La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) recordó a los contribuyentes la vigencia del Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU), que grava la distribución de ganancias a socios, accionistas o propietarios de empresas, en el marco del fortalecimiento del sistema fiscal.

Según explicó la DNIT, el tributo aplica a personas físicas, jurídicas y otras entidades, tanto residentes como no residentes, que perciban dividendos, utilidades o rendimientos. La tasa es del 8 % para residentes y del 15 % para no residentes.

El impuesto fue establecido por la Ley N.° 6380/2019, como parte de la reforma de modernización tributaria, y su aplicación varía según el tipo de contribuyente. En las sociedades anónimas, la obligación surge conforme a lo resuelto en asamblea; en las sociedades de responsabilidad limitada, según sus estatutos o en el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio; mientras que en empresas unipersonales se genera en ese mismo plazo, salvo reinversión de utilidades.

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Para garantizar el cumplimiento, la normativa establece que las Entidades Generadoras de Dividendos, Utilidades y Rendimientos (Egdur) actúen como agentes de retención. Estas incluyen empresas unipersonales bajo el régimen general, sociedades, consorcios de obras públicas y entidades extranjeras con presencia en el país.

El pago del impuesto se realiza mediante retención a través del sistema Marangatu, y las entidades deben emitir el comprobante correspondiente dentro del plazo que se extiende hasta el último día del mes en que se genera la obligación o se realiza el pago.

La DNIT también recordó que las empresas deben actualizar sus datos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) e incorporar la obligación “Retención del IDU” (código 726), además de gestionar el timbrado de comprobantes.

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El gobierno impulsa el proyecto del Tren de Cercanías con un cambio clave en su estructura legal y financiera. La iniciativa, que demandará una inversión estimada de USD 450 millones, fue remitida al Congreso como un proyecto de ley que busca destrabar su ejecución mediante nuevos mecanismos de contratación y financiamiento.

La propuesta modifica y amplía la Ley N.º 7434/2025 con el objetivo de acelerar la implementación del tren que conectará Asunción con Luque, incorporando herramientas más flexibles como acuerdos entre gobiernos (G2G), subconcesiones y participación de capital internacional.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de ejecutar la obra a través de contratos de subconcesión. Para ello, Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa) quedará habilitada a adjudicar estos contratos mediante procesos competitivos, con criterios de transparencia, eficiencia y libre competencia, y con la supervisión del Consejo Nacional de Empresas Públicas.

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El esquema también introduce una garantía clave para los inversionistas: las subconcesiones se mantendrán vigentes, incluso si se modifica o termina el contrato principal con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Esto busca dar previsibilidad jurídica y atraer mayor interés del sector privado.

Además, el proyecto habilita al MOPC y a Fepasa a negociar acuerdos G2G con otros países o entidades designadas, lo que permitirá estructurar el proyecto con apoyo técnico y financiero externo. Estos acuerdos podrán incluir aspectos como distribución de riesgos, mecanismos de compensación y condiciones de financiamiento, siempre con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas en caso de comprometer recursos del Estado.

En este marco, el Ejecutivo también ratificó un acuerdo preliminar con la empresa Etihad Rail PJSC, de Emiratos Árabes Unidos, como parte del interés en atraer socios internacionales al proyecto.

Otro elemento relevante es la creación de una sociedad específica (SOE), que permitirá canalizar la inversión y organizar la ejecución del proyecto bajo un esquema más moderno y alineado con estándares internacionales.

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El Banco Nacional de Fomento (BNF) alcanzó la máxima calificación crediticia local, AAApy, otorgada por la calificadora de riesgo FixScr, un reconocimiento que no solo respalda la solidez financiera de la entidad, sino que también abre la puerta a mejores condiciones de financiamiento para sus clientes.

Según explicó el presidente del BNF, Manuel Ochipinti, esta calificación refleja una gestión sólida en términos de administración de riesgos y capacidad de cumplimiento de obligaciones. En términos prácticos, implica que el banco cuenta con la más alta capacidad para hacer frente a sus compromisos, lo que fortalece la confianza tanto de depositantes como de inversionistas.

Pero el impacto más relevante se traslada directamente al acceso al crédito. De acuerdo con Ochipinti, contar con la máxima calificación permite al BNF acceder a financiamiento en mejores condiciones, tanto a nivel local como internacional. Esto se traduce en una reducción en el costo de los recursos que obtiene la entidad, lo que a su vez posibilita ofrecer préstamos más accesibles para personas, emprendedores y empresas.

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“Esta calificación nos permite tener créditos más baratos para poder entregar a nuestros clientes”, afirmó el titular del banco a la 780 AM, al destacar que el beneficio no queda solo en el plano institucional, sino que llega al usuario final.

La mejora en el perfil crediticio también refuerza la posición del BNF dentro del sistema financiero, ubicándolo entre las entidades mejor evaluadas del mercado. Además, se suma al respaldo del Estado, que garantiza la solidez del banco y la seguridad de los depósitos.

Desde la institución destacaron que este logro es resultado de una gestión orientada a la sostenibilidad, con presencia en todo el país y un enfoque en acompañar el desarrollo productivo.

En ese marco, subrayaron que la calificación AAApy no solo refleja estabilidad, sino que también fortalece el rol del banco como herramienta para impulsar el crecimiento económico.

En un contexto donde el acceso al crédito sigue siendo un desafío para muchos sectores, especialmente mipymes y emprendedores, este tipo de avances cobra relevancia.

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A efectos de contradecir sin argu­mentos al Poder Ejecutivo, algunos medios y sectores con “analistas” claramente estatis­tas, vienen insistiendo sobre la necesidad de aumentar el déficit fiscal e incluso subir los impuestos, sin tomar en cuenta lo que ello significa. Sin el adecuado análisis acerca de las consecuencias que acarrearía tal decisión apelan a una trampa que significará la caída no solo de las finanzas publicas, sino que tam­bién afectará a la política, sumado a un golpe mortal a la economía del país.

El gobierno del presidente Santiago Peña es claro con referencia a esta situación. Es pre­ciso seguir reduciendo el déficit fiscal dada su importancia para el presente y el futuro del país. Pero, y como dijimos, existen sectores que desean pan para hoy y hambre para mañana. No les interesa mantener el equilibrio finan­ciero ni monetario Para ellos, hay que subir el déficit fiscal sin correspondencia alguna con la realidad económica y si hay que aumentar los impuestos habría que hacerlo sin titubear.

Si fuera por ellos, subirán el déficit fiscal al punto de salir de la la Ley de Responsabili­dad Fiscal para llegar a más del 3 por ciento mediante una ley especial que le daría carta blanca al Estado para elevar los topes de gastos establecidos durante el presente gobierno.

Esta es una trampa. Al respecto, estamos segu­ros que el Gobierno no pisará el palito como se dice coloquialmente. La expresión trampa tiene absoluto sentido. Ninguna persona de bien con conocimientos básicos de finanzas y economía estaría de acuerdo con elevar el déficit fiscal porque se sabe que termina en el más absoluto desquicio de las finanzas y en la inestabilidad monetaria. Más allá de lo que establece la ley respectiva, en el corto plazo no se podrán soportar los nuevos egresos, lo que supone un escenario dantesco del que ningún país desearía encontrarse y sucederá en este gobierno, situación que algunos desean ocurra.

Gastar más de lo que se recauda como pro­puesta y, peor aún, llevarla a la práctica desde el poder público es un acto antipatriótico. Es iniciar un camino hacia el infierno por el cual se podrá saber cuándo empieza pero nunca cuándo termina, como en efecto la experien­cia muestra en otros países que han padecido largas décadas soportando los alucinantes des­varíos populistas del estatismo. Habiéndose ingresado en aquel escenario, se exacerbarán los ánimos políticos. En cualquier momento podrían formarse nuevas mayorías en el Con­greso que tendrán la llave de aumentar los ingresos sin que el poder Ejecutivo pueda hacer algo, excepto vetar esas nuevas leyes, lo que supondría agotar la confianza entre ambos poderes, precisamente la ante sala de situaciones que los adversarios del Gobierno desean que suceda.

El Presupuesto de Gastos es una herra­mienta que no está disponible para su uso únicamente por el Poder Ejecutivo. El Con­greso es el que decide finalmente con su aprobación los gastos estatales y se ha visto que Ejecutivo tuvo que poner frenos a esas multimillonarias erogaciones mediante la fijación de topes presupuestarios con la revi­sión de la debida disponibilidad financiera, el monitoreo del flujo de caja y otros mecanis­mos buscando equilibrar ingresos y egresos.

Ese equilibrio que en este momento le per­mite al país su crecimiento y haber obtenido sus dos grados de inversión, ocurre porque el Ejecutivo lleva a cabo bien su tarea, acom­pañado por el Congreso, especialmente con el bloque afín al Gobierno. Pero no siempre puede darse de ese modo. Es más, hasta puede ocurrir una diferencia entre los miembros de un mismo sector, como en efecto sucedió con el tratamiento de las cajas fiscales, donde el Ejecutivo propuso un proyecto y luego fue modificado en el Senado. Los escenarios son cambiantes en la política, como sabemos ocu­rre en todas partes.

En relación al déficit fiscal y los gastos, en este momento el Ejecutivo ha dicho dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Lo primero es que ante el escenario en que se encuen­tran las finanzas públicas debido a la merma en la recaudación se hace imperativo reducir los gastos para cumplir con el déficit progra­mado, esto es, volver cuanto antes a no más del 2,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB). Y segundo, que ante esta situación, el Gobierno no está dispuesto a elevar los impuestos aunque ello implique soportar el asedio populista de algunos sectores y “analistas” que desean se incremente el déficit para luego ver qué hacer con la economía. Insistimos, esta es una trampa. Hay que evitarla y ni siguiera consi­derarla. De ocurrir significaría ingresar a una espiral inflacionaria junto con el exponen­cial aumento del endeudamiento y más gastos que terminará por debilitar al gobierno hasta dirigirlo a su fracaso, como precisamente algunos desean y demasiado. Aumentar el déficit fiscal y los impuestos es una trampa económica y política.