El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) llama a alumnos de Educación Básica a postularse para el programa de ayuda económica. Tienen tiempo hasta el viernes 12 de junio y está dirigido a estudiantes de escasos recursos del tercer ciclo.

La ayuda económica, que se entregará por primera vez a los beneficiarios, busca garantizar la permanencia y culminación de los estudios en todo el país. El beneficio consiste en una ayuda económica única de G. 1.300.000 por alumno, con el objetivo principal de promover y asegurar el acceso, la permanencia y la culminación oportuna de los estudios.

La convocatoria está dirigida a estudiantes matriculados en instituciones tanto de gestión oficial como privada subvencionada, abarcando la capital y los 17 departamentos del territorio nacional.

Los aspirantes que deseen acceder a este beneficio económico deberán cumplir con los siguientes criterios: ser de nacionalidad paraguaya, pertenecer a familias de escasos recursos económicos y sin ingresos fijos, estar matriculado en el Registro Único de Estudiantes (RUE) en situación académica regular, específicamente en el séptimo grado o su equivalente en cualquier modalidad. La edad límite es de 15 años cumplidos en el momento dela presentación.

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Para formalizar la solicitud, se exige la presentación de la siguiente documentación básica: certificado de nacimiento del postulante, copia simple de cédula de identidad de la persona que cobrará el importe. Si el responsable de cobro no es la madre o el padre, se deberá adjuntar una autorización expedida por la autoridad competente.

El programa contempla condiciones especiales para sectores vulnerables, quienes no tendrán límite de edad, para presentar su postulación. Entre ellos, estudiantes de pueblos originarios, quienes deben presentar su carnet expedido por el Indi.

También estudiantes con discapacidad, quienes deben adjuntar un diagnóstico médico actualizado emitido por un especialista o certificado de discapacidad otorgado por la Senadis.

Se recuerda que el proceso de postulación tiene carácter de declaración jurada y recae en la gestión de los directores de las instituciones educativas, responsables de verificar previamente los datos y validar que los alumnos postulados pertenezcan a la población objetivo.

Para consultas o asistencia técnica durante el proceso de postulación, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Becas del Tercer Ciclo del MEC, ubicada en el Edificio Beckelman (1° Piso), sobre Independencia Nacional n.° 874 entre Piribebuy y Humaitá. También se encuentra habilitado el correo electrónico dbtc.dptoadjudicacion@mec.gov.py.

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Se acumulaban los problemas: la dramática falta de medicamentos, la inexplicable centralización de los tratamientos en Asunción –o en Areguá– y las interminables esperas obligaban a cientos de pacientes de todo el país a afrentar, además del calvario que implica la propia enfermedad, un duro desgaste económico y emocional.

Sin embargo, en los últimos días un hecho significativo ignorado por los medios opositores al actual gobierno trajo cierta esperanza y alivio, ya que ese escenario crítico en la atención oncológica gradualmente empieza a cambiar su destino.

La inauguración del nuevo pabellón oncológico en Caazapá el viernes último no solo representa una obra de infraestructura sanitaria sino un mensaje de descentralización de la salud pública, en especial con un ámbito que implica muchos sacrificios, desde el financiero para el Ministerio de Salud, así como a los pacientes y las familias en el plano emocional.

Para el gobierno, se trata de una señal política y social que encamina una de las prioridades más sensibles de la administración del presidente Santiago Peña: fortalecer la atención sanitaria de los paraguayos, y en especial a los pacientes con cáncer y ampliar el acceso a tratamientos fuera de Asunción y del área central.

La habilitación del servicio permitirá que pacientes de Caazapá y departamentos aledaños ya no dependan exclusivamente de largos y costosos traslados hasta la capital para recibir consultas, diagnósticos o seguimientos médicos.

El acto también sirvió para que el presidente reafirmara el enfoque que busca imprimir a la política sanitaria vinculada al cáncer, un área donde el Ejecutivo asegura haber realizado uno de los mayores incrementos presupuestarios de los últimos años.

“El presupuesto del INCAN ha crecido más de tres veces en estos dos años y medio, y vamos a seguir destinando más recursos para comprar medicamentos, contratar más personal médico y fortalecer la atención”, expresó Peña al destacar el avance de los servicios oncológicos descentralizados.

La diferencia con la administración anterior es uno de los puntos que el oficialismo busca subrayar. Mientras durante el gobierno de Mario Abdo Benítez el sistema sanitario enfrentó permanentes cuestionamientos por falta de medicamentos, precariedad de infraestructura y reclamos de pacientes oncológicos, la actual administración intenta posicionar el combate al cáncer como una política prioritaria de Estado.

El incremento histórico de recursos para el Instituto Nacional del Cáncer –que tuvo un importante incremento en el presupuesto de este año– refleja precisamente un cambio de enfoque, pasando de una atención reactiva y limitada a una estrategia de fortalecimiento estructural y expansión territorial.

Uno de los principales problemas históricos para pacientes oncológicos del interior del país ha sido justamente la centralización de los servicios médicos especializados. Muchas familias debían trasladarse cientos de kilómetros para acceder a estudios, quimioterapias o controles periódicos, generando no solo desgaste físico y emocional, sino también enormes costos económicos.

Con la habilitación de nuevos pabellones y el fortalecimiento gradual de hospitales regionales, el gobierno apunta a reducir esa brecha y acercar el sistema sanitario a los sectores más vulnerables.

La administración Peña también intenta instalar la idea de que el fortalecimiento del área oncológica no puede depender únicamente de discursos o campañas de concienciación, sino de inversión concreta en medicamentos, equipamientos y recursos humanos.

El propio Peña insistió en que el objetivo es continuar ampliando la capacidad de respuesta del sistema público mediante más compras de fármacos, incorporación de especialistas y modernización de los servicios.

El cáncer se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la salud pública en el Paraguay, tanto por el crecimiento de casos como por las dificultades históricas del sistema para responder a la demanda.

Por ello, el gobierno busca enfocarse en la transformación gradual pero sostenida de los recursos para el tratamiento de esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte en el país detrás de los males cardiovasculares, donde la descentralización y la ampliación presupuestaria son presentadas como pilares centrales.

La baja del dólar comenzó a reflejarse en distintos sectores de la economía paraguaya y también plantea nuevos desafíos para las cuentas públicas, según analizó el economista Rodrigo Ibarrola. Si bien el contexto ayuda a moderar algunos costos vinculados a importaciones e intereses de deuda en moneda extranjera, también impacta sobre la recaudación tributaria y la dinámica fiscal del país.

El especialista explicó que los ingresos tributarios muestran una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado, situación que podría dificultar el objetivo del gobierno de converger hacia un déficit fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

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“El escenario se volvió más complejo porque algunos ingresos crecieron por debajo de lo esperado, mientras ciertos gastos continúan aumentando”, señaló a la 1020 AM.

Actualmente, el déficit fiscal anualizado ronda el 2,2 %, aunque Ibarrola aclaró que todavía dependerá de cómo evolucionen los ingresos y el gasto público durante el resto del año.

El economista indicó que parte de esta situación responde también a una normalización de la recaudación luego del impulso inicial generado por la integración de Tributación y Aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). A esto se suma un contexto económico donde algunos sectores muestran menor dinamismo.

Entre las áreas más sensibles, mencionó a la construcción, debido a los atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado. En ese sentido, explicó que el mecanismo de factoraje aparece como una alternativa para otorgar liquidez a las empresas mientras esperan los desembolsos públicos.

Sin embargo, señaló que aún existe debate sobre cómo distribuir el costo financiero de estas operaciones. “La discusión principal es quién absorbe finalmente los intereses derivados de esos adelantos financieros”, comentó.

Ibarrola agregó que las empresas de mayor tamaño tienen más capacidad para sostenerse en este contexto, mientras que las pequeñas y medianas enfrentan mayores dificultades para mantener capital operativo.

Pese a este escenario más ajustado, el economista consideró que Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y descartó un impacto inmediato sobre la calificación crediticia del país.

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El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.

La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.

De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.

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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.

Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.

El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.

“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.

Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.

Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.

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