan módulos para accesos latera­les y cabeceras de alcanta­rillas, optimizando la cone­xión con sectores urbanos próximos.

Precuela la biodiversidad del área, prosigue la colocación de barandas metálicas tipo flex beam a lo largo del tramo. Igualmente, finalizaron las tareas de tapada de terraplén y conformación del paquete estructural en los pasos de fauna, situados entre los km 22,1 y 25,4. El proyecto con­templa la pavimentación asfáltica de un total de 60,3 km de la ruta PY21 en dos lotes, divididos en el Lote 1, de 27 km, y el Lote 2, de 33,3 km hasta Puerto Indio. En cuanto a la financiación, la misma proviene del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó trabajos de mejoramiento en 106 kilómetros de caminos vecinales en el departamento de Itapúa, beneficiando directamente a cerca de 3.000 habitantes y fortaleciendo la conectividad productiva de la zona.

Las intervenciones incluyeron tareas de perfilado, nivelación de plataforma, revestimiento superficial y despeje de vegetación, acciones que permiten optimizar la circulación y prolongar la vida útil de las vías rurales.

En términos económicos, este tipo de obras impacta directamente en la reducción de costos logísticos para pequeños y medianos productores, facilitando el traslado de mercancías hacia centros de acopio y mercados regionales.

En el municipio de Alto Vera, los trabajos abarcaron los tramos Cristo Rey, asentamiento 8 de Diciembre y otros sectores. También se ejecutaron mejoras en Natalio y Edelira, específicamente en la zona del km 24, Tercera Línea y Paso Carreta, donde se completaron 52 kilómetros de intervención.

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En Hohenau, en los tramos del barrio Santa Lucía y Colonia Campo Ángel, se realizó la extracción y provisión de material para reforzar la calzada, además de la conformación de cunetas para mejorar el drenaje y prevenir el deterioro prematuro de los caminos. Estas tareas son fundamentales en regiones agrícolas donde las lluvias afectan la transitabilidad y encarecen el transporte.

Asimismo, en Trinidad, Bella Vista y Jesús se ejecutaron trabajos de reperfilado de plataforma y banquinas, junto con la limpieza de la franja de dominio, mejorando la seguridad vial y la conectividad entre comunidades.

Finalmente, en Carlos Antonio López se intervinieron 8 kilómetros en los barrios San Juan y Fátima mediante regularización y nivelación de la superficie de rodadura.

Desde el punto de vista económico, la mejora de caminos vecinales es clave para dinamizar la producción agrícola y ganadera, garantizar el acceso a servicios básicos y facilitar la movilidad diaria de estudiantes y trabajadores. Una red vial rural en mejores condiciones no solo reduce tiempos y costos de transporte, sino que también fortalece la competitividad del interior productivo y contribuye al desarrollo regional sostenible.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, sostuvo que es necesario que el viceministerio de Minas y Energía pase a depender del Ministerio de Industria, como parte de una estrategia para dar un enfoque más comercial y productivo al desarrollo energético y minero del país.

Según explicó a la 1000 AM, no existe revolución industrial sin energía eléctrica, y resaltó que Paraguay necesita alinear su política energética con su política industrial. Desde su perspectiva, el MIC es la institución que debe liderar esa articulación, ya que es la cartera encargada de generar condiciones para la inversión, la producción y la generación de empleo.

Actualmente, Minas y Energía depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Para Riquelme, ese esquema responde a una lógica más vinculada a infraestructura que a desarrollo económico. El ministro sostiene que el sector energético y minero debe tener una mirada orientada a los negocios, a la atracción de capital y a la generación de nuevas industrias.

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En ese mismo marco, el ministro también planteó que el turismo debería tener una visión más comercial. Considera que el sector necesita mayor enfoque en resultados económicos, inversión privada y generación de ingresos, más allá de una promoción meramente aspiracional.

Respecto a la minería, Riquelme afirmó que Paraguay es un país con potencial aún no explorado. Señaló que históricamente el Estado no invirtió en estudios de prospección, por lo que no se conoce con precisión la riqueza mineral disponible.

En ese sentido, propuso establecer políticas públicas claras que den seguridad jurídica al sector privado para realizar exploraciones e invertir en el desarrollo de proyectos mineros.

Desde el punto de vista económico, la eventual reestructuración institucional apunta a integrar energía, minería e industria bajo una misma estrategia de desarrollo productivo. El argumento central es que sin energía suficiente y sin aprovechar recursos naturales estratégicos, el país no podrá consolidar su proceso de industrialización ni atraer grandes inversiones.

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