El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, convoca a una audiencia pública para este viernes 28 de agosto, a las 09:30, en la sala de sesiones del Congreso Nacional, donde se analizará un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al título de propiedad de tierras adjudicadas a beneficiarios de la reforma agraria.

Durante la audiencia se estará analizando el proyecto de ley que había sido remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N.º 372 del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está actualmente en trámite en la Cámara de Senadores.

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La iniciativa propone eliminar la barrera económica que actualmente existe, que es el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para la entrega del título y establecer un régimen de pago diferido. Según la exposición de motivos, ese requisito termina frenando expedientes que ya están técnicamente preparados para convertirse en títulos.

De lograrse la modificación de los artículos del Estatuto Agrario, el beneficiario podrá recibir el título y posteriormente abonar el valor de la tierra en cuotas anuales, iniciando los pagos 12 meses después de la titulación. El plazo previsto es de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

En la argumentación del proyecto de ley explica que el requisito vigente constituye una barrera económica para numerosas familias campesinas de bajos ingresos.

Se estima que la modificación podría beneficiar a aproximadamente 130.000 familias, mientras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 15.000 expedientes técnicamente aptos para la titulación que no avanzan debido, principalmente, a la imposibilidad de cumplir con el pago previo.

La propuesta busca otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, facilitando posteriormente el acceso al crédito formal, la inversión, la tecnificación y el desarrollo productivo de las fincas. Asimismo, contempla una consideración especial para las mujeres campesinas, particularmente aquellas que son cabeza de familia.

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La cooperación entre el sector público y el productivo ya benefició a 1.440 familias rurales con semillas de maíz de alta genética que generaron resultados positivos en varias colonias del país. Esto, gracias al acuerdo entre el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Este acuerdo permitió fortalecer la Alianza Público-Privada que viene desarrollando en beneficio de los pequeños productores de las colonias del ente agrario, con el propósito de ampliar el apoyo a la producción, mejorar los ingresos de las familias rurales y contribuir al arraigo y desarrollo económico de las comunidades.

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El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, y el titular de la UGP, Héctor Cristaldo, coincidieron en la importancia de profundizar la cooperación entre el sector público y los productores organizados. Ruiz Díaz destacó que el trabajo conjunto entre pequeños, medianos y grandes productores y el sector público constituye un camino hacia el desarrollo sostenible.

Resaltó que la cooperación en la distribución de semillas ya produjo resultados auspiciosos y contribuyó a mejorar los ingresos de las familias campesinas hacia finales del año pasado.

Para este 2026, la institución prevé intensificar las acciones articuladas con la UGP, incluyendo la continuidad de la donación de semillas de maíz de alta genética y la utilización de vehículos institucionales para su distribución gratuita a las colonias beneficiadas.

Desde el Indert se plantea que la cooperación con el sector privado debe trascender la asistencia puntual y convertirse en una herramienta permanente para generar desarrollo. La alianza con la UGP también se articula con el proceso de titulación y formalización de las tierras, considerado fundamental para que los beneficiarios puedan acceder a créditos, realizar inversiones y desarrollar proyectos productivos con mayor seguridad jurídica.

“La estrategia busca combinar tierra formalizada, producción, acceso a tecnología, organización de los productores y articulación público-privada, como componentes de una nueva ruralidad capaz de generar mayores oportunidades para las familias campesinas”, precisó Ruiz Díaz.

Destacó que el Indert y la UGP ratifican su decisión de seguir trabajando juntos para que los beneficios de la cooperación lleguen directamente a las colonias, fortaleciendo la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el arraigo de las familias rurales.

Durante 2025, la UGP realizó un importante aporte de semillas, que permitió beneficiar a productores de distintas colonias del Indert. En total, 1.440 familias de siete departamentos recibieron 28.000 kilos de semillas de maíz, distribuidas por el Instituto a través de su Gerencia de Desarrollo Rural.

La cooperación alcanzó a comunidades de San Pedro, Guairá, Caaguazú, Misiones, Itapúa, Central y Canindeyú, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad alimentaria como la generación de excedentes para la comercialización y mejorar la economía familiar.

Solo en una de las operaciones realizadas en septiembre del año pasado fueron distribuidas 600 bolsas de maíz, con un valor de mercado superior a G. 720 millones, destinadas a productores de Canindeyú, San Pedro e Itapúa. Consolidando una cooperación que durante 2025 representó un aporte cercano a G. 1.000 millones en semillas, según registros del Indert.

La alianza no quedó limitada a la entrega de insumos. El Indert realizó el acompañamiento y seguimiento de los cultivos, además de disponer de camiones institucionales para transportar gratuitamente las semillas hasta las colonias beneficiadas.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagará hoy lunes G. 32.738 millones a las empresas proveedoras y acreedores del Estado. Los compromisos a cubrir corresponden a la Fuente de Financiamiento 10 de Recursos del Tesoro.

Los desembolsos se realizarán a través de la Dirección General del Tesoro Público y se procesarán en el día la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), ingresadas por los organismos y entidades del Estado desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de agosto.

Asimismo, informaron que el cronograma de pagos avanza con lo establecido para los desembolsos correspondientes hasta el mes de agosto, a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y otros pensionados estatales.

Los beneficiarios suman un total de 5.720, integrados de la siguiente manera: dos veteranos de la Guerra del Chaco, 2.025 herederas viudas de veteranos, 268 pensionados graciables, 1.521 herederos de veteranos que son hijos discapacitados y 439 herederas de veteranos correspondientes a hijas solteras.

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Asimismo, mencionaron que el listado al cierre del mes también incluye a 136 herederos de padres policías fallecidos en acto de servicio, 51 herederos cónyuges de policías fallecidos en acto de servicio, 54 herederos hijos menores de policías fallecidos en acto de servicio, 122 herederos padres de militares fallecidos en acto de servicio.

Además, 43 herederos cónyuges de militares fallecidos en acto de servicio, 45 herederos hijos menores de militares fallecidos en acto de servicio, además de 1.014 beneficiarios del Componente No Contributivo docentes de instituciones privadas.

Igualmente, en la fecha percibirán sus haberes los más de 375.000 beneficiarios del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Este sector demanda al Estado alrededor de G. 250.000 millones actualmente.

La información también podrá ser consultada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la sección compras públicas, submenú pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF. Los datos se encuentran, igualmente, accesibles en la sección “Enlaces de Interés” del portal del Sistema de Proveedores del Estado (Sipe).

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El Juzgado de Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia, desnudó la incoherencia del agente fiscal Julio Ortiz durante la audiencia de imposición de medidas cautelares para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.

El pasado 12 de agosto, el procesado por supuesta lesión de confianza se presentó ante el representante del Ministerio Público; sin embargo, este tomó la determinación de liberarlo en lugar de ponerlo a disposición del juzgado competente. Esta acción contradice el procedimiento habitual en otros casos, donde se comunica inmediatamente al juez y se realiza la audiencia de imposición de medidas.

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Esta situación se generó debido a que el fiscal sabía que Bataglia estaba en Europa y que no ingresó de forma regular al país, sino que lo hizo de forma clandestina. A pesar de esto, el representante fiscal ordenó su liberación. El hecho fue mencionado por el juez Rodrigo Estigarribia para fundamentar su resolución, en la cual decretó el arresto domiciliario del imputado con el uso de tobilleras electrónicas.

Asimismo, la investigación se estaría ampliando hacia Carlos Bataglia, hermano del extitular del IPS. Esto se debe a que existen indicios bajo análisis que lo señalarían como el presunto nexo con las empresas proveedoras. Según los elementos recabados, su función había sido de nexo con el entonces titular de la previsional para direccionar ciertas adjudicaciones en las licitaciones que se realizaron en IPS.

La Dirección Nacional de Migraciones remitió un informe al juzgado de Rodrigo Estigarribia donde ratifica que el imputado ingresó de forma clandestina al país desde Europa. Este documento sirvió para que el magistrado decidiera decretar el arresto domiciliario, atendiendo a que existe un evidente peligro de fuga por parte del procesado.

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