El gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, manifestó que en este mes que inicia se llegaría a unos 30.000 trabajadores suspendidos de sus funciones, teniendo en cuenta que dicha medida extrema es adoptada por muchas empresas que buscan minimizar sus pérdidas debido a las restricciones adoptadas por el Gobierno Nacional.
Señaló que el IPS aún cuenta con unos US$ 16 millones de los US$ 100 millones que había recibido al inicio de la pandemia para el pago mensual a los trabajadores suspendidos y que el Ministerio de Hacienda se comprometió a entregar entre US$ 30 a US$ 50 millones en los próximos meses para cubrir los egresos que debe cumplir la previsional con aquellos que están cesados de sus funciones.
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“Estamos pagando regularmente. En abril hemos pagado a unos 20.000. Creo que vamos a llegar a 24.000 suspensiones pagadas. En mayo estamos preparados para enfrentar a unas 30.000. El Ministerio de Hacienda ya dijo que se destinarán entre 30 y 50 millones de dólares para el segundo semestre”, sostuvo.
Acotó que los rubros que más se ha acogido a este régimen son aquellos relacionados a la gastronomía, eventos y comercios que operan por lo general en horarios nocturnos. “Claramente empuja hacia arriba sobre gastronómicos, eventos. Se están recibiendo 60 pedidos por día. La suspensión de contrato fue una herramienta importante para mantener el empleo, fue un atenuante para evitar despidos”.
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Halley señaló que la pandemia ha hecho que la cantidad de cotizantes en el IPS aumente levemente. “Si la tasa de contagios sigue, tenemos que prepararnos, y ante todo esperemos que los números se estabilicen”, manifestó.
Cabe señalar que la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS recibió, hasta ayer, diez denuncias anónimas de trabajadores que informaron que las empresas para las cuales prestan servicios les están obligando a trabajar y cumplir las horas laborales, a pesar de que se encuentran con suspensión laboral.
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IPS toma medidas para recuperar equilibrio del fondo de jubilaciones
El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) resolvió dejar sin efecto la resolución del 2020, mediante la cual se incrementó al 75% el haber mínimo jubilatorio para jubilados y pensionados.
Esta decisión se debe a que esta disposición tomada en el gobierno anterior está impactando en las reservas de la previsional y pone en riesgo a la futura generación de jubilados.
“Esta es una medida que se tiene que tomar y que forma parte del paquete de medidas administrativas y legales que son impulsadas por esta administración para que los recursos del fondo de jubilaciones y pensiones sean suficientes no solamente para hoy, sino también para aquellos que en el futuro se tienen que jubilar”, indicó Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.
El aumento al 75% del haber mínimo se realizó sin tener una fuente de financiamiento, aseguró Cubas, quien señaló que esto llevó a que la caja de jubilaciones hoy tenga un déficit.
Hasta el 2020, este fondo contaba con un superávit que permitió incrementar las reservas, las cuales ya se han gastado un 28% a la fecha, esto debido a este incremento que se dio durante el gobierno de Mario Abdo.
“Desde el año 2020 lo que ingresa hoy en concepto de Aporte Obrero Patronal y Renta no alcanza para cubrir todos los egresos, por tanto, estamos usando la renta de las reservas. En el año 2023 usamos casi el 28% de la renta de las reservas, en pocos años si no se toman medidas para no continuar gastando de la manera en que se gastan las rentas ya no nos van a alcanzar”, advirtió la gerente.
Esta situación obliga al IPS a tomar medidas previendo las jubilaciones futuras, puesto que con la decisión de la anterior administración, adelantó 18 años una crisis que estaba prevista para el 2038, manifestó Cubas a la 1020 AM.
No obstante, dejó en claro que esta disposición no afectará a los 20.664 jubilados y pensionados que hoy reciben el 75%, dado que las normativas no pueden ser retroactivas, por lo que ellos seguirán percibiendo dicho porcentaje, que hoy representa G. 2.010.279 de acuerdo al salario mínimo legal vigente.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Inmuebles del IPS
- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
Uno de los miembros del Consejo de Administración había señalado que el IPS contaba con más de 900 inmuebles de su propiedad (estimamos que serían muchos más, dado que hay aún varios pendientes de regularización de protocolización de transferencia).
Una de las falencias apuntadas se refiere a que la institución cuenta con muchos inmuebles pendientes de actualización de tasación desde hace varios años.
Muchos de ellos valiosos, ubicados en sitios estratégicos de nuestra capital y principales ciudades del interior de nuestro país, precisando contar con una tasación actualizada a valores de mercado, pero que se los sigue posponiendo por falta de recursos económicos, según lo señalaron.
Varios inmuebles están ubicados en zonas top de nuestra capital, arrendados a precios por debajo de los niveles normales, pues al no disponer de valores actualizados no les permiten contar con sustentos técnicos para ajustarlos a precios reales de mercado, implicando pérdidas de oportunidad para obtener mayores niveles de ingresos.
El Consejo de Administración se constituye en la máxima autoridad institucional, teniendo bajo su responsabilidad la toma de las principales decisiones estratégicas para la buena marcha de la misma, siendo lo recomendable que tenga un trabajo participativo o en equipo, dejando de lado los compartimentos estancos para la consecución de buenos resultados.
Amerita que se enfoquen en ponerlos administrativamente en orden, ya que conforman uno de sus principales activos lo que les estaría permitiendo niveles de ingresos por rentas muy superiores en beneficio directo del fortalecimiento del Fondo de Reserva Técnica.
La desprolijidad en el manejo administrativo y financiero de administraciones que lo precedieron hicieron que varios inmuebles arrendados estén judicializados, otros con ocupaciones ilegales y los que poseen una buena infraestructura edilicia que potencian su valor de renta siguen redituando ingresos irrisorios por la ausencia de mecanismos de control y seguimiento, al no contar muchos de ellos con valores actuales de mercado.
La Superintendencia de Bancos del BCP exige a los bancos y financieras que actualicen como máximo cada 2/3 años los valores de inmuebles que poseen en garantía de préstamos otorgados, razonable y que esperemos que con la promulgada Ley de Jubilaciones y Pensiones el IPS pueda manejarse en función a coordenadas definidas, adquiriendo mayor relevancia aquellos inmuebles con ubicaciones privilegiadas, que les permitan percibir rentas mensuales por alquiler a precios justos, hoy esquivos debido a los factores mencionados, en un momento difícil en que la institución sigue atravesando por uno de los momentos financieros más complicados.
Sería bueno que pudieran contar a la brevedad posible con un informe pormenorizado acerca de la situación en que se encuentran dichos inmuebles, sobre todo los arrendados, que permitan una revisión integral de los contratos de alquiler, incluyendo plazos de concesión, precios del arrendamiento, cláusulas de variación de precios de la renta, entre otros, además de una “radiografía” detallada sobre la situación legal en que se encuentran cada una.
El Departamento de Inversiones debe visualizar todos los inmuebles que conforman el portafolio de activos fijos del IPS que permita realizar un análisis pormenorizado vs. otros inmuebles de iguales o similares características en las zonas en que están situadas, contando con una tasación actualizada para una buena administración financiera.
Una institución del tamaño y complejidad del IPS debe contar con una mejor estructura de control, puesto que varios inmuebles si bien son de su propiedad están aún pendientes de inscripción a su nombre en los registros públicos, según lo había señalado uno de sus consejeros.
Se dan también casos de inmuebles que fueron transferidos a la entidad por instituciones financieras en dación de pago, que habían quebrado durante la crisis financiera de 1995, referido a depósito de certificados de ahorro a plazo fijo colocados y no recuperados.
Los inmuebles de renta son relevantes, dado que se constituyen en una de las principales fuentes de ingreso de la institución.