Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.

Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.

Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.

En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.

A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.

Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.

Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.

Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.

Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.

Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.

La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.

La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.

Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.

Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.

Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.

Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.

Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.

El presidente de la República, Pedro Alliana ordenó a los ministros del Poder Ejecutivo una política de tolerancia cero a la corrupción y una gestión basada en la austeridad y el trabajo en equipo.

En un posteo en sus redes sociales, el mandatario pidió a los miembros de su gabinete una buena gestión en sus funciones poniendo énfasis en una política austera y cero corrupción.

“Ordené a los ministros del Poder Ejecutivo trabajar en equipo. Los recursos del Estado son del pueblo y deben administrarse con responsabilidad”, escribió en sus redes.

Alliana pidió a todas las instituciones que trabajen en una misma dirección, con un solo objetivo: dar respuestas a las necesidades de los paraguayos.

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Recordó que su compromiso es claro, destacando que el Gobierno debe trabajar para la gente, cuidar los recursos públicos para la obtención de resultados.

El viernes 6 de noviembre Alliana prestó juramento y asumió el gobierno tras la destitución -vía juicio político- y detención de Santiago Peña por el problema de solvencia de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. Sin embargo, a la fecha ya se devolvió ahorros al 95 % de ahorristas, por la garantía estatal de depósitos.

El nuevo presidente pidió el lunes a todos sus miembros y altos funcionarios que pongan sus cargo a disposición, en una reorganización del gobierno. También, ayer dispuso cambios en la cúpula militar.

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El presidente Pedro Alliana recibió a representantes de los sindicatos para escuchar inquietudes.

El presidente de la República, Pedro Alliana, recibió a representantes de sindica­tos docentes para articular el rescate de los fondos jubi­latorios y dar continuidad al plan de beneficios docentes.

Este encuentro se dio en medio de un paro indefinido anunciado por varios gremios docentes a partir de ayer. La medida de fuerza es impul­sada por organizaciones como la Federación de Edu­cadores del Paraguay (FEP), la Unión Nacional de Educa­dores (UNE-SN), la Organi­zación de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), Otep-SN y el Sindicato Nacio­nal de Directores (Sinadi).

En la reunión el mandata­rio prometió priorizar los mecanismos de sostenibili­dad para la Caja Fiscal y se coordinaron las mesas téc­nicas financieras orientadas al Presupuesto 2027.

El encuentro estuvo encabe­zado por el jefe de Estado y en la ocasión se abrió canales de diálogo directo con las princi­pales organizaciones gremia­les del magisterio para arti­cular el rescate de los fondos jubilatorios y dar continuidad al plan de beneficios docentes.

“Es reunirnos para enfo­carnos en las prioridades y darles la tranquilidad como la seguridad de que vamos a poner siempre la educación en el centro de todas nues­tras acciones y los beneficios para los maestros.

Fue una reunión muy pro­ductiva en materia de accio­nes concretas que vamos a tomar y que vamos a seguir trabajando todos en equipo”, expresó el ministro de Edu­cación, Luis Ramírez, en conferencia de prensa.

Trabajo coordina con interventores del Banco Central del Paraguay la preparación de las liquidaciones laborales de los 490 trabajadores de Ueno Bank, cuyos pagos podrían comenzar esta semana.

Por instrucciones del presidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) anunció nuevas medidas para proteger los derechos de apro­ximadamente 7.000 trabajado­res afectados por la situación de Ueno Bank y las empresas vin­culadas al Grupo Vázquez, que actualmente atraviesan dificul­tades laborales tras el cierre de sus operaciones, informó el sitio de la Presidencia.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, informó que, mediante el Dictamen N.º 377, se estableció que los trabajado­res que no reciben tareas ni per­ciben sus salarios pueden acce­der a otro empleo, aun cuando sus contratos contemplen cláu­sulas de exclusividad, sin que esto implique renunciar a sus derechos laborales. La ministra explicó que ya fueron atendidos más de 3.050 trabajadores y que se mantiene una mesa de tra­bajo con representantes de las 37 empresas identificadas. Asi­mismo, aclaró que los emplea­dos continúan formalmente en las nóminas y que, hasta el momento, el Ministerio no reci­bió solicitudes de suspensión de contratos laborales.

Entre las medidas anuncia­das, el MTESS coordina con los interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) la preparación de las liquidacio­nes laborales de los 490 traba­jadores de Ueno Bank, cuyos pagos podrían comenzar esta semana, conforme al calenda­rio de los interventores.

Tam­bién se solicitó al Instituto de Previsión Social garantizar la atención médica de los trabaja­dores que la necesitan, especial­mente mujeres embarazadas, madres en periodo de lactan­cia y personas con tratamientos en curso. Además, se coordinó con el Ministerio de la Defensa Pública la asistencia jurídica para quienes necesiten iniciar reclamos laborales.

Recalde recordó que la legislación esta­blece prioridad para el cobro de los créditos laborales frente a otras deudas de las empresas. Finalmente, aseguró que el Ministerio continuará con la atención en horario extendido y el acompañamiento a los afec­tados con el objetivo de proteger sus derechos y facilitar respues­tas a las familias afectadas.

Los fiscales Christian Benítez Cáceres y Verónica Valdez Rivas encabezaron un allanamiento en la vivienda particular del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo en el marco de la causa penal por lesión de confianza y otros delitos. También se allanó la residencia del exjefe de Estado Santiago Peña.

Durante el procedimiento, la comitiva fiscal incautó documentos vinculados a los hechos investiga­dos, así como equipos informáticos, soportes digitales y dispositivos electrónicos, los cuales serán sometidos a análisis técnicos para determinar su contenido y eventual relevancia en la causa. Los ele­mentos incautados fueron inventariados y trasladados bajo cadena de custodia a fin de preservar su integridad para las pericias correspondientes.