El directivo de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), Néstor Filártiga, expresó esta mañana la imperiosa necesidad de seguir trabajando, siempre con los cuidados establecidos. Solicitó al Gobierno coherencia.
“Lo que pedimos al Gobierno es que tenga una actitud más coherente con la gente formal, y consecuentemente también tengan coherencia con los informales que no están controlados y son quienes no cumplen con los protocolos”, expresó en entrevista con GEN y la 970 Am.
Cerrar o sobrevivir
Como recuento de cómo vienen funcionando, refirió que en el 2020, cuando se inició la pandemia, había dos alternativas: cerrar o sobrevivir, muchos cerraron, si bien no tienen un registro oficial, extraoficialmente se sabe de una amplia cantidad de locales que cerraron.
Así también, los que decidieron seguir y esperar mejores tiempos como reabrir este año, lo hicieron endeudándose, asumiendo compromisos financieros importantes para sostener a las empresas y a los colaboradores.
En su caso particular, comentó que realizaron importantes apuestas para adquirir purificadores de aire de última generación, a modo de garantizar que el aire del salón y del comedor pueda estar libre de virus y bacterias para tranquilidad de los comensales y trabajadores.
Un 2021 de sobrevivencia
No obstante, en este 2021 todavía persiste la incertidumbre, por lo que creen que este año también será de sobrevivencia, más allá de que febrero presentaba señales interesantes de mejora, ya que el porcentaje de ocupación de los restaurantes llegó a subir, dentro de todas las limitaciones con que trabajan los locales con un 50 a 60% de la capacidad, pero al menos estaba siendo ocupado, explicó.
Ya en marzo empezó a desmoronarse todo por la mala comunicación del Gobierno del quédate en casa, del “cháke”, punto en el que recordó las palabras del infectólogo Mateo Balmelli, de que a la pandemia no se la gana, sino se la debe administrar, y esto se puede hacer con libertad responsable, aseveró.
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“El Estado no nos va a poder sostener todo el tiempo, si bien hasta ahora se hizo razonablemente, pero eso no va a perdurar y necesitamos trabajar para seguir vivos. Lastimosamente, este 2021 esperamos que va a ser otra vez un año de sobrevivencia”, subrayó Filártiga.
Es por eso que consideran que el mensaje que debe llegar a la ciudadanía es que las personas traten de vivir con una relativa normalidad, tomando todos los cuidados para poder seguir con las actividades, precisó.
En cuanto a las nuevas medidas económicas aplicadas por el Gobierno, apreció que son interesantes y en justa medida, que si bien ya estaban vigentes, fueron ampliadas, pero hay que tener en cuenta que se trata de asistencia financiera y no económica, salvo la reducción del IVA que sí elimina un costo al 50%, mientras las demás lo que hacen son diferir las obligaciones para el futuro, que lo tendrán que pagar después.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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Sector gastronómico: la propina y el desafío con los pagos electrónicos
Paul Fernández
paul.fernandez@nacionmedia.com
En Paraguay no existe una ley de propinas y, por ende, su pago no es obligatorio y tampoco está regulado a pesar de mover cerca de USD 90 millones al año. Actualmente nace un gran desafío para algunos sectores que, en medio de un avance importante de los pagos electrónicos, deben agregar este ingreso extra en sus cobros.
La actividad en los servicios, específicamente el gastronómico, recuperó dinamismo en el país y representa uno de los sectores que más está creciendo y que, de acuerdo a los últimos datos, está empujando la economía. La evolución exige cada vez más tanto a los establecimientos, empleados como a los clientes que deben posicionarse y cumplir con las exigencias de un mercado cada vez más electrónico o digital. En medio de eso, sobresalen muchos desafíos que hasta ahora no cuentan con una solución, especialmente en el país.
Desde Geopagos, empresa líder en soluciones digitales, señalan que la irrupción de los pagos digitales y la progresiva, aunque lenta, retirada del efectivo impactan directamente en la forma en la que se pagan las propinas y no hay por qué negar que la industria de los pagos digitales tiene una deuda pendiente: facilitar el pago de propinas para garantizar a la vez el ingreso de quienes trabajan y una óptima experiencia de cliente.
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“La propina es uno de los desafíos que afrontamos como industria y es una problemática que trabajamos con muchos de nuestros clientes”, afirma Mariana Sigal, VP de Operaciones de Geopagos, firma que tiene presencia en 16 países de América Latina, incluido Paraguay.
Desafío
Sobre ese punto, La Nación/Nación Media habló con Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, quien afirmó que si bien en Paraguay no existe una ley que obligue o regule las propinas, los establecimientos se enfrentan a ese desafío o hasta incluso podría llamarse problema cuando los clientes piden incluir este “agasajo” de los trabajadores en sus pagos digitales.
“En Paraguay no existe ninguna ley de propinas, en otros países la ley te obliga a que coloques un porcentaje para la propina, en Paraguay es opcional. Nosotros estamos de acuerdo de que siga siendo opcional. El problema que existe es con la gente que quiere dejar la propina con la tarjeta de crédito”, dijo Gayet.
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Si bien, el titular del gremio indicó, que sólo algunos establecimientos aceptan, esta operación les genera la comisión de la tarjeta, el pago del impuesto a la renta y les genera tener que desembolsar en efectivo al mozo un dinero que va a recibir unos días después porque el cobro no es inmediato.
Otro de los inconvenientes, según Gayet, es que no existe una ley que pueda excluir a la propina del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) teniendo en cuenta que la factura deberá estar alineada al monto cobrado a través de la tarjeta de crédito. “La propina es un dinero que no es del establecimiento y si todo el mundo paga con 10 % de propina, al final del año el Ministerio de Economía va a pensar que ganaron más los establecimientos”, añadió.
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Una ley necesaria
El titular del gremio dijo que ya había propuesto realizar una ley de propina que no implique la obligación sino más bien que organice el cobro de ese ingreso extra y excluya a los establecimientos de retenciones y pagos de comisiones teniendo en cuenta que dicho porcentaje irá destinado a los trabajadores. “Ya lo hablamos en varias ocasiones, pero parece que no todo el mundo se muestra interesado en ello, pero para nosotros es un problema que ronda los USD 90 millones al año, eso es lo que mueve la propina al año”, reiteró.
Sostuvo que dicha situación se registra además en el sector supermercadista con los trabajadores que realizan servicio de embalado o traslado de bolsas que, en el caso de que los clientes no cuenten con efectivo, no pueden cobrar su propina por el servicio prestado. “Si existiese una ley de propina, inmediatamente al cajero del super se le podrá pagar esa propina”, aseveró.
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Desde Geopagos señalan que si bien la cultura de la propina es diferente en cada lugar, siempre debe cumplir una misma condición: la acreditación instantánea. El efectivo cumple con ese requisito, pero está lejos de ser la solución ideal. Una propuesta ya muy utilizada en todo el mundo es una combinación entre historia e innovación: una “caja de empleados” digital.
Plantean que con la creación de una cuenta especial para propinas y en base a una oferta amplia de medios de pago (desde transferencias instantáneas hasta tarjetas de crédito o QR), es posible pagar propinas de manera muy eficaz: fácil, rápido, transparente, de manera inmediata y sin comisiones.
El desarrollo de soluciones como estas requieren el trabajo codo a codo de los desarrolladores de tecnología con fintechs o bancos y luego con los restaurantes, hoteles u otros comercios que quieran aplicarlo y, en el caso de Paraguay, seguirá requiriendo de una ley que regule este ingreso extra.
Datos claves
- En Paraguay no existe una ley de propinas y, por ende, su pago no es obligatorio y tampoco está regulado a pesar de mover cerca de USD 90 millones al año.
- La irrupción de los pagos digitales y la progresiva, aunque lenta, retirada del efectivo impactan directamente en la forma en la que se pagan las propinas.
- Con la ley de propinas no se apunta a la obligación sino más bien que organice el cobro de ese ingreso extra y excluya a los establecimientos de retenciones y pagos de comisiones.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.