El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.

De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.

Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.

El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.

La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.

Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.

Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.

El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:

• declaraciones testificales
• un diagnóstico médico
• contención psicológica con relato del hecho
• informes psicológicos
• la Cámara Gesell
• un informe fonoaudiológico
• un informe psicopedagógico inicial
• y un perfil neurocognitivo.

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En el encuentro se analizaron comercio de exportación, importación, alianzas estratégicas y vinculación empresarial.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

Empresarios de distin­tos sectores económi­cos de Alto Paraná participaron ayer de una reunión con representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Para­guay-Emiratos Árabes Uni­dos (Capecit), donde fueron presentadas las oportunida­des de negocios entre ambos países. El encuentro tuvo lugar en la Cámara de Comer­cio y Servicios de Ciudad del Este.

La Capecit es una iniciativa empresarial que está en pro­ceso de conformación con el objetivo de fortalecer las rela­ciones comerciales, de inver­sión y de negocios entre Para­guay y los Emiratos Árabes Unidos, según explicaron sus representantes.

En el encuentro se analizaron oportunidades de exporta­ción, importación, inversión, alianzas estratégicas y vincu­lación empresarial. La pre­sentación estuvo a cargo del doctor Andrés Torreani y del licenciado José Tomás Cris­taldo. Los asistentes también fueron informados sobre el avance en la conformación del Consejo de Negocios de Paraguay ante Dubai Cham­bers, con el objetivo de forta­lecer la presencia del empre­sariado paraguayo dentro del ecosistema de negocios de Dubái.

La visita a Ciudad del Este formó parte de la agenda nacional que Capecit viene desarrollando, tras su reciente gira por el Chaco paraguayo.Paraguay está en las mejores condiciones para los negocios con los Emira­tos Árabes.

“Alto Paraná es una región estratégica. Queremos inte­grar a sus principales refe­rentes empresariales y pro­ductivos a esta agenda y generar oportunidades con­cretas entre Paraguay y Emiratos”, señaló el impulsor y socio fundador de la cámara, ingeniero y abogado Tadeo Molinas Chaparro.

Consultado por La Nación/Nación Media dijo que “Paraguay está hoy en las mejores condiciones para impulsar negocios con Emi­ratos Árabes, por su grado de inversión, tiene leyes aprobadas para impulsar esos negocios, el país es una marca ya reconocida y, se trata de ordenar un poco las ofertas que tiene Paraguay para ofrecer; eso es lo que buscamos con la creación de esta cámara”.

Mencionó además que, el 85% del consumo de Emi­ratos Árabes es importado y, en ese aspecto, Paraguay puede ser un socio estraté­gico, siendo Alto Paraná uno de los potenciales para esta­blecer esos negocios.

En cuanto al comercio, citó como ejemplo que perfu­mes árabes están llegando a Ciudad del Este y de allí al gran mercado del Mercosur, lo que también puede ser un negocio de interés para Emiratos Árabes, mediante otras ventajas.

La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán David Rivas —quien es juzgado por tener título de abogado dudoso—, calificó como infundada la solicitud de 12 años de cárcel realizada por el Ministerio Público. La defensora argumentó que el porcentaje del alegato dedicado exclusivamente a la conducta de Rivas fue muy inferior al tiempo empleado para cuestionar a los testigos y analizar sus declaraciones en el juicio oral.

Asimismo, la defensa del exsenador sostuvo que la acusación se basó, fundamentalmente, en la falta de archivos o antecedentes académicos de Hernán Rivas en la Universidad Sudamericana, así como en cuestiones relacionadas con la habilitación de la carrera de Derecho ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, enfatizó que el desorden administrativo y documental no puede atribuirse al alumno, ya que este no tiene injerencia en la organización de la institución educativa.

Por otra parte, la defensa de Rivas señaló que la Fiscalía inició la causa recién en el año 2023, a raíz de la denuncia de la exfiscal Casse Jiménez, a pesar de que ya existía una denuncia previa presentada por el abogado Federico Campos López Moreira con fecha del 11 de junio de 2020 (dos días después del registro del título de Rivas en el MEC).

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También recordó que existía la posibilidad de iniciar la investigación de oficio en ese mismo año. Al postergarse la investigación hasta 2023, ya habían transcurrido los 5 años de plazo en los que la Universidad Sudamericana estaba obligada a resguardar la documentación académica.

Finalmente, la representación legal indicó que la acusación sobre el supuesto uso de influencia política para obtener el registro del título en tiempo récord carece de sustento probatorio, dado que tanto el entonces ministro Eduardo Petta como el director de Registro de Títulos manifestaron no haber hablado nunca con el procesado. Concluyó que se pretende atribuir a Rivas toda la responsabilidad por las falencias de la universidad y del MEC, y criticó que se cuestione la falta de conocimiento sobre la “experiencia universitaria” cuando esa misma situación se repitió en todos los testigos que fueron alumnos de dicha institución.

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La candidata a intendenta municipal de Capiatá por la Lista 1 de la Asociación Nacional República (ANR), Laura Gamarra, anunció que su equipo político no presentará objeciones y acompañará las gestiones para que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por la Lista 2, pueda contar con representantes en las mesas de votación durante las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.

Mediante una conferencia de prensa que brindó este domingo desde su residencia, ubicada en el barrio Santo Domingo de Capiatá, Gamarra explicó que el PLRA no habría presentado dentro del plazo establecido la nómina de sus funcionarios de mesa y apoderados ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), situación que lamentó y calificó como una sorpresa.

De hecho, de los 19 distritos del departamento Central, el PLRA no presentó su nómina para la integración de mesas en siete municipios. Además de Capiatá, están en la misma situación Areguá, Guarambaré, Itá, Itauguá, Luque y San Antonio. Plazo que feneció el pasado lunes 14 de septiembre, conforme al acta de audiencia del Juzgado Electoral de Central. Desde el PLRA señalaron, el pasado viernes, que la situación se está subsanando.

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No obstante, la candidata colorada Laura Gamarra, acompañada del apoderado general Julio Ledesma, sostuvo que, por encima de los intereses partidarios, debe prevalecer la participación de los distintos sectores políticos y la voluntad ciudadana.

“Fue una sorpresa muy grande que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no presentó en tiempo estas nóminas de funcionarios de mesa como así también para apoderado y no han participado del sorteo correspondiente. De todo corazón lo digo, lamento muchísimo esa desidia y ese desinterés que han demostrado en esa circunstancia para todos demasiado importante”, comentó.

Gamarra aclaró que se puso en contacto con los apoderados nacionales del Partido Colorado, como también con los diferentes candidatos a concejales de la Lista 1, y aseguró que harán todo lo que sea necesario para acompañar las correspondientes gestiones ante la Justicia Electoral, para facilitar la representación liberal en las mesas electorales de Capiatá.

“Por encima de cualquier interés partidario, para nosotros está nuestra querida ciudad de Capiatá. Como candidata de la Lista 1 y el equipo político el Partido Colorado, en la ciudad no pondremos ninguna objeción con respecto a esa situación para que se pueda encontrar y subsanar esa situación. Teniendo en cuenta que la democracia, la voluntad del pueblo tiene que prevalecer siempre. Hemos tomado esta decisión incluso de acompañar la solicitud y las gestiones que en estos momentos están realizando el PLRA para que puedan contar con la representación de su partido en cada mesa de votación” enfatizó.

La ciudad de Capiatá cuenta para este año con más de 150.000 electores, distribuidos en 26 locales de votación y más de 450 mesas electorales, según los datos mencionados durante la conferencia de prensa que fue transmitido por las redes sociales de Capiatá Press PY. Gamarra afirmó que la Lista 1 ya tiene organizado y capacitado a su equipo electoral para la jornada.

Por su parte, el apoderado general de la Lista 1 en Capiatá, Julio Ledesma, manifestó que acompañarán el proceso y sostuvo que la presencia de los distintos sectores políticos contribuirá a unas elecciones transparentes. Durante la conferencia se informó que Cruzada Nacional presentó en tiempo y forma su nómina de funcionarios de mesa y que su representación será definida conforme al procedimiento electoral correspondiente.

“Realmente existe un proceso todavía legal y existen instancias, en el cual el PLRA está apelando, en el cual nosotros vamos directamente allanarnos a lo que ellos están solicitando por el lado de la ciudad de Capiatá, entonces se va a facilitar mucho más rápido de que esa resolución sea favorable para el pueblo capiateño, para que todos estén representados en unas elecciones transparentes y que todos los partidos que hoy pugnan con una candidatura tengan su representación en todas las mesas”, acotó Ledesma.

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