Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informaron que se procedió a la apertura de sobres de la Licitación Pública Nacio­nal n.° 34/2025, convocada para los trabajos de conser­vación y mantenimiento de la defensa costera de Alberdi. Como oferentes interesados en ejecutar la obra se recibieron nueve ofertas de empresas y con­sorcios.

“El acto tuvo lugar en el ter­cer piso del edificio central del MOPC, con la presencia de representantes de las fir­mas participantes y auto­ridades de la institución”, explicaron desde la cartera y aclararon que el llamado, registrado en la Dirección Nacional de Contratacio­nes Públicas (DNCP) con el ID n.° 468.233, contempla una inversión estimada de G. 24.909 millones.

También informaron que el plazo de ejecución se exten­derá durante los ejercicios fiscales 2025, 2026 y 2027, sujeto a la disponibilidad de créditos presupuestarios y asignaciones financieras.

Las propuestas presen­tadas corresponden a las empresas: Tecnoedil SA Constructora, Consorcio Costero Alberdi (integrado por Nortec SA y Caminos Paraguayos SA), Construc­ciones y Viviendas Para­guayas SA, Luis Rodrigo Bóveda Samaniego, Soma­geec Paraguay SA, Consor­cio Defensa Pilar (formado por Ascent SA y Construc­tec SA), Teco SRL, Corpo­ración Lemuria SA y de la Sociedad Técnica de Cons­trucciones SA (Sotec SA).

El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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El Departamento de Termomecánica de la DINAC informó que el principio de incendio registrado en las torres de enfriamiento del sistema de climatización central ocurrió durante tareas programadas de mantenimiento preventivo.

“Una esquirla generada durante una soldadura eléctrica alcanzó materiales inflamables cercanos al área de intervención”, mencionaron en parte de un comunicado. Además, informaron que no se registraron daños materiales de consideración y tampoco hubo personas heridas.

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El director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Rubén Aguilar, informó que ocurrió un accidente de trabajo durante el mantenimiento en una de las torres de enfriamiento en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Los bomberos controlaron el fuego y, afortunadamente, no se registraron heridos.

De acuerdo a los reportes, el fuego no afectó el funcionamiento dentro del edificio, por lo que las actividades se realizaron con absoluta normalidad de acuerdo a las autoridades de la principal terminal aérea.

Uno de los equipos quedó inutilizado luego de ser consumido por las llamas, aunque el hecho no pasó a mayores gracias a la rápida acción de los bomberos de la DINAC, quienes controlaron el fuego a tiempo.

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El titular de la Direc­ción Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, dijo que solicitó a los inter­ventores de las municipalida­des de Asunción y Ciudad del Este que informen los proce­sos licitatorios suspendidos, cancelados y en curso.

“Nosotros enviamos una nota a los interventores Ramón Ramírez y Carlos Pereira para que nos men­cionen cuáles de los procesos iniciados por las intenden­cias en los últimos meses van a quedar suspendidos, cance­lados y seguirán sus cursos”, comentó Encina, ayer miér­coles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emi­tido por el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario se refirió sobre el uso de la figura de la excepción para las adjudica­ciones licitatorias: “No hay un límite, pero se puede hacer únicamente si los intenden­tes lo justifican en forma. Como su nombre lo dice, es un proceso especial excep­cional que solamente puede salirse de los procesos ordi­narios cuando se justifica la emergencia por la cual se están realizando estos procesos”, comentó.

De acuerdo a los primeros reportes de la intervención, la administración del inten­dente esteño, Miguel Prieto, se caracteriza por el uso exce­sivo de la citada figura, que permite saltar los procesos ordinarios cuando existe una justificación de urgencia o exclusividad técnica.

Este fue uno de los pun­tos que llamó la atención a la Contraloría General de la República para requerir la intervención de la muni­cipalidad. “Si es que se pro­dujo algún hecho punible o alguna situación que merezca una investigación penal, el contralor deberá enviar a la Fiscalía”, puntualizó Encina. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado lunes, Ramírez compartió la información de que el líder del movimiento Yo Creo firmó, entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos, contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas por G. 4.100 millones.