El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recuerda que el próximo 3 de mayo vence el plazo para completar el censo digital de jubilados. Actualmente casi el 82 % de los jubilados ya completó el censo, pero aún faltan 14.086 beneficiarios que deben cumplir con este requisito.

Desde la cartera de economía recuerdan que quienes no finalicen el trámite, tendrán sus tarjetas de débito bloqueadas por seguridad hasta que cumplan con el requisito. Al respecto, el director general de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado, instó a todos los jubilados que aún no cumplieron con el proceso, a que lo hagan.

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“Esto iniciamos en febrero, el 3 de mayo culmina el plazo. A partir de ahí estaríamos bloqueando la tarjeta de débito para prevenir cualquier cobro indebido, porque lo que queremos es confirmar la vivencia de nuestros beneficiarios, pero el censo seguirá disponible, la tarjeta estará bloqueada. El requisito para el desbloqueo es realizar el censo correspondiente”, sostuvo el director a la 780 AM.

Además aclaró que el censo continuará disponible después del plazo, pero las tarjetas permanecerán bloqueadas hasta que los jubilados completen el procedimiento correspondiente. Resaltó también que es la primera vez que el MEF implementa un censo 100 % digital.

“Es importante para nosotros contar con información precisa y actualizada de los beneficiarios. Optamos por utilizar tecnología para facilitar el acceso, incluso permitiendo la participación de un familiar de confianza, quien puede asistir al jubilado en el proceso, proporcionando también sus datos de contacto”, detalló.

El censo se realiza exclusivamente a través del portal oficial: https://censos.hacienda.gov.py/. Asimismo, los jubilados pueden verificar si ya están correctamente registrados en: https://www.mef.gov.py/censo-digital-de-Jubilados.

A la fecha, más de 60.000 beneficiarios ya completaron el registro. El procedimiento es ágil, completamente en línea y requiere únicamente datos básicos, lo que permite ahorrar tiempo, evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de la información.

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El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.

La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.

Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.

Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.

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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.

En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.

Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.

En el material también se observa a

• Manuel Cristaldo Mieres,
• Ladi Siqueira Krauze,
• Magna María Meza Martínez,
• Vidalina Cardozo,
• Jorgelina Silva Cáceres,
• Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
• Alejandro Ramos Morel,
• Esteban Marín López,
• Domingo Ovelar González,
• Alejandro Ramos
• y Feliciano Bernal

Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.

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Raúl Ramírez, viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, se refirió al avance del programa de pensión universal para adultos mayores, uno de los programas sociales más importantes del gobierno por la millonaria inversión. Indicó que de acuerdo a las proyecciones, esperan que en el 2028 se logre la cobertura de toda la población adulta mayor del país.

En conversación en el programa “Así son las cosas”, que se emite por GEN y Universo 970Am/Nación Media, señaló que desde ayer miércoles 23, están accediendo al desembolso más de 7.000 nuevos beneficiarios de este programa llegando al rango de edad de 76 años, incluidos gracias a lo estipulado en la Ley N.º 7322/2024.

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Indicó que en el mes pasado se llegó a los 77 años, y este mes se bajó a los 76 años, y de esa forma están avanzando de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria. Resaltó el gran impacto que está teniendo este aporte a la población adulta, que a la fecha está alcanzando a un total de 336.000 adultos mayores a quienes se les está asistiendo a la fecha.

Destacó el gran impacto monetario que tiene este programa que está alcanzando un poco más de 29 millones de dólares con el pago de este mes de abril; que al año suma unos 350 millones de dólares para el pago de la pensión.

“Es uno de los programas sociales más grandes que tenemos en el Paraguay, ya que el gobierno nacional está invirtiendo mucho financieramente”, remarcó.

Por otra parte, el viceministro se refirió a las proyecciones que tiene con respecto al programa, que apunta incluso llegar hasta los 65 años para otorgar la pensión a los adultos mayores.

Explicó que en el caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad se las está incluyendo en el programa desde los 60 años para arriba. Mientras que la población de comunidades indígenas se les incluye desde los 55 años en adelante.

Indicó que de acuerdo a los análisis que se hacen, existen unos 120.000 adultos mayores aún por fuera del programa, que se está analizando presupuestariamente por Ley qué se puede hacer.

“Por Ley nosotros podemos incluir hasta 30.000 adultos mayores, como mínimo, por año. En el 2028 estaríamos alcanzando a toda la población de adultos mayores, es lo que estamos ingresando. Con este dato estadístico estaríamos llegando al 2028 prácticamente, completar hasta los 65 años”, explicó.

Mencionó que para completar este número se necesitarían unos 500 millones de dólares y se podría llegar al 95 % de la población beneficiaria.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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