El Poder Ejecutivo socializó el proyecto de Ley de Suministros y Compras Públicas con representantes de la Red del Pacto Global Paraguay. La actividad fue realizada mediante un encuentro virtual.
El proyecto tiene como objetivo central la mejora del gasto público a través de la utilización responsable de los recursos del Estado, buscando impedir las compras innecesarias frecuentemente denunciadas en las contrataciones y adquisiciones.
Durante la actividad indicaron las principales innovaciones de dicha ley. En la ocasión, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, mencionó que se busca tener una visión integral del sistema de compras públicas y no perder de vista dos etapas claves del proceso como son la planificación y la evaluación.
Por otro lado, la ministra Viviana Casco indicó que las compras públicas representan un 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y un 21% del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Resaltó además que entre las principales innovaciones del proyecto se encuentran la implementación de un registro de proveedores y compradores, la sanción a no solo las sociedades sino también a los representantes legales y administradores de manera a evitar que utilicen otra figura jurídica y la participación de la ciudadanía a través de audiencias públicas.
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Asimismo, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, mencionó que esta ley busca dejar de lado el protagonismo del proceso de la compra y pasar este a la compra eficiente.
Señaló que se introducen en la propuesta temas extremadamente importantes como la etapa previa de planificación y también se otorga al Ministerio de Hacienda un rol de protagonista en el proceso de compras públicas.
Cabe resaltar que este proyecto forma parte del conjunto de leyes propuestas para la mejora del gasto público en el marco de la Agenda de Transformación del Estado, contemplada en el Plan de Recuperación Económica Ñapu’ã Paraguay, presentado en el 2020 como respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La Red del Pacto Global Paraguay es una plataforma que permite interactuar, generar alianzas y promover el compromiso responsable de las organizaciones.
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¿Por qué Uruguay es caro?
Con 3,4 millones de habitantes, Uruguay tiene el costo de vida más elevado de América Latina, según la plataforma global de estadísticas Statista. En la capital uruguaya, hogar de la mitad de la población del país, el pan cuesta tres veces más que en Asunción, una docena de huevos más del doble que en Tokio, y un capuchino un 66 % más que en Madrid.
“Lo que más me llama la atención es el precio del champú, el desodorante, la pasta de dientes. Pero también el de la fruta, la pasta, ¡el café! En el supermercado es flagrante la diferencia”, dice María Chaquiriand, radicada en Europa hace 28 años y siempre que visita a su familia se sorprende de lo caro que es todo en Uruguay.
A esta mujer de 48 años, gerente de mantenimiento de edificios industriales, también le resulta caro el transporte, los medicamentos, los artículos de bazar o los materiales de construcción en Uruguay. Según Numbeo, una base de datos colaborativa con precios de todo el mundo, Uruguay es el país más caro de Sudamérica, y ocupa el lugar 37 en esa escala entre 146 economías, por encima de Japón (47) o España (54).
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IVA de 22%
Los economistas señalan razones estructurales. “Uruguay tiene un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 22%, uno de los más altos del mundo. Y como no tiene buenos acuerdos comerciales, paga aranceles de hasta 25% a 35%. Si a eso se suma una tasa consular del 5%, un producto importado puede tener una carga tributaria del 50%”, dice a la AFP Alfonso Capurro, de la consultora CPA Ferrere.
En el combustible y los automóviles hay gravámenes adicionales. La gasolina en Uruguay es la más cara del continente americano y una de las más caras del mundo, a 76,5 pesos por litro (2 dólares), según Global Petrol Prices. Numbeo ubica a Uruguay quinto entre casi un centenar de países por el costo de un auto Volkswagen Golf 1.4 0km.
“La mitad del precio de un automóvil son impuestos”, resume Javier de Haedo, director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. En el precio del combustible inciden también costos de distribución y comercialización, añade en diálogo con la AFP.
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“Happy problem”
Además de la presión fiscal, en Uruguay existen subsidios cruzados, como el 10% de retención en el precio del diésel para financiar el transporte público, apunta Capurro. Y pesan las regulaciones, protecciones y mecanismos de registro, que en la práctica implican barreras a la importación de frutas y verduras, y falta de competencia en el mercado de productos de higiene personal y limpieza.
Por otra parte, Uruguay se está transformando en un país de renta media alta, con lo cual el sueldo medio es elevado y los servicios, que tienen mucho componente de salarios, se encarecen, explica Capurro. “Somos más caros, obviamente, aunque en realidad eso es un ‘happy problem’, porque queremos ser ricos, no pobres”, aclara.
Uruguay tiene un Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita de 18.000 dólares, el mayor de Latinoamérica, según la última clasificación del Banco Mundial. El salario mínimo nacional actualmente equivale a unos 580 dólares. En Paraguay, el país con menor costo de vida de Sudamérica según Numbeo, está en 370 dólares.
“¡Carísimo es este país!”, exclama José Luis Díaz, un uruguayo de 54 años, empleado en una peluquería en Montevideo. “Aumentan los sueldos, pero la canasta básica aumenta mucho más. No alcanza la plata para vivir acá”. ¿Su estrategia para llegar a fin de mes? “Me cuido con el consumo de energía eléctrica, no salgo tanto a comer afuera, me fijo en las ofertas”, relata a la AFP.
Atraso cambiario
Uruguay es caro además por factores macroeconómicos. “En este ciclo 2020-2023, se combinaron muy buenos precios de exportación con una importante inversión extranjera directa, lo cual generó un flujo de dólares muy grande que terminó fortaleciendo el peso”, apunta Capurro. El combate a la inflación, prioridad del gobierno de centroderecha de Luis Lacalle Pou que asumió en 2020, también contribuyó a apreciar la moneda uruguaya.
Para restringir el consumo, el Banco Central subió su tasa de política monetaria. Y aunque la inflación en marzo se moderó a 3,8% a 12 meses, su nivel más bajo desde agosto de 2005, la tasa de interés de referencia se mantiene alta, en 8,50%. “El precio del dólar en términos nominales bajó 3% en el último año móvil y acumuló una disminución de 15% en los últimos tres años”, indicó días atrás el Instituto Cuesta Duarte, que asesora a sindicatos.
El desfasaje cambiario hace que Uruguay pierda competitividad frente a sus socios comerciales y se vuelva más caro en comparación, desatando reclamos de productores rurales, industriales y del sector turístico. “Si tomo como base 100 el promedio de lo que va del siglo XXI, estamos hoy en 28% de atraso cambiario con países de fuera de la región”, advierte De Haedo.
Fuente: AFP.
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Red integrada de servicios de salud analizó cómo mejorar gestión en Alto Paraná
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En el auditorio del Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este se realiza desde ayer el taller de análisis de la red de servicios de salud de Alto Paraná, con el objetivo de mejorar la gestión de las unidades y el funcionamiento de red de instituciones de salud pública. Participaron directores del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Salud Pública, jefes de hospitales y unidades de salud del departamento y también directivos de la Fundación Tesãi y de Itaipú Binacional.
La organización estuvo a cargo de la Dirección de Planificación del IPS, cuya directora, la doctora Patricia Giménez, explicó que se está trabajando en el territorio con los actores principales, con los referentes del subsistema y sistema de salud con la finalidad de optimizar recursos y mejorar la calidad de atención a los usuarios. El taller culminará esta tarde con la presencia del viceministro de Salud, Santiago García.
“Lo más positivo de este tipo de talleres es que va a optimizarse la gestión hospitalaria, vamos a mejorar nuestra oferta de prestaciones de servicios, vamos a mejorar nuestra calidad de atención”, expresó la doctora Patricia Giménez. Mencionó que están abocados dentro del IPS a ir construyendo la red de unidades y también analizar cuáles son las causas principales de consultas médicas.
“Estuvimos mirando que los primeros datos arrojan que la enfermedad renal es la principal causa de consulta médica, dato que pasamos al Ministerio de Salud Pública para hacer un trabajo conjunto y analizar qué sucede en la población, por qué tantos problemas renales”, sostuvo la doctora Giménez. “Estamos identificando la necesidad de trabajar más en prevención, monitorear más a enfermos de diabetes”, dijo la directora de Planificación del IPS.
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Informó en el auditorio que se está organizando la red del IPS, los niveles y la categorización de hospitales para luego trabajar en equipo con los otros sistemas, del Ministerio de Salud Pública y de la Fundación Tesãi. En tal sentido, la unidad de salud de Hernandarias, que funciona como un hospital, pasará a la categorización oficial de hospital de base.
Menos del 40 % de los asegurados usó el servicio en 2023
En el taller fueron dados a conocer datos sobre los asegurados del IPS en Alto Paraná. De la población económicamente activa, solo el 16 % está asegurada, lo que representa 127.799 asegurados. Son 205.295 trabajadores, de los cuales solo 77.528 cotizan al seguro social, equivalente al 37,8 %. La doctora Patricia Giménez puso énfasis en que menos del 40 % de los asegurados usó en el 2023 el servicio y el restante 60 % no lo hizo. Se estima una evasión del 62,2 %, según el informe dado.
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El Gobierno dispuso un histórico blindaje del dinero para las universidades públicas
La gratuidad de la educación universitaria pública ha recibido el mayor blindaje posible con el decreto emitido el lunes 15 por el Gobierno. Los alumnos de tales casas de estudio tienen la seguridad jurídica que ninguna otra administración les ha ofrecido para dedicarse a la formación académica que corresponde sin ninguna carga monetaria.
El presidente Santiago Peña firmó el Decreto 1524 que reglamenta el Arancel Cero, con el que garantiza la gratuidad de la admisión y la concurrencia a las clases en todas las universidades públicas del país. El documento oficial establece el blindaje de los fondos y es una garantía para la continuidad del referido programa que afecta a los estudiantes universitarios de entidades nacionales.
El mandatario resumió la relevancia del documento emitido, resaltando que con él se va a proteger el bien tan preciado que es la educación. “Hoy el Arancel Cero tiene más fuerza, blindaje y garantías que nunca antes había tenido; juntos seguiremos haciendo el resurgir de nuestro país para que llegue a su destino de grandeza”, afirmó.
El referido decreto establece que serán considerados gastos prioritarios los créditos presupuestarios asignados en los términos de la Ley de Hambre Cero a las universidades públicas de la nación. Lo que quiere decir que la plata que se prevé en el presupuesto de la nación en la ley referida tendrá preferencia y estará primero que los fondos para otros destinos.
El dinero que se transferirá a las universidades no podrá ser inferior al 100 % de las solicitadas por las entidades, y tampoco será objeto de topes ni recortes presupuestarios. Esta disposición es única, pues habitualmente no se entrega todo el dinero solicitado por las entidades públicas al Tesoro de la nación, pues depende de las disponibilidades de la caja estatal.
Con relación a la ley de presupuesto que rige para este año, se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las modificaciones que correspondan para incluir los recursos que demandará la aplicación del Arancel Cero.
Hay que resaltar que mediante las disposiciones tomadas por el Gobierno para fortalecer la aplicación del Arancel Cero se está dando la seguridad absoluta a los recursos que requiere. Pues con el blindaje anunciado se están protegiendo sobradamente los fondos que se necesitan para solventar los servicios de la educación terciaria. Lo que quiere decir, en términos prácticos, que los estudiantes de las universidades estatales no pagarán ningún servicio ni arancel para realizar sus actividades académicas, ya que el dinero previsto en el presupuesto para el efecto no se podrá tocar ni recibir otro destino. La ley habla de que los fondos provendrán de la Fuente 10, recursos del Tesoro, que es la caja grande que tiene el Estado para financiar sus principales actividades. El 85 % de los fondos de esa fuente proviene de los impuestos estatales, otra parte corresponde a los royalties de la Itaipú y una porción importante viene de transferencias de las empresas públicas, aranceles o comisiones que cobra el Estado. Lo que significa que habrá suficientes recursos para solventar las erogaciones para las universidades públicas.
Con las medidas adoptadas por el Gobierno, los estudiantes que se están movilizando para forzar la consecución de sus reclamos ya no tienen motivo para continuar con el paro. No tiene sentido seguir pidiendo cosas que ya se han obtenido y continuar con la medida de fuerza. Las autoridades nacionales han dispuesto las normas jurídicas y los recursos financieros para el Arancel Cero y todo lo que implica.
Altos exponentes del Gobierno demostraron su predisposición para conversar con los estudiantes para buscar el entendimiento. Falta ahora la actitud de la otra parte, que no debe proseguir con la medida de fuerza que perjudica a los que quieren estudiar. Ha llegado la hora de concertar un acuerdo que permita continuar con la normalidad de la vida estudiantil, que no consiste en peleas ni enfrentamientos estériles, sino en proseguir la vida académica con sus obligaciones y responsabilidades.
Los estudiantes de las universidades públicas deben considerar que tienen un gran compromiso con la ciudadanía. No tendrían que dar las espaldas a la gente que los beneficia con sus aportes para que puedan estudiar de manera gratuita. Más bien deben apoyarla con actitud positiva mediante su dedicación al estudio.
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Confianza del consumidor se mantiene optimista por 16 meses consecutivos
La confianza de los consumidores que mide el Banco Central del Paraguay (BCP) cerró marzo con menores niveles mensuales, pero manteniendo su posición optimista por 16 meses consecutivos. Indicaron que, si bien existe una disminución, la tendencia teniendo en cuenta el subíndice sigue siendo de un aumento.
En marzo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un nivel de 53,5 puntos, que lo ubicó por encima del resultado de marzo del año anterior, aunque inferior al resultado del mes previo.
Este indicador mide la confianza de los consumidores en el desempeño económico del país, teniendo en cuenta la situación y expectativa en una tabla de 1 a 100 puntos, donde un nivel inferior a 50 es considerado zona de pesimismo y superior a ese valor zona de optimismo.
En este periodo, el ICC se mantuvo en zona de optimismo, acumulando 16 meses consecutivos en esa posición, reflejando además la mejora económica que se registra en el país, pese a la disminución mensual.
En el informe añadieron que el indicador es un promedio simple entre el Indice de Situación Económica (ISE) y el Índice de Expectativa Económica (IEE).
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De esta forma, el ISE presentó un valor de 39,3, superior en 3,1 puntos al valor registrado en marzo del año anterior, pero inferior en 2,8 puntos con respecto al mes anterior.
Por su parte, el IEE alcanzó un resultado de 67,6 puntos, inferior al índice de marzo del 2023 en 0,5 puntos y en 3,0 puntos al dato de febrero del 2024.
En ese sentido, Bernardo Darío Rojas, director del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, señaló que si bien es cierto que el ICC muestra cierta disminución en el margen en los últimos meses se trata de un comportamiento habitual del indicador en este periodo del año y podría postergarse hasta el próximo mes.
“En general, lo que vemos es que se mantiene en zona de optimismo y la tendencia en el índice de situación económica es hacia arriba”, añadió.
Este indicador también mide la capacidad o predisposición de los consumidores de realizar compras en dicho periodo y se observa que aumentó el porcentaje de respuestas positivas, tanto para la adquisición de electrodomésticos, casas, autos y motos lo que significa que existió mayor disposición en la compra de estos bienes durables.
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