Se expusieron las condiciones que ofrece el país para recibir nuevos capitales y desarrollar proyectos productivos.

El viceministro de Industria, Javier Viveros, mantuvo una reunión en Budapest con el presidente de la Asociación Nacional Húngara de la Indus­tria de Maquinaria y Energía (Mageosz), Gáspár Ugron, con el propósito de identifi­car oportunidades de nego­cios, cooperación tecnoló­gica y expansión de empresas industriales húngaras hacia Paraguay y otros mercados de América Latina.

El encuentro, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Hun­gría (MKIK), permitió expo­ner las condiciones que ofrece Paraguay para recibir nuevas inversiones y desarrollar pro­yectos productivos, especial­mente en actividades vincu­ladas con la fabricación de maquinaria, la ingeniería y el sector energético.

Durante la reunión, uno de los aspectos destacados fue la disponibi­lidad de energía eléctrica de origen renovable, respaldada por la capacidad de genera­ción hidroeléctrica del país. Esta característica repre­senta un factor de competiti­vidad para las industrias que requieren un suministro ener­gético estable y buscan insta­larse en mercados con acceso a fuentes limpias de electri­cidad.

Asimismo, se puso en valor la capacidad paraguaya de exportar energía y su ubi­cación estratégica dentro de la región. En ese contexto, la infraestructura de navega­ción fluvial fue presentada como otra ventaja para el movimiento de mercancías, al facilitar la conexión comer­cial con otros mercados y ofre­cer alternativas logísticas para las empresas interesadas en operar desde el país.

Otro de los puntos aborda­dos fue el interés paraguayo en incorporar conocimien­tos, tecnología y soluciones desarrolladas por la indus­tria húngara. La experiencia de sus empresas en maquina­ria, ingeniería y energía podría abrir espacios para proyec­tos conjuntos, transferencia tecnológica y nuevas opor­tunidades de negocios entre ambos países. La agenda de trabajo de Viveros en Buda­pest forma parte de los esfuerzos por ampliar los vínculos comerciales e industriales de Paraguay con mercados euro­peos. A través de estos acerca­mientos, se busca posicionar al país como un destino atractivo para inversiones productivas, así como generar alianzas que contribuyan a diversificar la actividad industrial y forta­lecer su inserción en los mer­cados internacionales.

Por: Adelaida Alcaraz

Manuel Medina, CEO de Datum Cortex, lidera una iniciativa sin fines de lucro para proteger, estandarizar y conectar datos críticos del Estado y las empresas. Su objetivo es garantizar que la información perdure, sea confiable y pueda impulsar la transformación digital.

El desarrollo de un país también depende de aquello que no se ve. Detrás de cada jubilación, propiedad, operación comercial, expediente médico o registro público existe información que permite acreditar derechos, tomar decisiones y sostener el funcionamiento de las instituciones.

Cuando esos datos desaparecen, quedan atrapados en sistemas obsoletos o resultan inaccesibles, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en una cuestión económica, jurídica y social.

Sobre ese desafío trabaja la Fundación Datum Cortex, una organización sin fines de lucro con sede en Asunción que busca convertirse en una infraestructura de confianza para los datos del Paraguay.

Su propuesta abarca la preservación digital de largo plazo, la estandarización de bases de datos, el análisis de grandes volúmenes de información, la orientación frente al cibercrimen y la educación en seguridad digital.

Al frente de la iniciativa está Manuel Medina, quien lleva más de dos décadas trabajando en el ámbito tecnológico y asegura que el problema no es nuevo. Lo que cambió es la dimensión que adquirió en una sociedad cada vez más dependiente de los sistemas digitales.

“Yo hago esto desde el 2003”, recordó al explicar el recorrido que desembocó en la creación de la fundación. Su experiencia le permitió observar una vulnerabilidad que suele pasar inadvertida hasta que se produce una falla: la información puede estar guardada y, aun así, perderse.

El origen. Paraguay vive conectado. Según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2025 del INE, el 85,4 % de la población de 10 años o más usó internet, unos 4,4 millones de personas; en 2017, la proporción era del 61,9 %. El 96,9 % se conecta desde el celular y el 99,3 % de los hogares tiene acceso a alguna tecnología de información y comunicación.

La infraestructura creció al mismo ritmo. Entre 2019 y 2024, la capacidad internacional de internet contratada pasó de 195 a 1.927,68 Gbps (un 888 % más), las conexiones de internet fijo de 412.186 a 926.257 y la velocidad media contratada de 30 a 177 Mbps, según Conatel.

Cada uso de internet genera datos. El 42,1 % de quienes usan internet lo hace para servicios de salud, el 41,0 % para transacciones bancarias, el 27,3 % para servicios del Gobierno y el 23,7 % para educación.

Esa información queda en sistemas que alguien debe custodiar. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) informó sobre ataques a 18 instituciones públicas, presentó la denuncia penal y aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 para fortalecer la protección de la infraestructura crítica del país.

Manuel, quien trabaja en gestión de datos y preservación digital, vio en ese escenario la pregunta que da origen a la fundación: ¿quién garantiza que la información de un país permanezca disponible, íntegra y protegida hacia el futuro? Datum Cortex es esa respuesta, en articulación con las instituciones del Estado. No es un archivo del pasado, sino la infraestructura de confianza que da continuidad a la información del país, con proyección regional.

La experiencia dejó una lección que hoy atraviesa la propuesta de Datum Cortex y que consiste en hacer entender que digitalizar información -documentos, cintas y otros soportes- no garantiza, por sí solo, su conservación a largo plazo. Los programas cambian, los soportes quedan obsoletos y los sistemas que hoy parecen confiables pueden dejar de funcionar. Si no existe una estrategia de preservación, información fundamental puede volverse ilegible o desaparecer.

El problema también alcanza a las instituciones públicas y a las empresas. Contratos, antecedentes comerciales, registros contables y documentos que respaldan operaciones pueden resultar indispensables años después de haber sido generados. La pérdida de esa evidencia puede complicar auditorías, reclamos y decisiones de negocio.

Para Manuel, la continuidad de la información debe pensarse como parte de la infraestructura del país. No basta con almacenar datos, es necesario proteger su integridad y procurar que sigan disponibles, incluso cuando la tecnología original haya quedado atrás.

La fundación trabaja en cinco frentes. El primero es la preservación digital a largo plazo, orientada a conservar información crítica de manera íntegra e independiente de las plataformas que la originaron. El segundo es la gestión y estandarización de datos, un paso necesario para que registros de distintas instituciones puedan interpretarse y relacionarse mediante criterios comunes.

La tercera línea incorpora big data y machine learning, herramientas que permiten analizar información organizada para identificar patrones y generar conocimiento útil. En ámbitos como la salud, la educación o la seguridad, ese potencial podría contribuir a decisiones mejor fundamentadas, siempre que los datos sean confiables y su utilización respete las normas aplicables.

El cuarto frente apunta a la ciberseguridad ciudadana, mediante orientación a personas y pequeñas empresas afectadas por delitos digitales. El quinto se concentra en la educación: programas en colegios sobre privacidad, activos digitales y prevención del delito en entornos virtuales.

La lógica que conecta estas áreas es preservar la información, ordenarla y habilitar usos que aporten valor. Sin embargo, Manuel establece una distinción importante sobre el papel de la organización. “La fundación no se encarga de la gobernanza de los datos”, aclaró. Su función no es decidir cómo debe administrar cada institución su información, sino trabajar para conservarla y facilitar su disponibilidad cuando las condiciones legales lo permitan.

Ese enfoque abre una posibilidad de largo alcance. Una base de datos estandarizada podría facilitar el desarrollo de nuevos servicios y emprendimientos que utilicen información pública para resolver necesidades concretas. La fundación no busca obtener ganancias de esa infraestructura, sino crear condiciones para que otros actores puedan aprovecharla de forma legítima.

Ponerle número a cada casa. Entre los proyectos más ambiciosos que mencionó el CEO aparece una iniciativa con potencial para transformar la logística cotidiana. Esto es asignar un número identificable a cada vivienda del Paraguay. La propuesta apunta a mejorar la precisión de las direcciones y facilitar la localización de domicilios.

En un contexto en el que crecen el comercio electrónico y los servicios de entrega, contar con referencias claras puede reducir dificultades para empresas de logística, comercios, servicios de emergencia y ciudadanos. Una infraestructura de direcciones estandarizadas también podría ser aprovechada por plataformas de mapas y otros servicios digitales, siempre mediante acuerdos y mecanismos de acceso adecuados.

El desafío, sin embargo, no se resuelve únicamente con una numeración. Requiere información consistente, criterios compartidos y coordinación entre las instituciones que producen y administran los registros. Allí es donde Datum Cortex pretende aportar su experiencia.

La fundación también busca avanzar en convenios con organismos públicos y otras entidades que necesitan ordenar, preservar o conectar sus datos. Al respecto, Manuel señaló que la organización mantiene conversaciones y acuerdos en preparación, aunque su concreción dependerá de las condiciones institucionales, técnicas y financieras de cada proyecto.

La cooperación es central para una organización que aspira a trabajar con información proveniente de distintas áreas del Estado y del sector privado. La fundación plantea un modelo basado en convenios institucionales, servicios especializados, alianzas y patrocinios, con la intención de sostener sus actividades sin depender exclusivamente de recursos públicos.

El objetivo es preservar autonomía para desarrollar proyectos de largo plazo, sin excluir la cooperación con instituciones públicas. En una iniciativa que necesita acceso a información, acuerdos jurídicos y coordinación entre organismos, construir confianza será tan importante como disponer de tecnología.

Actualmente, la fundación se encuentra en proceso de implementación con miras a la certificación conforme a las normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información). Para ello, se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario, con responsabilidades y funciones específicamente definidas, encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos normativos.

Se prevé ampliar la dotación el próximo año, en función de las necesidades de los proyectos y de la incorporación de nuevas iniciativas. Su modelo de trabajo distribuye responsabilidades entre perfiles técnicos, administrativos y comerciales, con equipos que pueden asumir varios proyectos y sumar especialistas cuando sea necesario.

Tecnología, regulación y responsabilidad. La expansión digital también abre preguntas que exceden la capacidad técnica. Sobre este punto, el especialista advirtió que el avance de la superinteligencia, la automatización y los sistemas conectados plantea desafíos para los que Paraguay necesita fortalecer sus marcos regulatorios y sus mecanismos de protección.

“No hay seguridad jurídica para los datos”, sostuvo al referirse a los vacíos que, desde su perspectiva, deben abordarse ante nuevos riesgos tecnológicos. La preocupación abarca la responsabilidad cuando una herramienta automatizada provoca daños, la protección de la información personal y la seguridad de niños y adolescentes en internet.

Para la fundación, la educación es una parte esencial de esa respuesta. Los programas previstos para colegios buscan que los estudiantes comprendan el valor de sus datos, reconozcan riesgos y desarrollen hábitos de prevención. La ciberseguridad, desde esta perspectiva, no puede quedar reservada a los especialistas, necesita involucrar a familias, instituciones y empresas.

De Paraguay a la región. La visión de Datum Cortex no termina en las fronteras nacionales. La fundación aspira a convertirse en una referencia para la conexión de datos públicos en Paraguay y, a futuro, extender su modelo a Bolivia, Uruguay y Argentina.

En el corto plazo, el desafío será convertir la propuesta en acuerdos, proyectos operativos y resultados verificables. A largo plazo, la ambición es contribuir a una infraestructura en la que los datos públicos y privados puedan preservarse y utilizarse de manera confiable, sin quedar a merced de la obsolescencia tecnológica.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó cómo se implementarán los acuerdos firmados por Paraguay con Estados Unidos, tras la reciente visita de Christopher Landau al país y el posterior viaje del presidente Santiago Peña a Washington. Señaló que la cooperación prevé asistencia técnica, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de la vigilancia aérea y fronteriza, sin despliegue de tropas estadounidenses en suelo guaraní.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, González explicó que los acuerdos de cooperación con Estados Unidos permitirán fortalecer la vigilancia del espacio aéreo y la seguridad fronteriza mediante asistencia técnica, tecnología e intercambio de información. Asimismo, aseguró que las decisiones operativas seguirán bajo control paraguayo. Mencionó que esta cooperación comenzará a implementarse formalmente una vez que concluyan los trámites diplomáticos de rigor.

“El procedimiento de actuación sobre la defensa aérea (interceptación) se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley n.° 6980/2022 de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo. La autoridad para la toma de decisiones de las interceptaciones (fase 1 y 2) recae sobre el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, conforme lo establece la ley mencionada”, precisó.

Le puede interesar: Alliana a familias afectadas por la crecida: “Les pido que no pierdan la esperanza”

No obstante, aclaró que estos acuerdos no contemplan la presencia de personal militar norteamericano ni la instalación de una base militar norteamericana en el país. “Estos instrumentos se centran en la asistencia técnica, el intercambio de información de inteligencia, el fortalecimiento de sistemas de detección y herramientas tecnológicas, sin que esto signifique necesariamente el despliegue de tropas extranjeras en el terreno”, acotó.

En cuanto al tipo de información que será compartida, explicó que es de índole estratégica, orientada a la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. “La soberanía nacional no se verá afectada considerando que el Paraguay procesará y compartirá la información clasificada, manteniendo el control y las decisiones de las operaciones en su territorio”, explicó.

Finalmente, destacó los cambios que traerá este acuerdo en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas Paraguayas a partir de esta cooperación. “Se optimizará considerablemente la vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, especialmente en zonas consideradas sensibles por los organismos de inteligencia del Estado, gracias a una mejor asistencia técnica, flujos de datos más eficientes y programas continuos de capacitación profesional para el personal militar”, concluyó.

Siga informado con: Titular del PLRA ratifica que chapa opositora debe definirse con votos y no a través de sondeos

La cooperación comenzará a implementarse una vez que concluyan los trámites diplomáticos de rigor.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó cómo se implementarán los acuerdos firmados por Paraguay con Estados Uni­dos, tras la reciente visita de Christopher Landau al país y el posterior viaje del presidente Santiago Peña a Washington. Señaló que la cooperación prevé asis­tencia técnica, intercam­bio de inteligencia y forta­lecimiento de la vigilancia aérea y fronteriza, sin des­pliegue de tropas estadou­nidenses en suelo guaraní.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, González explicó que los acuerdos de cooperación con Estados Unidos per­mitirán fortalecer la vigi­lancia del espacio aéreo y la seguridad fronteriza mediante asistencia téc­nica, tecnología e inter­cambio de información. Asimismo, aseguró que las decisiones operativas seguirán bajo control paraguayo.

“El procedimiento de actuación sobre la defensa aérea (interceptación) se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley n.° 6980/2022 de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Paraguayo. La auto­ridad para la toma de deci­siones de las interceptacio­nes (fase 1 y 2) recae sobre el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, conforme lo establece la ley mencio­nada”, precisó.

Aclaró que estos acuer­dos no contemplan la pre­sencia de personal militar norteamericano ni la ins­talación de una base mili­tar norteamericana en el país. “Estos instrumentos se centran en la asisten­cia técnica, el intercambio de información de inteli­gencia, el fortalecimiento de sistemas de detección y herramientas tecnológi­cas, sin que esto signifique necesariamente el desplie­gue de tropas extranjeras en el terreno”, acotó.

En cuanto al tipo de infor­mación que será compar­tida, explicó que es de índole estratégica, orien­tada a la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. “La soberanía nacional no se verá afectada consi­derando que el Paraguay procesará y compartirá la información clasificada, manteniendo el control y las decisiones de las ope­raciones en su territorio”, explicó.

Destacó los cambios que traerá este acuerdo en la capacidad operativa de las Fuerzas Arma­das Paraguayas a partir de esta cooperación. “Se optimizará considerable­mente la vigilancia y pro­tección del espacio aéreo nacional, especialmente en zonas consideradas sensibles por los orga­nismos de inteligencia del Estado, gracias a una mejor asistencia técnica, flujos de datos más efi­cientes y programas con­tinuos de capacitación profesional para el per­sonal militar”, concluyó.