En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó hoy con modificaciones el proyecto de ley “Que exonera los intereses al financiamiento del pago del Impuesto a la Renta Personal (IRP)”.
Cabe mencionar que esta propuesta legislativa fue presentada por los senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen, Georgia Arrúa, Sergio Godoy, Fernando Silva Facetti y Eusebio Ramón Ayala.
En el estudio del documento, el senador Amado Florentín planteó que se remita a las comisiones para proponer que se amplíe el año de vigencia y que no sea solo el 2020, además de ver la tasa de interés, reducir y establecer un plazo máximo de financiación. La propuesta no prosperó.
Por su parte, Rasmussen manifestó que es oportuno aprobar el documento y que la tasa de interés sea del 0% para no cobrar al contribuyente. Solicitó que sea aprobado sin modificaciones. La propuesta tampoco avanzó.
Finalmente, la propuesta aprobada por el pleno fue la planteada por Florentín, donde se incluyó al proyecto que el contribuyente que tenga una renta neta de hasta 50 millones de guaraníes no pague los intereses del IRP.
“Ahí va a ser más justo y todos aquellos que tienen grandes ganancias podrán fraccionar pagando los intereses”, explicó. Ahora el documento se remite a la Cámara de Diputados para su estudio.
A principios de esta semana, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, anunció un paquete de reducción impositiva plasmada en tres decretos firmados por el Poder Ejecutivo, donde se destaca la reducción de hasta el 1,1% de la tasa de interés mensual para las facilidades de pago en todos los tributos.
Hasta la fecha, la recaudación de la SET superó los G. 140.000 millones del impuesto a la renta personal (IRP), aun con tres vencimientos pendientes.
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Senadores colorados se alinean a Cartes y sueltan la mano a Peña
Los senadores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se alinearon al requerimiento realizado por el presidente de la nucleación tradicional, Horacio Cartes, de apoyar el juicio político contra el mandatario Santiago Peña, que es impulsado por diputados de la oposición y la disidencia colorada.
Luego de la postura asumida por el máximo líder de los colorados en sostener que no permitirá el “latrocinio” de los fondos públicos, privados y de los jubilados, varios legisladores de la Cámara Alta tomaron la decisión de retirar su respaldo al jefe de Estado y requerirle su renuncia.
Entre los primeros en pronunciarse figura el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien sostuvo que “como titular del Congreso de la Nación, no nos ubicaremos del lado del despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados”.
Núñez agregó que “reclamamos la renuncia del presidente Peña o, en su defecto, acompañamos el juicio político para reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas. El Congreso debe intervenir con determinación cuando la patria lo demanda”.
Las afirmaciones de Núñez fueron respaldadas por el líder de bancada del oficialismo colorado, Natalicio Chase, quien alegó que “como senador de la Nación, tengo el deber de defender los intereses de los paraguayos y proteger la institucionalidad de nuestra República. Ante un hecho de semejante gravedad, el silencio y la indiferencia no son opciones. Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”.
Añadió que “detrás de cada ahorro hay años de trabajo, esfuerzo y sacrificio que merecen ser respetados y protegidos. El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes. Las instituciones deben actuar con toda la fuerza de la ley, sin privilegios, sin excepciones y sin interferencias políticas. Por todo ello, reclamamos la renuncia del presidente de la República. De no producirse, acompañaremos el inicio del procedimiento constitucional de juicio político, con pleno respeto al debido proceso y a las atribuciones del Congreso Nacional. Hoy más que nunca, defender la República exige responsabilidad, firmeza y coraje”.
En la misma línea se pronunció Derlis Maidana quien indicó que “siguiendo nuestra línea de defensa del Estado de derecho y la institucionalidad, y estando al lado del pueblo como siempre estuvimos. Acompañamos la postura del presidente del Partido Colorado”.
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Por su parte, Óscar “Cachito” Salomón dijo que “Peña traicionó al país y al Partido Colorado por dinero. Esto es una vergüenza él y todos los culpables tienen que pagar sí o sí”. Mientras que Antonio Barrios puntualizó que “el Partido Colorado debe proteger a todos los ciudadanos paraguayos y bregar por la honestidad y transparencia y acá estamos hablando de fondos que deben ser recuperados, los fondos jubilatorios y el dinero de la pobre gente que hoy está pasando muy mal”.
Señaló que “yo ruego que Peña renuncie, hay que ir hasta el fondo y que la justicia haga su trabajo. Es imperdonable que aún sigan los miembros del Banco Central del Paraguay, los integrantes de la superintendencia que no supieron alertar en tiempo y forma todo lo que estaba ocurriendo”.
Mientras que Gustavo Leite se limitó a manifestar “apoyo las expresiones del presidente Horacio Cartes, este no es momento para tibio”. Por su parte, Luis Pettengill afirmó: “Mi postura es acompañar a todos los ahorristas, esto es algo muy grave para todo el sistema financiero. Peña tiene que rendir cuentas ante la justicia si cometió un hecho ilícito, cero impunidad”.
El libelo acusatorio contra Peña se encuentra siendo analizado este jueves en la Cámara de Diputados y consta de cinco causales que, a criterio de los proponentes, son prueba fehaciente de mal desempeño en sus funciones, centrado principalmente en la crisis financiera de ueno bank. De ser aprobado será remitido al Senado para su tratamiento.
Las causales contra el mandatario son: conflictos de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento legal de las puertas giratorias, manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), sobrepaso de límites crediticios en ueno bank y encubrimiento institucional del Banco Central del Paraguay, beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero nacional y exposición a un riesgo sistemático.
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Inversión industrial: reclaman créditos competitivos para importar tecnología
La incorporación de maquinaria automatizada representa una apuesta por elevar la productividad industrial, pero también supone un desafío financiero para las empresas. Entre la compra de los equipos, su traslado, instalación y puesta en funcionamiento, pueden transcurrir casi dos años antes de que la inversión comience a generar resultados, mientras los compromisos crediticios siguen acumulándose.
Osvaldo Achón Addario, presidente del Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Ceprocal) y miembro de la junta ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), señaló que el acceso a financiamiento en condiciones competitivas es fundamental para impulsar la modernización de las industrias. En comunicación con La Nación, explicó que los plazos de implementación de una nueva línea de producción pueden prolongarse considerablemente antes de que los equipos empiecen a operar.
“Lo ideal es que uno pague su deuda con la productividad de esa inversión”, sostuvo. Según explicó, la situación es diferente cuando se trata de comercializar mercaderías y cuando se necesita fabricar un producto, debido a que el proceso industrial requiere importar los equipos, transportarlos, montarlos y capacitar al personal para su utilización.
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Durante ese periodo, las empresas deben afrontar el pago del capital y los intereses del préstamo, aun cuando las maquinarias todavía no generan ingresos. Por ello, Achón consideró necesario contar con tasas de interés preferenciales para el sector industrial, de manera a facilitar las inversiones destinadas a ampliar la capacidad productiva y mejorar la calidad.
El empresario también destacó que la reinversión resulta indispensable para mantener la competitividad, aunque reconoció que las pequeñas empresas y los emprendimientos familiares no siempre cuentan con el capital suficiente para modernizar sus instalaciones. En estos casos, el acceso al crédito puede ser determinante para incorporar tecnología y mejorar los procesos.
A su criterio, el financiamiento industrial tiene además un efecto sobre el empleo, ya que las inversiones permiten fortalecer las empresas, generar puestos de trabajo y capacitar a los trabajadores. La articulación entre el sector público y el privado, agregó, es necesaria para identificar las dificultades que enfrenta la industria y ajustar las condiciones que permitan mejorar su productividad.
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El diputado Carlos Godoy plantea aplicar un 5 % de IVA a fármaco para la diabetes
El diputado Carlos Godoy explicó los alcances del debate sobre la aplicación de un porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para uno de los productos más conocidos y tal vez utilizados en la actualidad: la tirzepatida. El legislador indicó que se está trabajando sobre la posibilidad de gravarlo y establecer el porcentaje del impuesto.
“Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto de modificación de la Ley 5372 del 2014, que no solamente habla de la exoneración, sino que habla también de las responsabilidades y la obligación que tiene el Estado en cuanto a proveer este tipo de medicamentos que son para el tratamiento de la diabetes”, indicó este jueves en el programa “Arriba Hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que existe una laguna legal, y que, teniendo en cuenta que se trata de un nuevo medicamento en el mercado, no se encuentra dentro de las tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud Pública ni del Instituto de Previsión Social (IPS).
“Según mi parecer, este producto tendría que pagar 5 %, no porque yo quiera, sino porque la ley así lo dice, justamente por esa laguna legal que existe en el artículo 21 y en el artículo 17. También con la consulta vinculante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Mi interpretación es que, si esos productos no están dentro de las tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud y no están dentro de la consulta vinculante de la DNIT, no pueden acogerse a ese beneficio”, mencionó.
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Plantean hasta 20 años de cárcel para quienes alteren la identidad biológica de niños
Un grupo de senadores acudió este miércoles a la Plaza de Armas para recepcionar la iniciativa popular que propone hasta 20 años de cárcel para los adultos que interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
El proyecto denominado “La ideología de género es abuso infantil” ya tuvo entrada oficial y fue girado a la Comisión de Legislación de la Cámara para su dictamen correspondiente. El mismo es impulsado por sectores conservadores y religiosos.
Los impulsores buscan modificar el artículo 135 de la ley 6002&/17 que modifica la ley 1160/97 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08 que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97del Código Penal.
El documento en su artículo 135, inciso A, referente al abuso sexual en niños detalla en su artículo 1 que “el que realizara actos sexuales con un niño, o lo indujera a realizarlo en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a quince años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros.
En su artículo 2 menciona que en los casos señalados en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de diez a quince años cuando el autor al realizar el hecho haya maltratado físicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones; o haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación o tutela o guarda este a su cargo.
Agrega que cuando concurra más de una circunstancia de las señaladas en el inciso 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de quince a veinte años. En los casos señalados en el inciso 1, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de diez años, la pena no será menor de veinte años. Menciona que se entenderá por niño, a los efectos de este capítulo, la persona que no haya cumplido catorce años de edad.
En su artículo 135, inciso b referente al abuso por medios tecnológicos, el proyecto de ley argumenta que “el que por medio de publicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, solicite o exija de cualquier modo a un niño o niña que realice actos sexuales o que le envíe imágenes de sí misma con contenido sexual, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años. Será castigada también la tentativa”.
Mientras que en su artículo 135, inciso C hace referencia al abuso bajo otras formas el cual expresa que “el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad ah de cuatro a diez años”.
Si el hecho fuere cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de diez a quince años. En el caso señalado en el inciso anterior la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos.