Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.

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Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.

Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.

“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.

El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.

“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.

Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.

Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.

Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.

Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.

“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.

El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.

Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.

“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).

Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.

No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.

En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.

Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.

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A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.

El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.

La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.

Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.

A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.

Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.

En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.

No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.

De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.

Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

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El presidente de la República, Santiago Peña, mencionó que ya en su informe de gestión del pasado 1 de julio había señalado que el sistema del transporte público está colapsado y ni la ciudadanía, ni los empresarios, así como tampoco desde el gobierno están conformes con el servicio que se está brindando, por lo que urge un cambio profundo y radical.

En charla con varios medios de prensa durante la jornada de gobierno que está desarrollando en la ciudad de Luque, mencionó que existe un equipo multidisciplinario interinstitucional que está coordinando los esfuerzos.

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Sobre las amenazas de paro total del sector transportista, expresó que no es la primera vez que ocurre y que ya han enfrentado esta situación anteriormente. Sostuvo que está seguro de que existen empresas del sector privado que no se van a adherir a esta medida de fuerza.

Igualmente, señaló que hay compromiso de todas las instituciones del Estado para que, en caso de necesitar recursos, saldrán con sus buses a ayudar a todos los sacrificados compatriotas que necesitan llegar a sus lugares de trabajo y estudios.

El jefe de Estado expresó que planteó al Congreso una reforma estructural del sistema que está colapsado y explicó que claramente la ciudadanía se merece un mejor servicio.

“Hoy esa ciudadanía cuestiona el pago que se hace a las empresas de transporte público, con millones de dólares por año que se están transfiriendo y aun así los empresarios que hoy son los beneficiarios no están contentos. Entonces, por qué mantener un sistema donde nadie está contento, tiene que haber un cambio profundo y radical”, remarcó.

El jefe de Estado señaló que espera que esta propuesta de reforma del transporte público sea presentada en los próximos días, y si todo sale conforme a lo esperado, sería la próxima semana.

Respecto al subsidio, el mandatario explicó que su objetivo es ayudar al ciudadano, y el esquema actual que ha permitido no elevar la tarifa del pasaje tiene por un lado sus beneficios, pero también tiene muchísimos perjuicios.

Indicó que hoy se está pagando el subsidio en función al pasajero, lo que da cuenta que cuando hay una alta demanda, los buses salen y cuando baja la demanda hay menos buses en las calles, por lo que es necesario cambiar esta estrategia.

Al respecto, resaltó por ejemplo el sistema Búho, que es el transporte nocturno que se licitó y el pago del subsidio se da por kilómetros transitados y no por cantidad de pasajeros.

“Es un servicio que está dando oportunidades a miles de centralinos que por ahora está concentrado en Asunción y San Lorenzo, pero ya se está llamando a licitación otros cuatro tramos y probablemente esta sea la base de la reforma que estamos llevando adelante”, acotó.

Respecto a la salida de los buses eléctricos de Taiwán, mencionó que están en proceso de licitación para conceder a un operador. Mencionó que en tanto termina este proceso, se están construyendo las bases de carga para estos buses eléctricos, porque ya no se movilizan a combustibles, y necesitan que estén instalados los cargadores en puntos estratégicos.

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El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, se refirió a la audiencia pública que se desarrolló hoy jueves, sobre el proyecto de Ley “Que regula y promueve la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial (IA)”.

Al respecto, afirmó que se tomaron notas de todas las sugerencias y eventualmente estarán planteando un dictamen desde la Comisión. No obstante, señaló que por ahora la prioridad de la comisión es el estudio de la propuesta de ley de Protección de Datos, que es la base para poder avanzar en el otro proyecto, así como Ciberseguridad que estarán enfocados en el próximo trimestre.

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Mencionó que durante la audiencia pública participaron diferentes sectores de la sociedad civil, representantes de las instituciones del Estado. Entre ellos, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, así como de representantes de la Corte Suprema de Justicia; la Policía Nacional y la Sociedad Paraguaya de la Inteligencia Artificial (Sopaia).

“Lo que sí hemos coincidido es en la necesidad de priorizar el estudio y eventual aprobación del proyecto de Ley de Datos Personales, que ya cuenta con media sanción de Diputados y está en estudio en el Senado. Nos estaremos enfocando en eso, porque vemos muy importante contar primero con una legislación base para luego seguir avanzando en las demás propuestas”, explicó.

Asimismo, explicó que existen otros proyectos más relacionados a la materia de tecnología, como la propuesta de Ciberseguridad. “En este siguiente trimestre nos enfocaremos en poder organizar la agenda legislativa en todo lo que tenga que ver con desarrollo tecnológico, ciberseguridad, desarrollo, etcétera. De modo a poder construir legislaciones que sean provechosas para el ambiente, y lógicamente para el desarrollo tecnológico de nuestro país”, acotó.

El legislador explicó que la Ciberseguridad es un conjunto de diferentes cosas al mismo tiempo, ya que contar con una legislación que le permita al Estado paraguayo a través de sus organismos poder implementar medidas de ciberseguridad, por lo menos es uno de sus aspectos.

“En tanto, la información, la formación, o educación de todos los ciudadanos sobre todo lo que hay que hacer, o no, dentro del ámbito tecnológico, sean ésto el celular, la computadora u otro dispositivo, o todo lo que sea acceso a la tecnología en todas sus variables es también muy importante. La gran mayoría de las filtraciones de datos es por un error humano, no siempre por un hackeo o vulneración de un sistema”, explicó.

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