El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Este martes, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) emitieron un comunicado en el que apoyan la gestión del director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Un grupo de pacientes se está manifestando contra la institución luego de que hubo una falla con un equipo, pero se está trabajando para subsanar la situación y trasladar a los mismos para recibir la atención necesaria.

Este comunicado salió a la luz luego de que pacientes oncológicos decidieron manifestarse contra los directivos ante la falta de una máquina de radioterapia y que está afectando el tratamiento que reciben, según los mismos. Estos indicaron que todas las semanas hay fallas, pero desde la Apacfa resaltaron que no están de acuerdo con estas personas, ya que están viendo mejoras en el sistema y que es la primera vez que reportan una situación así bajo esta dirección.

“La Asociación de Pacientes con Cáncer expresa su rechazo a los intentos de desinformación que buscan desacreditar la gestión del Incan. Apoyamos la gestión del equipo directivo y administrativo, porque podemos ver que los cambios implementados son en beneficio de los pacientes. Nos duele que ciertas personas intenten ensuciar su labor y la de los profesionales que cumplen funciones con compromiso y vocación”, apuntaron.

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Instan a los pacientes y familiares a estar unidos para trabajar juntos por el fortalecimiento del centro asistencial. “Es tiempo de dejar atrás los chismes y las verdades a medias, porque cada integrante de esta gran familia cumple un rol fundamental en la atención y el bienestar de los pacientes”, resaltaron.

Finalmente, reafirmaron la importancia de que el instituto sea un espacio donde prevalezca la ética, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la salud pública. “Instamos a las autoridades competentes, al personal de salud y a la ciudadanía en general a respaldar las acciones que promuevan un Incan más justo, transparente y eficiente, donde la vida y la dignidad de los pacientes sean la prioridad absoluta”, concluyeron.

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• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
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Estudios realizados a nivel país señalan que tendríamos aproximadamente 250.000 pequeños productores agrícolas, distribuidos en los departamentos donde se observan los mayores bolsones de pobreza (Concepción, Caazapá, San Pedro y Caaguazú).

Si bien el MAG viene trabajando activamente con los mismos para cambiar la imagen de ser un sector meramente de subsistencia a uno de producción y comercialización, deberán seguir haciéndolo sin treguas teniendo como objetivo primario abocarse a la reingeniería y fortalecimiento económico, financiero y productivo de los mismos, para que puedan superar la línea de pobreza, reversible con inteligencia, proactividad y profesionalismo.

Debería intensificarse el apoyo técnico en sus fincas de parte del MAG, orientándolos en cómo poder diversificar sus líneas de cultivos y hacerlo mucho más productiva y rentable la superficie que cada uno dispone, subutilizada en muchos casos por desconocimiento y por falta de una mayor asistencia técnica y crediticia.

En su gran mayoría se dedican al cultivo de hortalizas y frutas que les reditúan ingresos solo en una parte del año, siendo posible que puedan tenerlos en gran parte del mismo, única vía que les permitiría poder superar la situación económico-financiera en que se encuentran, y que hace que cada año se manifiesten viniendo a la capital a solicitar al Gobierno una mayor asistencia, condonación o refinanciación de sus deudas contraídas, pues no cuentan con la capacidad de repago para hacer frente en tiempo y forma a sus compromisos contraídos.

No todo se remite al aspecto productivo, pues precisan de educación financiera, que les permita manejar en forma más eficiente los recursos generados por sus diversos renglones de cultivo y que tengan la posibilidad de acceder a una caja de ahorros dentro del sistema financiero que les dé la opción de incrementar los niveles de inclusión que también sigue siendo una falencia, pero superable.

La asistencia técnico-profesional por parte de organismos técnicos deberá ser consistente y permanente, para que puedan tener posibilidades potenciales de obtener mejores resultados económicos.

Para que la gestión global de estos labriegos pueda resultar rentable, deberían aglutinarse en pequeñas cooperativas de producción, de tal forma que sean ellos mismos quienes negocien la venta de sus productos a los compradores finales, eliminándose así la intermediación, que está en manos de quienes, sin mucho esfuerzo, desde hace años, se han venido llevando la parte “más substanciosa de la torta”.

Un mayor apoyo de parte del Gobierno es fundamental pues aquí el objetivo primario debe ser que progresen productiva y económicamente.

Cientos de jóvenes, hijos de estos labriegos, se ven en la necesidad de migrar hacia ciudades del departamento Central o a nuestra capital en busca de trabajo, pudiendo evitarse si existe la proactividad, profesionalismo y visión de futuro de nuestros gobernantes, quienes, de lograr todos los objetivos precedentemente expuestos, podrían convertirse en exitosos microempresarios con sus progenitores.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá seguir en manos de técnicos idóneos y capaces, que tengan la suficiente capacidad de asignar funciones y delegar responsabilidades para que en forma permanente asistan de cerca a estos productores, permitiéndoles ser competitivos y rentables.

No hay “recetas mágicas”. Solo se precisa de sentido común, visión de futuro y ganas de trabajar profesional y ordenadamente, con objetivos y metas claras, y sobre todo mucha actitud y patriotismo sin discriminar a nadie por sus ideologías políticas.

Paraguay es uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial y qué mejor que sean estos pequeños productores agrícolas uno de los actores protagónicos, que se fortalezcan no solo a nivel de nuestro mercado doméstico, sino también “abonando el terreno” para que puedan seguir creciendo hacia afuera.

Casi a fines del año pasado se daba el primer envío de 60.000 kilos de tomate a la provincia de Córdoba, de la República Argentina, a un mercado importante con una población de 46 millones de habitantes y que siempre seguirán demandando alimentos que esperamos pueda expandirse a otros países.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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