• Por Antonella Mateu

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) forma parte de la vida cotidiana de los paraguayos, cada vez que una persona compra un producto, contrata un servicio o importa un bien, paga este tributo, considerado uno de los pilares de la recaudación tributaria del país.

Según datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), durante 2025 el IVA generó una recaudación de G. 12,88 billones, equivalente a más de la mitad de los ingresos tributarios internos administrados por la institución, consolidándose como el impuesto de mayor aporte al Estado.

La contadora Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA grava principalmente la venta de bienes, la prestación de servicios, excepto aquellos realizados en relación de dependencia, y la importación de mercaderías.

“Cuando hablamos del IVA, lo primero que debemos entender es cuál es el hecho generador del impuesto. Este nace con la venta de bienes, la prestación de servicios independientes y también con la importación de bienes”, señaló.

Talavera indicó que son contribuyentes del IVA las personas físicas que prestan servicios profesionales o personales de manera independiente, quienes obtienen ingresos por alquileres de inmuebles, las empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, sociedades, sucursales de firmas extranjeras, importadores habituales y ocasionales, además de otras entidades contempladas por la legislación tributaria.

Precisó que los trabajadores en relación de dependencia no tributan IVA por los servicios que prestan como empleados, ya que esos ingresos no forman parte del hecho generador del impuesto.

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El gerente general de Impuestos Internos de la DNIT, Ever Otazú, explicó a La Nación/Nación Media que el IVA funciona sobre el valor agregado en cada etapa de la cadena económica.

En la práctica, una empresa cobra el impuesto al vender un producto o prestar un servicio, pero puede descontar el IVA que ya pagó en las compras relacionadas con su actividad económica. La diferencia entre ambos conceptos es el monto que finalmente debe ingresar al fisco.

“Por eso se habla de IVA débito e IVA crédito. El débito corresponde al impuesto generado por las ventas, mientras que el crédito representa el IVA pagado en las compras realizadas por el contribuyente”, explicó.

Por su parte, Talavera recordó que la liquidación del impuesto se realiza mensualmente, conforme al calendario establecido según la terminación del Registro Único del Contribuyente (RUC).

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En Paraguay existen actualmente dos tasas de IVA. La tasa general del 10 % se aplica a la mayoría de los bienes y servicios comercializados en el país, mientras que la tasa reducida del 5 % alcanza a determinados productos y operaciones, entre ellos algunos alimentos de la canasta básica, productos agropecuarios en estado natural, medicamentos de uso humano, venta de inmuebles y alquileres destinados exclusivamente a vivienda.

Otazú recordó además que todos los precios ofrecidos al consumidor final deben incluir el IVA, por lo que el monto exhibido ya contempla el impuesto correspondiente.

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La especialista explicó que la obligación tributaria nace cuando ocurre la entrega del bien, la prestación del servicio, el cobro total o parcial del precio o el vencimiento del plazo pactado para el pago.

En algunos servicios existen reglas específicas. Por ejemplo, en los suministros de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones prestados por empresas públicas, el hecho generador se produce con el vencimiento del plazo para el pago.

Asimismo, en servicios prestados desde el exterior o en operaciones de financiamiento y préstamos, la obligación tributaria también se determina por el primer hecho que ocurra entre el pago o el vencimiento correspondiente.

Uno de los cambios más relevantes incorporados por la Ley n.º 6380 afecta a los bienes que salen del patrimonio de una empresa por destrucción, pérdida, obsolescencia, sustracción u otras causas. Talavera explicó que, en estos casos, el contribuyente debe revertir el IVA crédito previamente utilizado y emitir el comprobante correspondiente, tratándose la operación como si se hubiera realizado una venta.

Otra de las modificaciones beneficia a quienes prestan servicios personales, ya que pueden utilizar como crédito fiscal hasta el 30 % del IVA pagado en la compra de vehículos, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa vigente. Agregó que dicha adquisición también puede considerarse gasto deducible para el Impuesto a la Renta Personal (IRP), respetando el plazo establecido de tres años entre compras.

Desde la DNIT resaltan que solicitar factura no solo constituye un derecho del consumidor, sino también una herramienta para combatir la informalidad. Cada comprobante deja constancia de quién realizó la venta, qué producto o servicio fue adquirido, el monto de la operación y el impuesto correspondiente. Esa información permite verificar que el IVA efectivamente sea declarado y abonado.

Además, la factura sirve como respaldo para reclamos, garantías comerciales y, en el caso de los contribuyentes, para ejercer el derecho al crédito fiscal o a determinadas deducciones permitidas por la legislación.

Los recursos provenientes del IVA ingresan al Presupuesto General de la Nación (PGN) y constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del Estado paraguayo. Con esos ingresos se sostienen áreas como salud, educación, seguridad, infraestructura, programas sociales y el funcionamiento de los servicios públicos.

Para la DNIT, cada factura emitida y cada operación formalizada fortalecen tanto la recaudación tributaria como la economía formal, permitiendo que el Estado disponga de recursos para cumplir sus funciones esenciales.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Tesoro Público, procesa este jueves pagos por un total de G. 85.231 millones destinados a proveedores y acreedores del Estado, en el marco del calendario regular de desembolsos correspondiente a compromisos previamente registrados por las instituciones públicas.

Los pagos comprenden la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), ingresadas entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, financiadas con recursos provenientes del Tesoro, créditos públicos y fondos institucionales.

De acuerdo con los datos oficiales, la mayor parte de los desembolsos corresponde a obligaciones financiadas con Fuente 30 – Recursos Institucionales, que alcanzan G. 71.755 millones. Estos recursos se destinan principalmente al cumplimiento de compromisos asumidos por organismos y entidades públicas con proveedores y acreedores.

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Por otra parte, se prevé la transferencia de G. 13.177 millones financiados mediante Fuente 20 – Recursos del Crédito Público, también orientados al pago de obligaciones pendientes con empresas y prestadores de servicios que mantienen contratos con el Estado.

El cronograma incluye además G. 299 millones correspondientes a Fuente 10 – Recursos del Tesoro, destinados a conceptos específicos como caja chica y gratuidad en la educación superior. La ejecución de estos pagos forma parte del mecanismo mediante el cual el Tesoro Público administra el flujo de recursos para atender compromisos presupuestarios ya reconocidos por las instituciones estatales.

El procesamiento periódico de las STR permite canalizar los desembolsos una vez cumplidos los procedimientos administrativos y financieros establecidos para cada obligación.

El movimiento de fondos adquiere relevancia en un contexto en el que diversos sectores empresariales mantienen expectativas sobre la regularización de pagos estatales y la reducción de atrasos en determinadas áreas de contratación pública..

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Édgar Villalba, presidente de la Cámara de Importadores, confirmó que continúan las negociaciones con el Instituto de Previsión Social, respecto a la millonaria deuda pendiente de pago. No obstante, aseguró que las farmacéuticas garantizan la provisión de medicamentos a la previsional.

Durante una entrevista en el programa Arriba Hoy, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, mencionó que continúa las conversaciones con la previsional para ver qué plan financiero de pago es el que plantea, así como el plan de compras. Indicó que ellos necesitan conocer la trazabilidad de qué productos son los que van a necesitar, para que las empresas que ganaron las licitaciones puedan comenzar a entregar.

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“El gran problema que está teniendo IPS son las órdenes de compra, porque no tienen el código presupuestario. Mañana tendremos una reunión para ver qué propuesta financiera nos presentan. La deuda está en casi 400 millones de dólares y ellos nos van a pasar un plan para ver cómo van a pagar. También se tuvo una reunión con los nacionales, ya que existe un listado de 120 ítems que tenían orden de compra y no se estaba entregando, y se está viendo cómo solucionar todo esto”, explicó.

Confirmó, además, que esta deuda que se está negociando tiene un atraso de 2 años. En tanto, resaltó que las deudas anteriores a este periodo sí se llegaron a cancelar por completo, que en su momento llegaron a alcanzar 250 millones de dólares.

“El tema es que el IPS administrativamente se tiene que organizar, porque el desabastecimiento ya es una realidad. Evidentemente, hay productos que ya no tienen, y no estamos hablando solamente de los productos caros, los medicamentos oncológicos. Estamos hablando en general de productos básicos que ya están comenzando a faltar”, señaló.

Mencionó que lo que ha notado es que el IPS comenzó a comprar menos cantidad de los productos. “Al comprar menos productos, su depósito que tenía de reserva para 3 meses se le quedó a un mes; entonces ahora te entrega una orden de compra y quieren que se le entregue en 5 días, y eso es imposible; ni para nosotros, ni para los nacionales”, explicó.

No obstante, Villalba aseguró que la provisión de medicamentos no se va a cortar, pese a que aún no estén llegando a un acuerdo en la forma de pago de la deuda pendiente. “El problema está en que, al recortar la cantidad de productos que compra el IPS para atajar los gastos, ahí sí van a tener problemas de desabastecimiento”, acotó.

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La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP), encabezada por Gustavo Canatta, reclama el pago de la deuda histórica contraída por el Estado paraguayo con el Instituto de Previsión Social (IPS), con la finalidad de sanear sus finanzas y garantizar la constante provisión de medicamentos e insumos a sus asegurados, según señala a través de un comunicado.

“Nosotros queremos que el Estado pague parte de su deuda, por lo menos lo que le corresponde al área de la salud para poder dar una solución inmediata al problema que tiene hoy el IPS en términos sanitarios”, comentó Canatta, este miércoles, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Detalló que el compromiso acumulado durante casi siete décadas es de aproximadamente USD 800 millones. “El 41 % de esta cifra llegaría a USD 304 millones, con esto nosotros creemos que se puede dar una solución inmediata hasta que el actual presidente Isaías Fretes logre comprar a precios justos los medicamentos”, comentó.

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Canatta manifestó que acompañan la propuesta presentada por el senador Juan Afara que declara en emergencia al Fondo de Enfermedad-Maternidad del IPS e incorpora mecanismos de financiamiento específicos, entre ellos, la emisión de bonos, empréstitos con organismos multilaterales y otros instrumentos financieros con el propósito exclusivo de adquirir medicamentos, insumos médicos, equipamientos y contratación de personal, sin usarse para el pago de deudas.

La propuesta plantea que el Estado honre su aporte pendiente al sistema de salud, equivalente al 39 % de los recursos, unos USD 304 millones. El proyecto de ley propone obtener esos fondos mediante emisión de bonos u otros mecanismos gestionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Nosotros apoyamos esta propuesta al 100 % porque el uso de los bonos será cerrado, además tiene un sistema de control a los efectos de que no pueda existir sobrecostos o pagos excesivos por los medicamentos e insumos”, detalló.

Por otra parte, ratificó la confianza de los jubilados hacia la administración de Fretes, quien asumió la presidencia del IPS desde el pasado mes de abril y requirieron que los consejeros designados en la época del extitular Jorge Brítez sean removidos de sus cargos.

“Nosotros vemos que él tiene buena voluntad, está teniendo una cantidad de carpetas, juntando documentos para hacer las denuncias de manera responsable, que tengan la fuerza jurídica para llevar a los responsables a la cárcel y que devuelvan lo que han robado”.

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