Los recursos captados este año por Paraguay mediante la colocación de bonos en el mercado bursátil internacional poseen hasta el momento una baja ejecución. A mayo del 2021 fueron utilizados US$ 129,3 millones, de los US$ 500 millones disponibles, según el informe del Ministerio de Hacienda, encargado de administrar los recursos públicos.
La ejecución de estos fondos está ligada a proyectos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de este año. Las entidades que hasta el momento utilizaron el dinero de los bonos soberanos 2021 fueron el Ministerio de Hacienda (US$ 83,09 millones), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (US$ 38,81 millones), y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (US$ 7,46 millones).
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En ese sentido, la cartera económica detalla que estas tres entidades del Estado y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) serán los que ejecutarán el dinero restante. El Ministerio de Hacienda deberá recibir US$ 263,3 millones más; el MOPC, US$ 87,6 millones más; y el MUVH, US$ 12,2 millones. El Indert, por su parte, ejecutará US$ 2,9 millones.
Según el historial, Paraguay viene colocando bonos en el mercado internacional desde el 2013. Estos recursos son utilizados en gran parte para financiar obras de infraestructura y realizar el pago (bicicleteo) de deuda antigua. Hasta la fecha, nuestro país adjudicó bonos soberanos por US$ 6.185 millones, de los cuales, US$ 5.284 millones (85,4%) ya fueron ejecutados a mayo del 2021.
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Lizarella Valiente cuestiona gestión de APA por recursos que no llegan a músicos
Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora Lizarella Valiente solicitó transparencia a las autoridades de Autores Paraguayos Asociados (APA) y señaló que recibe denuncias de posible mal manejo de los recursos en detrimento de los artistas.
Solicitó a estos organismos de gestión a favor de los artistas que realmente trabajen por y para sus asociados. Lamentó que el dinero que se cobra por los derechos de autor no está llegando a los músicos que pasan penurias.
Indicó que esa carga impositiva del 5 % no estaría llegando ese porcentaje a los artistas. Esto se recauda sobre los artículos y dispositivos electrónicos que emiten audiovisuales como celulares, computadoras, tablet; sumado al derecho intelectual que cobran una tasas por la reproducción de las músicas, cumpliendo con el derecho intelectual del intérprete.
“Las personas que están a cargo de estas entidades de gestión están teniendo muchos cuestionamientos y ese dinero no le está llegando a ese autor, a ese músico, y pongo nomás de ejemplo el hecho que nosotros nos pasamos dando pensiones a músicos que luego fallecen en la indigencia. Eso no puede ser posible si existe y está funcionando, respetando el cobro de esas tasas”, cuestionó.
Indicó que tiene conocimiento de que se está realizando el cobro de esos cánones por difusión de la música, incluso, cuando se organiza alguna actividad en una casa particular. Pero a la vez recibe información de varios artistas cuyas canciones se han vuelto populares en redes sociales, sin embargo, el artista no está cobrando nada.
“En nombre de todos los músicos asociados a la APA que hoy tienen estos cuestionamientos hacia los directivos, insto a la Justicia, a los fiscales, al Ministerio Público a investigar estos hechos. Si no hay nada, genial, en hora buena. Pero que se aclare este caso”, concluyó.
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“Será un retroceso centralizar”, dice gobernador de Ñeembucú sobre Hambre Cero
El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo un encuentro con los jefes departamentales, quienes le expresaron su disconformidad en torno a la decisión tomada por el Senado de retirar la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná. Señalaron que no existen denuncias formales en contra de sus gestiones y que la medida es netamente política.
“Estuvimos conversando con el presidente sobre la cobertura, el alcance e impacto positivo que tiene el programa dentro del sistema educativo, por supuesto, le transmitimos la intención de que los gobernadores sigamos administrando Hambre Cero, conversamos sobre esa situación, pero no ahondamos sobre el tema, ya que no existen denuncias directas sobre los administradores de contratos“, indicó el gobernador de Ñeembucú, Víctor Fornerón, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fornerón acotó: “Nosotros estamos siendo sometidos permanentemente a auditorías del Poder Ejecutivo, la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que nuestros cargos sean auditados y, si hay algún tipo de mal manejo, someternos a los organismos correspondientes. Le dijimos al presidente que las denuncias que se generan deben ser fundamentadas y evaluadas dentro de los organismos competentes no de la forma en que se hizo”.
La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
“Le expresamos nuestro desacuerdo, ya que lo realizado en el Senado fue netamente político, sostenemos que el programa no tiene que ser manoseado por cuestiones políticas. No existen denuncias, sí hubieron cuestionamientos o problemas menores que se resolvieron de manera inmediata”, refirió.
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“Será un retroceso la centralización”
Semanas atrás, el Consejo de Gobernadores emitió un comunicado argumentando que la centralización de Hambre Cero en el Ministerio de Desarrollo Social, será un retroceso y hará dificultoso su ejecución sin la participación de los gobiernos locales.
“Creemos que será un retroceso, dentro del Consejo de Gobernadores siempre hemos defendido la descentralización del país. Lo que estamos dentro del Paraguay profundo entendemos que si varios programas son administrados por las gobernaciones y municipios tienen más impacto, nosotros estamos expuestos a nuestra gente, estamos permanentemente en contacto con los distritos, los pobladores”, comentó Fornerón a NM.
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Constructoras anuncian posible medida de fuerza por deudas del Estado
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, afirmó que el anuncio del ajuste fiscal por parte del Gobierno confirma una situación que el sector ya venía advirtiendo, “la falta de recursos para cumplir con los pagos a proveedores del Estado”.
Sostuvo que la medida “oficializa” un escenario de atraso en los desembolsos, que afecta principalmente a constructoras y farmacéuticas. “Esto ya se veía venir. Hoy se reconoce que no hay dinero suficiente para honrar los compromisos”, expresó en Universo 970 AM/Nación Media.
En este contexto, el sector no descarta medidas de fuerza. Heisecke expuso que las constructoras advierten con tractorazos ante deuda del Estado, como forma de presión para exigir una solución al atraso en los pagos.
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El dirigente advirtió que el impacto no se limita a las grandes empresas, sino que se extiende a toda la cadena económica vinculada a la construcción. “No es solo el contratista principal. Detrás hay proveedores, pequeños negocios y trabajadores que dependen de estas obras”, señaló.
En ese sentido, alertó que entre 15.000 y 30.000 empleos podrían verse afectados si la situación se agrava.
Heisecke también cuestionó la falta de previsión por parte del Ejecutivo. A su criterio, una señal anticipada habría permitido a las empresas prepararse mejor y evitar el nivel actual de endeudamiento. Advirtió además que, de no establecerse un plan claro, la paralización de obras será inevitable.
En relación con las medidas anunciadas, expresó preocupación por la posibilidad de que no se reconozcan los intereses de la deuda. Recordó que estos están contemplados en los contratos firmados con instituciones públicas. “Los contratos incluyen intereses. No reconocerlos sería incumplir lo pactado”, afirmó.
Sobre la decisión de desacelerar la ejecución de obras, insistió en la necesidad de definiciones formales. Señaló que existen contratos vigentes con plazos y obligaciones que deben cumplirse, por lo que cualquier suspensión debe ser comunicada oficialmente. Estimó que entre 50 y 60 proyectos podrían verse afectados, especialmente aquellos con menor avance o sin financiamiento asegurado.
Finalmente, aclaró que el problema no es la inexistencia de recursos, sino las restricciones fiscales. Explicó que una parte importante de los fondos proviene de créditos de organismos multilaterales ya disponibles, pero cuya ejecución está limitada por el tope fiscal.
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Gobierno recortará gastos, pero priorizará salud, educación y protección social
El Gobierno anunció que aplicará un ajuste del gasto público en lo que resta del ejercicio fiscal 2026, pero priorizará sectores esenciales. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aclaró que la medida responde a una menor disponibilidad de recursos respecto a lo previsto inicialmente en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
El secretario de Estado precisó que los sectores de salud, educación, seguridad y protección social, concentrarán la mayor parte de los recursos disponibles. Asimismo, aseguró que se garantizará el cumplimiento de obligaciones clave como el pago de salarios, jubilaciones, medicamentos, subsidios al transporte y compromisos con empresas constructoras, además de la continuidad de programas sociales como Hambre Cero y Adultos Mayores
El ajuste se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, explicado principalmente por dos factores: el comportamiento del tipo de cambio y la desaceleración de la recaudación tributaria.
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Por un lado, el tipo de cambio del dólar se ubica actualmente en torno a G. 6.500, por debajo de los G. 7.800 previstos en el PGN 2026. Esta diferencia reduce la cantidad de guaraníes que el Estado obtiene por los ingresos en dólares, afectando directamente su capacidad de gasto.
“Esto representa aproximadamente USD 100 millones menos para este año. El valor de los dólares que recibimos hoy se traduce en menos guaraníes, lo que nos obliga a ajustar el nivel de gasto respecto a lo inicialmente previsto”, explicó Fernández Valdovinos a la 1080 AM.
A este escenario se suma una recaudación tributaria por debajo de las expectativas. El presupuesto contemplaba un crecimiento del 8 % en los ingresos administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pero, según el titular del MEF, actualmente la recaudación se mantiene prácticamente sin variación.
“Esperábamos un incremento en la recaudación que no se está concretando, lo que implica unos USD 440 millones menos de ingresos para el Tesoro”, indicó.
En conjunto, ambos factores representan una merma entre USD 550 y USD 600 millones en los recursos disponibles para este año. Ante este escenario, el Ejecutivo optó por reordenar el gasto, concentrando los recursos en áreas prioritarias y ajustando aquellos rubros considerados no esenciales, que representan una porción menor del presupuesto.
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