La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) emitió una carta dirigida al presidente del Congreso Nacional, Óscar Rubén Salomón, manifestando su postura con relación al proyecto de Ley “Que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete”.
La Federación señala su rechazo al referido proyecto, por considerarlo contrario a los preceptos garantizados en la Constitución Nacional.
“En el mismo sentido, entendemos que la fijación de precios que se pretende conllevaría un impacto negativo sobre las cadenas productivas, industriales y comerciales del país, de lo cual existen múltiples evidencias, en situaciones acaecidas en el pasado, tanto a nivel local como internacional”, sostienen.
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Destaca que el libre tránsito es un derecho constitucionalmente garantizado, como también lo es la libertad de concurrencia, igualmente protegida por la Carta Magna. “Ninguno de estos preceptos puede ser objeto de negociación, sin menoscabar todo el sistema económico”, afirman.
Feprinco apela a la gestión de Salomón como presidente del Congreso Nacional, acotando que si hiciere falta, apelaría a su figura para la constitución de mesas de diálogo tripartitas, que tengan por objeto la fijación de tablas de precios de referencia.
El documento remitido está firmado por Beltrán Macchi, actual titular de la Feprinco, acompañado de 78 asociaciones y/o gremios que forman parte de la nucleación.
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Gremios exigen a Alliana reformular el PGN 2027 y eliminar privilegios tras crisis de Ueno Bank
Los principales gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta al presidente de la República, Pedro Alliana, para exigir una reformulación integral del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, mayor austeridad en el gasto público y medidas concretas para recuperar los recursos comprometidos por la crisis de Ueno Bank.
El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026, cuenta con la adhesión de numerosas organizaciones, entre ellas la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y el Centro de Importadores del Paraguay (CIP).
En la misiva, los sectores firmantes advierten que la crisis política y financiera exige respuestas inmediatas del Gobierno para preservar el grado de inversión, recuperar la confianza de los mercados y proteger el empleo. “Paraguay no tiene más margen de error”, expresan en el documento.
Asimismo, reclaman investigar las fallas de supervisión y las eventuales responsabilidades de quienes debían controlar las operaciones de la entidad bancaria.
Advierten sobre pérdidas millonarias y más de 5.000 empleos afectados
Uno de los principales cuestionamientos de los gremios apunta al proyecto de PGN 2027, actualmente sometido a consideración del Congreso Nacional. Según los firmantes, la propuesta presupuestaria no contempla adecuadamente las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank y contiene previsiones que consideran alejadas de la realidad.
En ese contexto, estiman que el perjuicio para las arcas públicas podría representar entre el 1,5 % y el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). También mencionan los ahorros comprometidos de casi tres millones de paraguayos, la disminución de la actividad comercial y la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo, cifra que, según advierten, podría continuar aumentando.
A ello suman el deterioro de las condiciones para emitir deuda soberana y el riesgo de cierre o reducción de numerosas pequeñas y medianas empresas. Estas cifras corresponden a estimaciones y afirmaciones de los gremios expresadas en la carta. “No se puede aprobar un presupuesto como si una crisis no hubiera ocurrido”, sostienen.
Exigen austeridad y eliminación de privilegios
Los gremios proponen revisar integralmente el PGN 2027, utilizando proyecciones realistas de ingresos y gastos, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la convergencia hacia un déficit del 1,5 % del PIB.
Entre sus principales planteamientos figuran la reducción del gasto corriente improductivo, la eliminación de aumentos salariales injustificados y el recorte de gastos considerados superfluos.
Solicitan revisar específicamente las asignaciones destinadas a pasajes, viáticos, catering, bonificaciones extraordinarias, seguros médicos y contrataciones de personal.
Los recursos ahorrados, según plantean, deberían ser destinados prioritariamente a salud, seguridad ciudadana y educación pública. También exigen avanzar con la reforma de la Caja Fiscal y limitar la cobertura de vacancias en el sector público a los puestos considerados esenciales.
Proponen utilizar bienes recuperados para resarcir a ahorristas
Otro de los pedidos centrales está relacionado con la recuperación de los fondos afectados por la crisis bancaria. Los gremios solicitan establecer mecanismos legales que permitan destinar los bienes recuperados de los responsables y posteriormente liquidados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) al resarcimiento de los ahorristas que no sean cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Asimismo, proponen establecer por ley un registro público actualizado diariamente, que permita identificar cuánto dinero mantiene cada institución estatal en los bancos, las modalidades de depósito y sus respectivos plazos.
La iniciativa apunta a fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos y prevenir nuevas situaciones de riesgo financiero.
Piden reformas en instituciones públicas
La carta también incluye propuestas para reorganizar distintas áreas del Estado. Entre ellas, los gremios plantean integrar la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mediante las modificaciones legales correspondientes.
Además, solicitan fortalecer la recaudación de peajes con participación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), impulsar controles contra el contrabando y revisar determinados regímenes laborales del sector público.
Otro de los puntos es dotar de presupuesto al Consejo de Seguridad Social, para asegurar el funcionamiento de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Sector privado ofrece colaborar con el Gobierno
Además de los reclamos, las organizaciones empresariales manifestaron su disposición de colaborar técnicamente con el Gobierno en la reformulación del presupuesto y las medidas necesarias para recuperar la confianza económica.
Entre sus compromisos mencionan impulsar inversiones productivas, generar empleo formal, fortalecer los estándares de transparencia empresarial y ejercer vigilancia sobre las contrataciones y el uso de los recursos públicos.
Los firmantes sostienen que la exigencia de integridad debe alcanzar tanto al sector público como al privado, sin distinciones por vínculos políticos o económicos. “Ningún cargo, vínculo político o poder económico debe proteger a los responsables”, remarcan.
Finalmente, los gremios instaron al presidente Alliana a adoptar decisiones verificables y urgentes para afrontar las consecuencias de la crisis financiera. “El momento de actuar es ahora. La impunidad destruye la economía; la transparencia y la justicia construyen futuro”, concluye la carta dirigida al mandatario.
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Leite plantea la creación de una comisión bicameral para investigar el caso ueno
Paralelamente a las indagaciones que realiza el Ministerio del Interior sobre la causa ueno bank, el senador Gustavo Leite plantea la creación de una comisión bicameral en el Congreso Nacional para indagar la crisis financiera que afectó a tres millones de paraguayos luego de la intervención y disolución de la entidad bancaria.
A la vez el legislador afirmó que la comisión bicameral también tendrá como finalidad investigar sobre las deudas contraídas con proveedores sin la autorización del Congreso Nacional. “Tenemos que dejar que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haga su trabajo y ya adelantó que la semana que viene voy a presentar a mis colegas la propuesta de crear una comisión bicameral especial para investigar el caso del banco ueno y para investigar la deuda; para mi gusto, espuria de los proveedores que se tomaron sin consentimiento del Congreso”, dijo a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Leite surgieron tras la destitución vía juicio político del exjefe de Estado, Santiago Peña, y la asunción de Pedro Alliana como mandatario y de su excolega Antonio Barrios como vicepresidente de la República.
“Este país utilizó la Constitución Nacional y la ley para sacar encima a un presidente que incumplió y traicionó al pueblo. Le dimos el derecho a la defensa, le escuchamos a sus abogados y abramos en consecuencia con lo que el pueblo paraguayo pedía”, refirió.
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Agregó que “Paraguay ha dado una lección al mundo tras resolver la crisis institucional por la vía pacífica y de la Constitución Nacional”. Leite a la vez expresó su respaldo a la propuesta de Alliana consistente en la presentación de un proyecto de ley para recortar los gastos superfluos en el Estado.
“Estoy de acuerdo con su idea, tendrá todo nuestro apoyo, hay que cortar los gastos, hay que poner medicamentos en las manos de la gente, doctores que atiendan a los paraguayos con calidez y calidad. Nosotros haremos todo de nuestro alcance para que no falte plata. Celebro que él escuche lo que el pueblo paraguayo clama”, comentó.
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Intendencia de Asunción rechaza parcialmente presupuesto municipal 2027
La nueva administración municipal de Asunción rechazó parcialmente el presupuesto correspondiente a 2027, aprobado por la Junta Municipal.
El anunció fue realizado por la intendenta Soledad Núñez, quien dijo que la medida responde a las modificaciones introducidas por el Legislativo comunal, que contemplan un esquema de administración financiera y presupuestaria independiente del Ejecutivo Municipal.
Durante una conferencia de prensa, la jefa comunal explicó que la decisión fue adoptada tras un análisis jurídico, administrativo y financiero realizado por su equipo, considerando las disposiciones de la Constitución Nacional, la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Administración Financiera del Estado.
Núñez señaló que el proyecto presupuestario había sido remitido inicialmente por el Ejecutivo Municipal del ex intendente Luis Bello a la Junta, donde fue objeto de modificaciones. Una vez devuelto, el Ejecutivo debía optar entre su aprobación con modificaciones o el veto, sin posibilidad de introducir nuevas modificaciones en esta instancia referente a las partidas presupuestarias.
Fundamentos del veto parcial
La intendenta explicó que el principal cuestionamiento se refiere a la intención de la Junta Municipal de administrar de manera independiente recursos presupuestarios, mediante un mecanismo que obligaría al Ejecutivo a realizar transferencias mensuales.
Según indicó, esta disposición entra en conflicto legal con las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal confiere al exclusivamente al Ejecutivo Municipal para administrar y ejecutar el presupuesto de la Municipalidad.
La jefa comunal sostuvo que la decisión busca resguardar la correcta administración de los recursos públicos y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales.
Adicionalmente, el asesor de la intendenta, el exsenador Stephan Rasmussen, indicó que hay un antecedente respecto a este punto.
En el año 2020, la Contraloría General de la República elevó un Reporte de Indicios de Hechos Punibles a la Fiscalía General del Estado donde señalaba expresamente que la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción oficia de ordenador de gastos, constituyéndose en una entidad administrativa autónoma a la Administración Municipal, fuera de las atribuciones constitucionales y de la Ley N 3966/10 Orgánica Municipal; por lo que queda claro que dicha atribución es ilegal y podría ser un delito.
Comunicación a la Junta Municipal
La intendenta de Asunción informó que la decisión fue comunicada a los nueve concejales que acompañan su gestión, quienes expresaron su respaldo al veto parcial.
Asimismo, señaló que el presidente de la Junta Municipal, el concejal colorado Gerardo Benítez, fue informado de la decisión del Ejecutivo en una reunión llevada a cabo en la fecha en el despacho de la Intendenta.
La jefa comunal manifestó su expectativa de que el veto reciba el acompañamiento de todos los integrantes del Legislativo Municipal.
Finalmente, recordó que este viernes vencía el plazo para pronunciarse sobre el presupuesto aprobado por la Junta, motivo por el cual la decisión debía adoptarse sin demora. El Legislativo Municipal tiene diez días corridos para tomar una decisión con relación al veto remitido por el Ejecutivo Municipal.
El presupuesto municipal 2027 constituye el instrumento que permitirá planificar y ejecutar las obras, así como financiar los servicios que la Municipalidad presta a la ciudadanía asuncena durante el próximo ejercicio fiscal.
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Ante prórroga solicitada por Peña: “Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia”, dice Núñez
“Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia”, manifestó el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, ante el pedido de prórroga de 72 horas realizado por el mandatario Santiago Peña para ejercer su defensa ante el pleno del Senado, en el marco de su juicio político.
Peña fue notificado ayer, jueves, a las 22:15 por la Cámara de Senadores para formular su defensa y ofrecer pruebas, situación que es rechazada por el mandatario. “Se puede tratar su renuncia, pero debe haber un acuerdo de ambas cámaras, de los líderes y vicelíderes. Si el se libra del juicio político, puede retirar su renuncia”, mencionó Núñez a la 1020 AM.
El libelo acusatorio contra Peña consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son pruebas fehacientes de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank.
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Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.
“El pedido de prórroga de Peña se gana por la terquedad de un sector (opositores y disidentes colorados), ya teniendo su renuncia lo más lógico es aceptarla y no exponer a la ciudadanía a estar en vilo. Su pedido es analizado ya con la asesoría jurídica del Congreso Nacional”, acotó Núñez.