El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) inició su agenda de trabajo en Paraguay con una reunión con autoridades y representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.

La visita se enmarca en las visitas periódicas programadas y en las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005. Es la tercera vez que visita el país después de 16 años, de la última vez que fue en el 2010.

Esta visita se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre y durante los próximos días, los integrantes del Subcomité seguirán manteniendo reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.

En virtud del Protocolo Facultativo, el SPT tiene como fin hacer seguimiento del estado de los lugares que se encuentren bajo su normativa a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran.

La verificación de los centros de reclusión se realizará con el objetivo de constatar el estado de las cárceles y otros lugares de detención y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la última visita de 2010.

De acuerdo al comunicado, el SPT señaló que retorna al país con el objetivo de “evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura” y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.

Además, la delegación mantendrán reuniones con las autoridades paraguayas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.

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El ministro de Economía, Óscar Lovera, defendió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que ahora está bajo estudio del Congreso. Explicó que el 98 % del presupuesto institucional se destina al cumplimiento de las obligaciones del Estado y al servicio de la deuda pública, principalmente para cubrir jubilaciones, transferencias y compromisos financieros.

En el marco de las audiencias informativas de la Comisión Bicameral, presidida por la diputada Cristina Villalba, el alto funcionario junto a los legisladores miembros de esta mesa de trabajo evaluaron el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2027. El ministro Lovera confirmó que la propuesta presupuestaria asciende a G. 166.322.078.980.116.

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Así también, sobre los gastos operativos, que representan el 2 % del total, señaló que se priorizan el capital humano y la tecnología, con el propósito de optimizar los demás gastos de funcionamiento. Asimismo, destacó el fortalecimiento del equipo técnico del Ministerio mediante la incorporación de profesionales calificados, con criterios de paridad de género y vocación de servicio público.

El ministro también se refirió al impacto de la caída del dólar en los ingresos aduaneros y la recaudación tributaria. Al respecto, indicó que el crecimiento de la recaudación llegó al 2,3 % hasta septiembre, por debajo del 8 % previsto inicialmente.

Ante este escenario, anunció que el equipo económico convocará a representantes de diez gremios para analizar los efectos de la variación del tipo de cambio.

Por otra parte, informó que el proyecto de presupuesto contempla un incremento del 20 % en las transferencias destinadas a jubilaciones, debido a la actualización vinculada al salario mínimo y a las solicitudes de jubilación presentadas.

Durante el intercambio, el senador Ignacio Iramain sostuvo que la gestión de un ministerio no debe evaluarse únicamente por su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras, sino también por los resultados obtenidos con el uso de los recursos públicos.

Si bien, Iramain valoró el cumplimiento de los compromisos del Estado, advirtió sobre la necesidad de prestar atención al desequilibrio entre los ingresos y los egresos.

En tanto, que la senadora Celeste Amarilla solicitó información detallada sobre la composición de la deuda pública, en particular, la identidad de los acreedores y los montos adeudados a cada uno. En ese sentido, sostuvo que estos datos deben estar disponibles para la ciudadanía, en cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.

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Paraguay deberá impulsar nuevas fuentes de generación para responder al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, puesto que el superávit energético del que gozó durante décadas tiene fecha de expiración. “Ya no existe ninguna posibilidad de que en el futuro tengamos esa abundancia tremenda que estamos teniendo todavía ahora”, advirtió el ingeniero Ángel Recalde, presidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), este viernes, en el programa “Así son las cosas” de Universo 970 AM y GEN-Nación Media.

Durante la entrevista, Recalde expuso los ejes de un informe técnico que evalúa las alternativas para garantizar el abastecimiento futuro del país. El estudio contempla proyectos hidroeléctricos binacionales pendientes con Argentina, como Corpus e Itá Corá, así como la expansión de las infraestructuras existentes. Sobre Yacyretá, recordó: “Hay posibilidad de llegar hasta 30 máquinas con algunas condiciones”, mientras que en Itaipú se analiza instalar dos unidades adicionales y optimizar la potencia de los generadores actuales.

En lo relativo a los cauces internos, la investigación identificó cerca de 1.700 ubicaciones potenciales para pequeñas y medianas centrales, aunque la cifra se reduce a unas 22 localizaciones si se fija una capacidad mínima de 5 megavatios. Estos emprendimientos podrían sumar cerca de 400 megavatios en conjunto, pero su concreción enfrenta complejos desafíos. A modo de ejemplo, el especialista citó el caso del río Monday, donde “la zona a inundar sería realmente de muy alto costo” e implicaría un impacto ambiental discutible.

El nivel del río Paraná en la estación del Puente de la Amistad se mantiene estable tras varios días de intensas precipitaciones en el área de influencia de la Binacional. Según los registros oficiales, el cauce se sitúa en torno a los 121 metros sobre el nivel del mar, operando bajo un escenario de inundaciones moderadas que afectan a zonas ribereñas.

A partir del sábado se espera un leve descenso en el caudal, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Especial de Crecidas (CEC). No obstante, los pronósticos meteorológicos advierten sobre nuevas lluvias a mediados de la próxima semana, cuya intensidad podría alterar esta tendencia.

En consecuencia, las autoridades técnicas destacaron la necesidad de evaluar el impacto de las próximas precipitaciones antes de confirmar una bajante sostenida. Por este motivo, se solicita a los pobladores de los sectores vulnerables mantenerse en alerta y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.

De acuerdo al último informe del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME), solo en el mes de septiembre, los envíos totalizaron USD 139 millones. La estructura exportadora se concentra principalmente en cuatro rubros: autopartes, confecciones, bebidas y líquidos alcohólicos, y manufacturas de aluminio, que en conjunto representaron el 69% de los envíos acumulados. También se destacan los productos químico-farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, y productos alimenticios, entre otros bienes industriales.

Los países del Mercosur recibieron el 74% de las exportaciones registradas hasta septiembre. Dentro del bloque, Brasil y Argentina se destacan como mercados de destino para los productos elaborados en Paraguay bajo este régimen.

La concentración de los envíos en el mercado regional refleja la participación de la industria maquiladora paraguaya en las cadenas de producción y comercialización del bloque, particularmente en sectores manufactureros con presencia en mercados externos.

La construcción del Puente de la Bioceánica, que conectará Carmelo Peralta (Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil), ingresa en su etapa de culminación con intensas tareas de terminación y ajuste estructural en ambas márgenes del río Paraguay. Financiada con fondos de Itaipú Binacional y ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la obra representa el eslabón fundamental para dinamizar el comercio y la logística del Chaco paraguayo.

En el sector brasileño, las cuadrillas operativas trabajan en la instalación de plataformas para el retensado de los tirantes que sostienen el tablero, la colocación de un tubo telescópico en la pila P14 y la inyección de lechada en las vainas de postensado del vano central. Estas maniobras de alta precisión técnica buscan garantizar la máxima protección y estabilidad de los elementos de acero que soportan la estructura.

Por su parte, en el margen paraguayo se avanza en la construcción de cordones de hormigón a lo largo del tramo lateral, el montaje de estructuras auxiliares de calibración para los cables de sostenimiento y la canalización de electroductos bajo la ciclovía del viaducto de acceso. Asimismo, en los mástiles del tramo 3 se realiza el desmontaje de andamios y la hincada de pilotes para las barandas peatonales de la rampa de acceso.

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que desde el próximo 17 de noviembre desembolsará alrededor de G. 430.000 millones para el pago del beneficio adicional anual destinado a sus jubilados y pensionados. La gerente financiera y administrativa de la previsional, Gladys Vera, detalló que el abono se acreditará de manera conjunta con los haberes correspondientes al mes de noviembre.

Respecto al origen de las altas sumas requeridas, la funcionaria aclaró que la cobertura financiera del aguinaldo proviene exclusivamente de las rentas e intereses generados por las inversiones del fondo de jubilaciones, por lo que no se emplean los aportes obrero-patronales habituales para este rubro. El monto global experimentó un leve incremento respecto al ejercicio anterior debido a la incorporación continua de nuevos beneficiarios al sistema.

Con miras a sostener la previsibilidad de este compromiso a largo plazo, el Consejo de Administración evalúa diversas alternativas técnicas para blindar la continuidad del pago. Entre las herramientas en análisis resalta la posibilidad de fijar un aporte adicional específico para los trabajadores activos, cuyo margen se situaría entre el 2 % y el 5 %.

Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.

Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.

La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.

La jueza penal contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía pospuso para el 14 de diciembre la audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el abogado Óscar Tuma y dos escribanas quienes están acusados por varios delitos.

Montanía alegó sobrecarga laboral para reprogramar la diligencia, en la que debía resolverse si la causa pasa o no a juicio oral y público. Tuma y demás están acusados por presuntos hechos de lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en una causa vinculada a la supuesta transferencia irregular de bienes que habrían buscado evitar su eventual comiso en el marco del caso “Pavo Real”.

Según la Fiscalía, Alexandre Rodrigues Gomes transfirió cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y ocho vehículos de su propiedad, mediante la presunta alteración de datos registrales. Con estas operaciones, habría evadido medidas cautelares dictadas en su contra y buscado impedir el eventual comiso especial de bienes provenientes de hechos de narcotráfico y asociación criminal.

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La investigación también atribuye responsabilidad a las dos escribanas que confeccionaron las escrituras de transferencia. Según los fiscales, habrían dejado constancias falsas sobre determinados hechos en los documentos, a solicitud de Rodrigues Gomes.

Con relación al abogado Óscar Tuma, la acusación sostiene que recibió mediante transferencia cuatro inmuebles individualizados como pago de honorarios profesionales. Para el Ministerio Público, el profesional del derecho habría actuado con conocimiento de que Rodrigues Gomes estaba inhibido y, por tanto, impedido de transferir sus propiedades.

La Fiscalía considera que estas operaciones habrían impedido que los inmuebles fueran incorporados a la nómina de bienes sujetos a decomiso por parte del Estado paraguayo.

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