• Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

Los tiempos previos a cual­quier elección –tanto presi­dencial como parlamentaria de medio tiempo– se suelen tornar vertiginosos. Las voces se elevan. Las relaciones se tensionan. A tal extremo que, en algunos casos –en lo que hace a las relaciones inter­personales– nunca se resta­blecen plenamente. En ese contexto, se pueden señalar cuatro tiempos cruciales.

1) Las instancias previas a los cierres de listas que conten­drán las identidades de quie­nes competirán en los comi­cios. 2) Los días posteriores para la imprescindible con­tención para dar a aquellos y aquellas que quedan con sus ilusiones destrozadas por­que un golpe de lapiceras los deja a un lado del camino. 3) La madrugada del escrutinio posterior a la votación en la que –inevitablemente– habrá claras divisiones entre quie­nes celebren el triunfo y quie­nes en el derrumbe de las ilu­siones rumien la derrota y la bronca. 4) El retorno a una nueva normalidad que, sin embargo, estará marcada a fuego por lo que haya suce­dido en las tres etapas pre­vias.

Desde la medianoche del domingo pasado la Argentina se encuentra en la fase dos. Especialmente, la transitan aquellas ciudadanas y ciuda­danos que ejercen la política profesionalmente. El resto de la sociedad –con otras preo­cupaciones, en algunos casos severas– se mantiene alejada porque nada de aquello les resulta atractivo y, más aún, lo perciben y evalúan como situaciones inconducentes que no satisfacen las deman­das laborales, de consumo, de salud, de vivienda, por solo mencionar algunas de las preocupaciones que relevan las encuestas.

De allí que las preocupaciones que –siempre– abruman a los oficialismos cuando inespe­radamente los ríos informa­tivos crecen en caudal ante múltiples denuncias de pre­suntos actos de corrupción que los afectan con episodios que debilitan la gobernanza. No debe sorprender, enton­ces, que los exámenes par­lamentarios más recientes por los que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) – el partido que en 2021 fundó y conduce desde entonces el presidente Javier Milei– tran­sitó no fueron totalmente satisfactorios porque si bien las oposiciones no consiguie­ron anular el veto que el jefe de Estado dispuso sobre los aumentos que el Congreso otorgó por ley semanas atrás a las y los jubilados. “¡El equi­librio fiscal no se negocia!”, se impuso, no fue suficiente la energía de los congresistas de LLA para evitar que se impu­sieran otras iniciativas que rechaza Milei.

Se comprende, entonces, que la vicepresidente Victo­ria Villarruel considere que el actual “es un momento difícil y confuso” para el gobierno, luego de que se conocieran audios ilegales en los que se revelan sucesos de presunta corrupción que habrían suce­dido en la gestión de la Agen­cia Nacional de la Discapaci­dad (Andis) en la compra de medicamentos destinados a mitigar las situaciones de persona con capacidades dismi­nuidas que ponen en el cen­tro de la actividad judicial al señor Darío Spagnuolo, exti­tular de aquella dependencia oficial que –ante la circula­ción de tales informaciones– fue despedido por el señor Milei.

En esa situación –que inves­tiga el juez federal Sebastián Casanello que inmediata­mente de recibir las denun­cias delegó la pesquisa en el fiscal Franco Picardi, quien ordenó la realización de múltiples allanamientos y la confiscación de teléfonos celulares cuyos contenidos considera importantes para el desarrollo de la pesquisa– fueron mencionados, además del propio jefe de Estado, la secretaria general de la pre­sidencia Karina Milei; el sub­secretario de Gestión Insti­tucional, Eduardo “Lule” Menem y los empresarios Eduardo, Emmanuel y Jona­than Kovalivker, propieta­rios y directivos de la drogue­ría Suizo Argentina a quienes se les prohibió la salida del país.

Sobre el caso, de alto impacto político y periodístico, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, luego de resaltar que lo denunciado es investigado por la justi­cia, destacó que él no pone “las manos en el fuego por ningún funcionario”, aun­que precisó que tiene plena confianza tanto en la señora Karina Milei como en el subsecretario Menem.

Portavoces gubernamenta­les que fueron consultados por La Nación –con el com­promiso de no revelar sus identidades– señalaron que “con seguridad todo quedará aclarado”; destacaron tam­bién que “el presidente Milei tiene un compromiso pro­fundo contra la corrupción”; pero no dejaron de mani­festar preocupación “por el eventual efecto que puede tener la denuncia en el desa­rrollo del proceso electoral” porque, hasta ahora, nin­guna encuesta circulante lo evidencia.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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Banco GNB Paraguay es una institución financiera líder que se dedica a ofrecer productos y servicios de alta calidad a sus clientes.

Forma parte del Grupo Gilinski, controlador de un conglomerado financiero internacional privado, fundado en Colombia en 1920 y liderado por Jaime Gilinski. El Grupo GNB cuenta con filiales en Colombia, Perú y Paraguay, resultado de un proceso de expansión en América Latina.

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